Evaluación de la plataforma electoral federal y programa de gobierno 2012-2018 de la Coalición Compromiso por México partidos, PRI y PVEM.
Total de palabras: 42,570
Conclusiones estructurales ADQAT©
- Argumento Principal: 7.5Planteamiento breve que pretende resumir la propuesta de la Coalición con términos positivos y ánimo de oportunidad, precedido de una introducción que describe lo negativo de la situación de México. Un inicio que delimita las líneas de acción principales a las que se recurre en el documento:“El objetivo político fundamental es la equidad y la mejor calidad de vida de los mexicanos. La visión del México que queremos construir para nuestros hijos es una sociedad equitativa, sustentada en el esfuerzo productivo y en un régimen democrático que funcione con eficacia.”Lógica de Argumentación 8.0Un documento que se ciñe al quid discursivo con una estructura adecuada. De forma clara y sencilla propone, explica y justifica los ejes de su propuesta a través de racionales y algunas opiniones de sus propuestas y estrategias. Pierde puntos por redundar u obviar los cómos más detallados, Aunque emite diversos factores causales, parece que el eje rector es la desigualdad y la pobreza, conceptos que retoma en diversos momentos.“El país se encuentra en una de las peores crisis que haya vivido en su historia. Uno de los problemas más graves es el incremento de la desigualdad y la pobreza que proviene del mediocre crecimiento económico que hemos tenido durante la última década”.Tono Emocional 7.5Tono serio, plantea escenarios de oportunidad y ventajas pero también formula críticas en forma de opinión o de racionales expresados como debilidades o amenazas para resaltar la falta de eficiencia del Estado y de sus instituciones. Dijo: “El país se encuentra en una de las peores crisis que haya vivido en su historia (...) México vive una coyuntura crítica en su proceso de desarrollo, con riesgos y oportunidades en prácticamente todos los actos de la vida social. El país atraviesa momentos de gran complejidad…”Las justificaciones racionales fortalecen su tono permitiéndole no llegar a un optimismo malogrado, por su contundencia. Un tono que recurre a la fuerza del estado como solución más que a una visión conjunta de la ciudadanía y estado: “El Estado es necesario para conducir la marcha de la economía y regular el mercado mediante reglas y políticas transparentes”.Soporte a la Argumentación 7.0Cifras, datos estadísticos en forma completa y suficiente y apegada al quid que dan pie a sus opiniones y sustentan sus racionales. Como por ejemplo: “El World Economic Forum (WEF) indica que México ha perdido competitividad internacional en los últimos años y ahora se ubica en el lugar 58 de un radar de 142 países. La administración tributaria es altamente ineficiente. Persisten la evasión y la elusión en gran escala, y la recaudación ha aumentado en sólo 1.5% del PIB." Sin embargo, los datos duros no están distribuidos de manera equilibrada a todos los ejes y dificultan el entendimiento de su relación con las acciones propuestas. Plantea un par de metas mesurables en porcentajes, pero ello no es lo que abunda en sus propuestas."Desarrollar un vigoroso programa de investigación y desarrollo tecnológico para la competitividad, el fomento de la producción nacional y el empleo, que alcance 1% del PIB, y que incluya la infraestructura para la investigación tecnológica"Cierre 4.0Cierre abrupto. Se concentra en la introducción de la plataforma lo que le resta puntos. Retoma lo presentado como ejes de su plataforma. Claro en intenciones pero ambiguo en las metas. "En resumen, la desigualdad social atraviesa, a lo largo y ancho del país, a nuestra sociedad y amenaza la gobernabilidad. El riesgo de nuestra débil democracia es no sólo su regresión, sino su propia viabilidad en el mediano plazo ante los profundos desequilibrios sociales y el estallido de la violencia que hoy carcome a nuestras instituciones."
Caracterización del Patrón Cognitivo del Pensamiento©
- Conclusiones de la Caracterización Cognitiva de las Frases del DiscursoHechos y DatosLa categoría menos empleada. Principalmente emitió Hechos y datos sin fuente.PercepciónOpinión y tintes de épica; baja tasa porcentual de palabras destinadas a esta categoría.Racional negativoDebilidades para hablar de las propuestas de sus opositores o del desempeño del gobierno actual.Racional positivoMás utilizados que los negativos, sobretodo en oportunidades para señalar la conveniencia coyuntural o temporal de sus propuestas y ventajas para posicionar la excelencia de su propuesta.PropuestaCategoría amplia en este caso, especialmente en cuanto a estrategia, con más de la mitad de las palabras del texto. Una propuesta que resalta es la de federalismo cooperativo.
