Académicos y periodistas coinciden que el voto unánime para castigar con cárcel a quienes difundan una falsa información, por celular o redes sociales, u otro medio, es con el fin de atemorizar a los comunicadores y a los ciudadanos
Las modificaciones aprobadas por el Congreso de Tabasco al Código Penal, en donde una persona podrá ser encarcelada por difundir un “rumor” o una información que “genere caos”, puede ser el preámbulo para obstruir la libertad de expresión.
Académicos y periodistas coinciden que el voto unánime para castigar con cárcel a quienes difundan una falsa información, por celular o redes sociales, u otro medio, es con el fin de atemorizar a los comunicadores y a los ciudadanos que han encontrado en internet, la vía para manifestar sus desacuerdos o plantear sus criticas.
Alertaron que Tabasco, en lo inmediato, habrá de vivir un escenario semejante al de Veracruz, estado que encarceló a dos usuarios de redes sociales porque presuntamente generaron un caos ciudadano al publicar comentarios “alarmistas”.
Leobardo Marín, exbecario de la Fundación Prensa y Democracia y columnista de Tabasco, señala que el único fin al realizar las modificaciones al Código Penal del Estado es para “cuartar la libertad de expresión” y “controlar a los medios”
Marín, corresponsal de W Radio y un usuario de Twitter en donde le siguen mil 275 personas, lamenta que esta decisión de los diputados locales, misma que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial del Estado, no esté preocupando a los ciudadanos y sólo a algunos periodistas.
“Si algunos periodistas al estar limitados en sus medios, usan las redes sociales para opinar, ahora se busca atemorizarlos para que ya no escriban en las redes”, añade.
Para Hugo Macías Morales, maestro en Comunicación por la Ibero y columnista en el Heraldo de Tabasco, “más allá de evitar un caos ciudadano (con rumores), yo creo que se violentan las libertades de expresión y el ejercicio periodístico se ve cuartado”.
La preocupación es que si el gobierno local busca impedir que en redes sociales, como en cualquier otro medio, los ciudadanos publiquen mensajes falsos, esto también pueda afectar a los periodistas, que al redactar sus informaciones, emplean filtraciones o protegen a sus fuentes.
Gerardo Meléndez, experto en periodismo Político por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, explica que el poder juzgar un rumor no será nada fácil:
–¿Cómo establecemos los parámetros para juzgar el rumor? –se pregunta.
En su experiencia periodística, precisa, el rumor siempre es y ha sido una estrategia política y el rumor también se ha usado para cosas positivas.
“Cómo evaluar los efectos del rumor. Esta evaluación sería subjetiva. Un buen rumor en periodismo, es una gran noticia confirmada”, recuerda.
En Tabasco, un estado con más de 2 millones de habitantes y una tierra que está plagada de periódicos y revistas, este tema se ha discutido poco. Las modificaciones al Código Penal del Estado no ha generado el debate que se requiere.
Diarios como Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste le han dado una especial atención ante la gravedad de la problemática.
La verdad del Sureste tituló: Congreso tipifica como “delito” difundir rumores. Y Tabasco Hoy: Aprueban Ley contra rumor; cuartará libertades.
Nancy Cruz, editora de diarios digitales y analista de los efectos de la comunicación, sostiene que el poder político de Tabasco sólo tiene un propósito: Cerrar el camino de la libertad de expresión.
“La ineptitud de las autoridades es lo que genera la incertidumbre en el ciudadano, si las autoridades cumplieran su trabajo, y tuvieran un nivel de credibilidad ante los ciudadanos, nadie, absolutamente nadie, podría venir a propagar un rumor a través de ningún medio de comunicación”.
Cruz, egresada de la Licenciatura en Comunicación por la UJAT, lamenta que con estas medidas intimidatorias se busque opacar a la opinión pública.
“Yo nunca he visto que se castigue a un periódico de nota roja por difamar a un ciudadano a través de sus páginas”.
Asimismo, el periodista cultural, Juan López, afirma que estas modificaciones al Código Penal debieron ser en otro sentido:
“Pero del notarojismo y del sexoservicio descarado de algunos medios, no se dijo nada”. Esto porque en Tabasco circulan un par de diarios de Nota Roja en donde se publican constantemente fotografías de muertos y se incluye entre sus páginas anuncios de tipo sexual.
Sobre el tema, José Dolores Espinoza, diputado que impulsó la reforma, aclara que se tendrá un equipo especial para detectar a quienes intenten generar pánico entre los ciudadanos, sobre todo a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.