Discurso Íntegro
CLAVE: Plataforma electoral federal y programa de gobierno 2012-2018 PRI
El PRI registra su platafoma de gobierno y programa de gobierno federal ante el IFE
ACTOR: Enrique Peña Nieto
FECHA: marzo 2012
DISCURSO:
ÍNDICE
06 I. INTRODUCCIÓN
11 II. DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA
24 III. CRECIMIENTO ECONÓMICO,
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
35 IV. DESARROLLO, EQUIDAD SOCIAL Y
EDUCACIÓN DE CALIDAD
45 V. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
55 VI. MÉXICO EN EL NUEVO CONTEXTO
INTERNACIONAL
63 VII. VERTIENTES ESTRATÉGICAS DE
POLÍTICA PÚBLICA
• Seguridad
• Justicia
• Transparencia y rendición de cuentas
• Federalismo fiscal
• Desarrollo económico
• Reforma hacendaria
• Empleo
• Empresas
• Turismo
• Sector energético
• Infraestructura
• Campo
• Desarrollo regional
• Sociedad del conocimiento
• Educación
• Cultura
• Salud
• Seguridad social
• Deporte para una vida saludable
• Vivienda
• Combate a la pobreza
• Jóvenes
• Mujeres
• Migrantes
• Medio ambiente
• Agua
• Política exterior
INTRODUCCIÓN
México vive una coyuntura crítica en su proceso de desarrollo, con riesgos y oportunidades en prácticamente todos los actos de la vida social. El país atraviesa momentos de gran complejidad: cruciales en la determinación de su futuro. Como nunca, se conjugan el estancamiento de la economía; un alto nivel de desigualdad y pobreza de la población; el más profundo quebranto del Estado de derecho, la seguridad pública y la paz social, con un proceso de transición a la democracia inacabado y crisis de la vida institucional y de la gobernabilidad.
Los ciudadanos demandan el imperio de la legalidad y la justicia. Exigen buenos resultados del gobierno, la vigencia de las garantías más elementales de respeto a la vida y a la dignidad humanas, y el pleno ejercicio de las libertades y los derechos de las personas. Los mexicanos reclaman certeza y claridad en el rumbo de la nación.
Nuestro principal desafío para lograr la edificación de un país justo y progresar es superar la grave desigualdad social y la pobreza en que se encuentra más de la mitad de la población mexicana. La iniquidad y la miseria son el mayor lastre para nuestro desarrollo y constituyen una enorme deuda social de nuestra democracia.
La tranquilidad de la gran mayoría de mexicanos ha sido afectada por la violencia y los efectos de la delincuencia organizada y la guerra contra el narcotráfico. La falta de funcionalidad de muchas de nuestras instituciones de gobierno ha complicado el proceso de toma de decisiones.
El objetivo político fundamental es la equidad y la me¬jor calidad de vida de los mexicanos. La visión del México que queremos construir para nuestros hijos es una sociedad equitativa, sustentada en el esfuerzo productivo y en un régimen democrático que funcione con eficacia.
Superar las desigualdades sociales y construir una nueva sociedad implica crear las bases materiales para generar riqueza, organizar una economía moderna, sustentada en el dinamismo del mercado interno y competitiva en el entorno mundial, así como alentar una mejor distribución del ingreso entre la población. Esto requiere a su vez acciones responsables de reforma política e institucional, con las cuales podamos superar la ya fracasada idea de que la libre acción del mercado es capaz de generar, por sí misma, los equilibrios necesarios para lograr el desarrollo económico del país.
Se debe asegurar la provisión de los servicios públicos, significativamente los ligados a la salud y la seguridad social, que requieren una administración eficiente y un adecuado financiamiento. Es fundamental un esfuerzo coordinado que permita pasar a una etapa más elevada de crecimiento, desarrollo, productividad y competitividad.
El Estado es necesario para conducir la marcha de la economía y regular el mercado mediante reglas y polí¬ticas transparentes que ofrezcan certidumbre a la socie¬dad. Por esto, es indispensable rediseñar el papel que debe desempeñar, fortalecer sus capacidades y asumir el
propósito de crecer, generar empleo y mejorar la distribución de la riqueza.
La única manera de emprender un proceso de cre¬cimiento alto y sostenido es con una nueva política de desarrollo económico que genere los empleos necesarios, aliente la productividad, genere incentivos para el uso racional de nuestros recursos y garantice un clima de certidumbre para la inversión y el trabajo.
Los recursos y elementos naturales son fundamenta¬les para la sobrevivencia del ser humano y su calidad de vida. No podrá existir crecimiento económico y social sin la protección del medio ambiente, de la vida silves¬tre y la atención puntual a las medidas de prevención y mitigación del cambio climático, por lo que la nueva es¬trategia de desarrollo debe ser auténticamente sostenible.
La nueva estrategia de desarrollo, que impulse el cre¬cimiento económico y asuma un compromiso con la equidad y el mayor bienestar de los mexicanos, requiere un esfuerzo permanente de gestión y consensos con las diferentes fuerzas políticas, un nuevo andamiaje institu¬cional y nuevas reglas que normen su funcionamiento. Y esto es una tarea eminentemente política. La política debe recuperar su capacidad transformadora para hacer de nuestra democracia el régimen político que aliente el progreso y la mejor calidad de vida de los mexicanos.
Es esencial contar con una visión y un modelo conceptual del tipo de Estado y sociedad que exige la coyuntura actual en el desarrollo de México en un mundo globalizado. Una Plataforma Electoral y un Programa de Gobierno deben estar basados en una visión que, recogiendo las opiniones, posiciones y propuestas de la sociedad, apunte hacia un mejor futuro.
El México de hoy exige una visión de futuro, una educación de calidad, servicios sociales eficientes y un Estado que promueva y garantice el bienestar de la población.
La educación es prioritaria y existe un amplio consenso sobre la necesidad de elevar su calidad. A partir de la últimas dos o tres décadas, por lo menos, las transforma¬ciones económicas, sociales y demográficas de México y el mundo han socavado las bases materiales del sistema educativo vigente, volviéndolo obsoleto o insuficiente en la práctica. La globalización, en sus vertientes laboral y cultural exige modificaciones a los esquemas de aprendizaje, docencia e incluso de organización educativa.
Los retos de cambio en el sistema de educación en México no son tarea fácil, tomando en cuenta que el sistema está compuesto por más de 30 millones de estu¬diantes distribuidos desde el nivel preescolar hasta pos¬grado, incluida la capacitación técnica para el trabajo, y que cuenta con aproximadamente 1.5 millones de do¬centes e investigadores.
Una reforma integral que atienda los problemas que se acumulan desde hace varias décadas, dentro y fuera del sistema educativo, no puede marginar a ninguna de las partes en el diseño de las propuestas de solución.
En estos días, en las principales instancias de estrategia y decisión de políticas públicas a nivel mundial, se re¬conoce que la educación y la capacitación son esenciales para el crecimiento y el desarrollo económico.
En palabras de la OCDE, la educación es esencial para “la calidad de vida, para la competitividad, el desarrollo del capital humano y el éxito de las sociedades en un entorno cada vez más competitivo”.
De todo ello, se desprende la necesidad de fortalecer al sistema educativo y, centralmente, a las escuelas.
Aspiramos a lograr un México compartido en las opor¬tunidades de vida digna, de educación de calidad promotora de cultura y de capacidades de ingreso y de bienestar;
y en el reconocimiento pleno de un país pluriétnico y pluricultural en el que la igualdad primordial sea la condición de todos como ciudadanos libres. Queremos una ciudadanía sustentada en la equidad; una sociedad con justicia social, como sistema de vida generador de igualdad de oportunidades, para que todos los mexicanos accedan al bienestar pleno y al ejercicio de sus capacidades en favor de un desarrollo sostenible y compartido.
En 2012, los mexicanos acudiremos a las urnas para renovar al titular del Ejecutivo Federal y a los integrantes del Congreso de la Unión, en una jornada que será decisiva para configurar un nuevo gobierno y darle a México el rumbo que queremos.
La contienda electoral debe ser, antes que nada, un ejercicio de diálogo y de debate público sobre los graves problemas que hoy enfrenta el país y los caminos que debemos recorrer para solucionarlos, para dar paso a la edificación de la nación a la cual todos aspiramos para las próximas décadas. El valor de la convocatoria que hagamos los partidos deberá respaldarse con ideas y propuestas para superar rezagos y enfrentar nuevos retos.