“En su momento se va a definir cuál es la forma en que se va a detectar en redes sociales”, agregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia.
En la prensa local, Joel Alberto García, un experto en leyes, cuestiona esta reforma y asegura que en el fondo se pretende frenar la libertad de expresión en redes sociales bajo el argumento que se tiene que detener “la rumorología”.
Desde que inició el año, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, anunció que controlaría “la rumorología” y esto ya comenzó con la iniciativa que envió al poder Legislativo, según da cuenta el sitio web del Congreso de Tabasco.
El gobernador Granier, en la exposición de motivos leída en el Congreso, rechaza que su iniciativa “de ninguna manera vulnera la garantía de libertad de expresión”, porque los ciudadanos que viven en el estado tienen “el inalienable derecho de manifestar libremente sus ideas sin temor a represión alguna”. Así lo transcribió el periodista Julio Pretelín en el diario La Verdad del Sureste.
Primero, con estas modificaciones al Código Penal, se pretendía castigar a los bromistas que hablaban a la policía local para denunciar delitos falsos, pero después se le agregó un castigo ejemplar a los propagadores del rumor. Incluso, desde el mes de mayo, el gobierno local lanzó una campaña de medio para frenar el rumor sobre falsos tiroteos, crímenes o secuestros.
Hasta 6 años de cárcel en Tabasco por “falsas alarmas” en redes sociales
“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, así quedó el artículo 312 bis del Código Penal del Estado.
En tanto, los periodistas críticos del gobierno local, temen que se vaya a desatar una cacería por los comentarios “incómodos” que escriben diariamente en las redes sociales.
El Congreso de Tabasco aprobó una ley que plantea castigar con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva, incluyendo redes sociales para dar aviso de alarma falsa que pueda provocar pánico y caos social.
Con el dictamen se adiciona el Artículo 312 bis al Código Penal del Estado, para tipificar las llamadas o avisos falsos, a los servicios de alarma o emergencia y el cual fue aprobado por unanimidad.
“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, dice textualmente el nuevo artículo.
La aprobación de esta ley se presenta el mismo día que un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.
El Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río
Los dos tuiteros fueron arrestados la semana pasada por la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) del gobierno del priista Javier Duarte acusados de actos terroristas por el gobierno y por “sembrar el pánico” entre ciudadanos de Veracruz, al asegurar que el crimen organizado atacaría escuelas, lo que provocó que fueran cerrados los centros de estudio.
Académicos y periodistas coinciden que el voto unánime para castigar con cárcel a quienes difundan una falsa información, por celular o redes sociales, u otro medio, es con el fin de atemorizar a los comunicadores y a los ciudadanos que han encontrado en internet, la vía para manifestar sus desacuerdos o plantear sus criticas.
Alertaron que Tabasco, en lo inmediato, habrá de vivir un escenario semejante al de Veracruz, estado que encarceló a dos usuarios de redes sociales porque presuntamente generaron un caos ciudadano al publicar comentarios “alarmistas”.
Leobardo Marín, exbecario de la Fundación Prensa y Democracia y columnista de Tabasco, señala que el único fin al realizar las modificaciones al Código Penal del Estado es para “cuartar la libertad de expresión” y “controlar a los medios”
Marín, corresponsal de W Radio y un usuario de Twitter en donde le siguen mil 275 personas, lamenta que esta decisión de los diputados locales, misma que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial del Estado, no esté preocupando a los ciudadanos y sólo a algunos periodistas.
“Si algunos periodistas al estar limitados en sus medios, usan las redes sociales para opinar, ahora se busca atemorizarlos para que ya no escriban en las redes”, añade.
Para Hugo Macías Morales, maestro en Comunicación por la Ibero y columnista en el Heraldo de Tabasco, “más allá de evitar un caos ciudadano (con rumores), yo creo que se violentan las libertades de expresión y el ejercicio periodístico se ve cuartado”.
La preocupación es que si el gobierno local busca impedir que en redes sociales, como en cualquier otro medio, los ciudadanos publiquen mensajes falsos, esto también pueda afectar a los periodistas, que al redactar sus informaciones, emplean filtraciones o protegen a sus fuentes.
Gerardo Meléndez, experto en periodismo Político por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, explica que el poder juzgar un rumor no será nada fácil:
–¿Cómo establecemos los parámetros para juzgar el rumor? –se pregunta.
En su experiencia periodística, precisa, el rumor siempre es y ha sido una estrategia política y el rumor también se ha usado para cosas positivas.