Los ejes fundamentales de la Plataforma Electoral son:
• Democracia, seguridad y justicia
• Crecimiento económico, competitividad y empleo
• Desarrollo, equidad social y educación de calidad
• Medio ambiente y desarrollo sostenible
• México en el nuevo contexto internacional
• Vertientes estratégicas de política pública
Como lo hemos señalado anteriormente, México vive una crisis sin precedentes que se manifiesta en la siguiente fotografía:
La incertidumbre es el signo de nuestro tiempo. Si no sabemos lo que está pasando, entonces no sabremos hacer lo que se debe.
Después de una larga liberalización política y de una alternancia histórica, México no ha podido consolidar el nuevo sistema político que responda a la nueva sociedad del siglo XXI; es la hora de concluir la transición política.
Nuestro reto y compromiso programático es dar certeza en la gobernabilidad con una sociedad abierta y plural. Reivindicamos la política y el Estado sobre el mercado ante la experiencia de la crisis del modelo neoliberal y la ineficiencia de las políticas públicas en los últimos años.
Tenemos una democracia de baja calidad; en América Latina, de acuerdo con Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia tiene un apoyo en promedio de 44%, en México apenas es de 23%.
En el último reporte del Banco Mundial, Governance Indicators, en el rubro “Estado de derecho”, donde se ana¬liza la confianza en las instituciones sociales y la calidad de ejecución de sus acciones, México obtuvo 42 puntos en el año 2000 y en 2008 la calificación fue de 30.
Nos encontramos hoy ante sociedad con miedo, donde la violencia, la inseguridad y la impunidad están to¬mando carta de naturalización; 50 mil ejecutados es el saldo de los últimos cinco años.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 98 del Índice de Percepción de Corrup¬ción 2010, de un total de 178 países.
La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 10 años en promedio ha sido de 1.9%.
El World Economic Forum (WEF) indica que México ha perdido competitividad internacional en los últimos años y ahora se ubica en el lugar 58 de un radar de 142 países.
La administración tributaria es altamente ineficiente. Persisten la evasión y la elusión en gran escala, y la recaudación ha aumentado en sólo 1.5% del PIB.
Del año 2002 a la fecha, la recaudación del ISR ha aumentado en 0.1% del PIB. Mientras tanto, los regí¬menes y tasas especiales tienen un costo para el país de 570 mil millones de pesos, equivalentes a 4% del PIB y a 40% del total de los ingresos tributarios.
El 35% de los ingresos públicos dependen del petró¬leo, y la deuda ha crecido en términos reales a una tasa media anual de 11.3% para llegar a 4 billones 327 mil millones de pesos, que equivalen a 33.1% del PIB.
El país tiene que importar alimentos para el consumo humano: en 2010 se importó 94.5% de la soya, el 74% del arroz, 42% del trigo y 25% de maíz.
De una Población Económicamente Activa (PEA) de 48.9 millones de mexicanos, sólo 15 millones tienen empleo formal; el resto no tiene más opciones que la economía informal, la emigración laboral o la delincuencia abierta o simulada.
La seguridad social es inexistente para 68.3 millones de personas, 23.2 millones tienen rezagos educativos y 18.5 millones no cuentan con los servicios básicos en las viviendas.
El sistema educativo es insuficiente y deficiente. México ocupa el último lugar entre los países de la OCDE y el lugar 48 de un total de 65 naciones en lectura, matemáticas y ciencias.
De cada 10 personas, cuatro de ellas, mayores de 15 años, padecen “rezago educativo”; 6 millones son analfabetas, 10 millones más no terminaron la primaria y 17 millones de jóvenes y adultos truncaron sus estudios en la secundaria.
El número de médicos por cada mil habitantes es el segundo más bajo de la OCDE y ocupamos el último lugar en número de camas de hospital por cada mil habitantes.
Según el último informe de CONEVAL, hay 52 millones de mexicanos en pobreza.
Los desequilibrios medioambientales y los efectos del calentamiento global en los últimos años en México han causado graves y múltiples daños, tanto en vidas humanas como en la naturaleza, infraestructura, patrimonio de las familias, en la economía regional y nacional, así como en las finanzas de los gobiernos.
El 95% de las aguas residuales no reciben un tratamiento adecuado, el país cuenta con la cuarta tasa de deforestación a nivel mundial, el 95% de los suelos están erosionados y existen identificados 297 sitios contaminados con residuos peligrosos.
México tiene una imagen debilitada en el exterior, no sólo por la violencia generalizada, sino por una errática y burda política exterior que ha abandonado los principios constitucionales, historia y tradiciones diplomáticas.
En resumen, la desigualdad social atraviesa, a lo largo y ancho del país, a nuestra sociedad y amenaza la gobernabilidad.
El riesgo de nuestra débil democracia es no sólo su regresión, sino su propia viabilidad en el mediano plazo ante los profundos desequilibrios sociales y el estallido de la violencia que hoy carcome a nuestras instituciones.
Nuestra preocupación y gran responsabilidad es revertir este estado de cosas en el país, dar un golpe de timón con el que la nación recupere el rumbo para que, en el corto y mediano plazo, demos respuestas concretas que permitan un combate frontal a la pobreza y a la desigualdad; que sea a través del desarrollo económico, con empleos formales y una mejor distribución de la riqueza nacional, como logremos no sólo la justicia social, sino poner a salvo la democracia, restaurar el Estado de derecho, darle sustentabilidad al crecimiento y recuperar nuestro prestigio y papel en el contexto internacional.
DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y JUSTICIA
La democracia es el sistema de vida por el que hemos optado los mexicanos. La Coalición reivindica sus aportaciones históricas y presentes a la construcción de la democracia y refrenda su compromiso de contribuir a consolidarla y mejorar su calidad en beneficio de la nación.
Durante la amplia consulta que llevamos a cabo, la percepción generalizada fue que vivimos una crisis sin precedente en materia de seguridad pública. Existe un profundo malestar social hacia la política y la falta de resultados del gobierno durante la última década. Clara¬mente se percibe que la confianza en las instituciones va a la baja y el desconcierto ciudadano es cada día mayor.
Para conseguir soluciones prontas, la sociedad y el gobierno debemos hacer un gran esfuerzo. Planteamos la necesidad de una reforma del régimen político que asegure la consolidación de una democracia de resultados y el fortalecimiento de las capacidades del Estado, para que éste recupere el papel estratégico que históricamente ha tenido en la construcción de la nación, en la rectoría del desarrollo y en la garantía de la seguridad pública y la vigencia de las leyes.
Estamos convencidos de que, si conservamos nuestras instituciones tal como están, las cosas permanecerán igual y el país continuará limitando su horizonte de desarrollo y seguirá fallando a la población al no proporcionar las condiciones mínimas de seguridad y bienestar. Más que depender de la voluntad de las personas, la Coalición propone que sean las instituciones quienes garanticen certeza en la gobernabilidad democrática y aseguren que el gobierno y la política sirvan a la economía y a la sociedad.
En la Coalición estamos convencidos de que debemos transitar de una democracia estrictamente electoral a una democracia participativa que dé más y mejores resultados. Con este propósito, proponemos consolidar una gobernabilidad democrática como forma de ejercicio de gobierno fundada en la ley, el respeto, la tolerancia y la disposición a colaborar con todos para construir una agenda común y establecer metas compartidas así como acuerdos en los que se trabaje conjuntamente hasta materializarlos.
Es nuestra convicción que la diversidad de ideologías y fuerzas partidistas es reflejo de una sociedad plural, viva y demandante, y que la pluralidad política es sinónimo de riqueza y no causa de desunión. La diversidad de ideas favorece un debate público que las instituciones deben ser capaces de representar y encauzar.
Proponemos consolidar un Estado representativo y de resultados, con gobiernos funcionales y modernos, a partir de los siguientes:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Consolidar un Estado que actúe sobre la base de amplios consensos
Vamos a propiciar los acuerdos y las decisiones que permitan al Estado disminuir las desigualdades sociales sobre la base de un crecimiento económico sostenido y con estabilidad. Se trata de construir acuerdos y consensos en beneficio del interés general y de evitar la parálisis que no permite el avance en los temas urgentes para la recuperación del rumbo del país.
Creemos en el fortalecimiento del Estado y la gobernabilidad democrática con base en la colaboración institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; la participación de la sociedad civil en las decisiones públicas, en su instrumentación y evaluación en un marco de transparencia, rendición de cuentas y acceso pleno a la información pública.