“Cómo evaluar los efectos del rumor. Esta evaluación sería subjetiva. Un buen rumor en periodismo, es una gran noticia confirmada”, recuerda.
En Tabasco, un estado con más de 2 millones de habitantes y una tierra que está plagada de periódicos y revistas, este tema se ha discutido poco. Las modificaciones al Código Penal del Estado no ha generado el debate que se requiere.
Diarios como Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste le han dado una especial atención ante la gravedad de la problemática.
La verdad del Sureste tituló: Congreso tipifica como “delito” difundir rumores. Y Tabasco Hoy: Aprueban Ley contra rumor; cuartará libertades.
Nancy Cruz, editora de diarios digitales y analista de los efectos de la comunicación, sostiene que el poder político de Tabasco sólo tiene un propósito: Cerrar el camino de la libertad de expresión.
“La ineptitud de las autoridades es lo que genera la incertidumbre en el ciudadano, si las autoridades cumplieran su trabajo, y tuvieran un nivel de credibilidad ante los ciudadanos, nadie, absolutamente nadie, podría venir a propagar un rumor a través de ningún medio de comunicación”.
Cruz, egresada de la Licenciatura en Comunicación por la UJAT, lamenta que con estas medidas intimidatorias se busque opacar a la opinión pública.
“Yo nunca he visto que se castigue a un periódico de nota roja por difamar a un ciudadano a través de sus páginas”.
Asimismo, el periodista cultural, Juan López, afirma que estas modificaciones al Código Penal debieron ser en otro sentido:
“Pero del notarojismo y del sexoservicio descarado de algunos medios, no se dijo nada”. Esto porque en Tabasco circulan un par de diarios de Nota Roja en donde se publican constantemente fotografías de muertos y se incluye entre sus páginas anuncios de tipo sexual.
Sobre el tema, José Dolores Espinoza, diputado que impulsó la reforma, aclara que se tendrá un equipo especial para detectar a quienes intenten generar pánico entre los ciudadanos, sobre todo a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.
“En su momento se va a definir cuál es la forma en que se va a detectar en redes sociales”, agregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia.
En la prensa local, Joel Alberto García, un experto en leyes, cuestiona esta reforma y asegura que en el fondo se pretende frenar la libertad de expresión en redes sociales bajo el argumento que se tiene que detener “la rumorología”.
Desde que inició el año, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, anunció que controlaría “la rumorología” y esto ya comenzó con la iniciativa que envió al poder Legislativo, según da cuenta el sitio web del Congreso de Tabasco.
El gobernador Granier, en la exposición de motivos leída en el Congreso, rechaza que su iniciativa “de ninguna manera vulnera la garantía de libertad de expresión”, porque los ciudadanos que viven en el estado tienen “el inalienable derecho de manifestar libremente sus ideas sin temor a represión alguna”. Así lo transcribió el periodista Julio Pretelín en el diario La Verdad del Sureste.
Primero, con estas modificaciones al Código Penal, se pretendía castigar a los bromistas que hablaban a la policía local para denunciar delitos falsos, pero después se le agregó un castigo ejemplar a los propagadores del rumor. Incluso, desde el mes de mayo, el gobierno local lanzó una campaña de medio para frenar el rumor sobre falsos tiroteos, crímenes o secuestros.
Hasta 6 años de cárcel en Tabasco por “falsas alarmas” en redes sociales
“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, así quedó el artículo 312 bis del Código Penal del Estado.
En tanto, los periodistas críticos del gobierno local, temen que se vaya a desatar una cacería por los comentarios “incómodos” que escriben diariamente en las redes sociales.
El Congreso de Tabasco aprobó una ley que plantea castigar con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva, incluyendo redes sociales para dar aviso de alarma falsa que pueda provocar pánico y caos social.
Con el dictamen se adiciona el Artículo 312 bis al Código Penal del Estado, para tipificar las llamadas o avisos falsos, a los servicios de alarma o emergencia y el cual fue aprobado por unanimidad.
“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, dice textualmente el nuevo artículo.
La aprobación de esta ley se presenta el mismo día que un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.
El Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río
Los dos tuiteros fueron arrestados la semana pasada por la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) del gobierno del priista Javier Duarte acusados de actos terroristas por el gobierno y por “sembrar el pánico” entre ciudadanos de Veracruz, al asegurar que el crimen organizado atacaría escuelas, lo que provocó que fueran cerrados los centros de estudio.