Con base en lo anterior habremos de convocar a los sectores sociales, económicos y políticos a un pacto social, con objetivos compartidos y de largo plazo, relativos a la necesidad de crecer con estabilidad y de asegurar una mayor igualdad en las oportunidades de bienestar social.
Fortalecimiento del federalismo y la cohesión nacional
Nuestro federalismo debe actualizarse y traducirse en el ejercicio pleno de la autonomía estatal y de la libertad de los municipios; un federalismo que reduzca las des¬igualdades y disparidades entre las regiones del país y promueva el desarrollo regional y la cohesión nacional, con base en una nueva distribución de responsabilidades, atribuciones y recursos.
México debe avanzar en el desarrollo político de los gobiernos locales; mejorar el sistema de frenos y contrapesos, preservar la pluralidad y mejorar los sistemas de transparencia y de rendición de cuentas en las entidades federativas.
Construir un gobierno funcional y moderno
Vamos a innovar el diseño institucional del gobierno y revitalizar nuestro sistema político, integrar la participación ciudadana en un gobierno abierto e impulsar la autonomía de órganos de Estado para fortalecer el equilibrio entre los poderes públicos y propiciar decisiones de largo plazo.
Con base en la modernización de la administración pública federal y un gobierno transparente que rinda cuentas, vamos a fortalecer la capacidad de dar resulta¬dos y mejorar la eficiencia gubernamental.
Un Estado que garantice la seguridad pública y un sistema imparcial y equitativo de impartición de justicia.
Vamos a consolidar las capacidades del Estado para atender estas dos prioridades inmediatas de la población: seguridad pública y funcionalidad del sistema de procuración e impartición de justicia.
Buscamos consolidar un Estado que mantenga y ejerza en forma eficaz el monopolio legítimo de la fuerza con base en fuerzas públicas profesionales, debidamente coordinadas y fuentes de inteligencia eficientes. Cuando las instituciones de impartición de justicia funcionan, éstas garantizan y promueven el cumplimiento del Estado de derecho, aseguran el ejercicio de las libertades y ofrecen condiciones de seguridad jurídica que son indispensables para el desarrollo económico y social.
¿CÓMO VAMOS A LOGRARLO?
Proponemos cumplir estos objetivos a partir de las siguientes líneas de acción:
Vamos a modernizar y dar funcionalidad al régimen político
Ante un régimen de gobierno que dificulta los acuerdos y la toma de decisiones con la agilidad y eficacia que demanda la ciudadanía, por lo que tiende a perder funcionalidad, la Coalición propone abordar tres cuestiones básicas para la gobernabilidad democrática: garantizar la formación de mayorías estables que faciliten la aprobación de la agenda de prioridades, ampliar los mecanismos de participación y representación ciudadana en el ejercicio del gobierno y fortalecer el equilibrio constitucional entre los poderes públicos y los órganos autónomos de Estado.
La competencia electoral y la convivencia en una institucionalidad estatal capaz de representar y procesar los intereses de la sociedad sólo se garantizan en un régimen democrático. Con el voto de la mayoría de los ciudadanos, la Coalición propone examinar los siguientes temas y llevar a cabo las reformas que
permitan traducir la voluntad de la mayoría en un gobierno que dé certeza a los ciudadanos:
1.- Contar con mayorías estables en el Poder Legislativo como condición necesaria y deseable para acceder a una democracia con resultados y consolidar un Estado que cumpla de manera efectiva con la gestión del gobierno. Existen caminos diversos que llevan al mismo objetivo.
• Uno podría ser la eliminación de la que ha resultado ser “cláusula de ingobernabilidad”, la cual, al limitar la sobre-representación del partido político que obtiene la mayoría en una elección al 8%, se ha convertido en un obstáculo para la formación de mayorías parlamentarias estables. En forma complementaria, podría revisarse la normatividad electoral relativa a la composición y magnitud de las cámaras del Congreso, garantizando siempre la pluralidad y el respeto a la representación de las minorías. En ese sentido, resulta pertinente valorar las propuestas de reducción del número de legisladores planteadas por distintos sectores de la sociedad; o alguna otra alternativa que, con el mismo propósito de garantizar eficacia, surja de su análisis.
• Planteamos que sea materia de discusión pública la formación de coaliciones de gobierno como un instrumento optativo del Ejecutivo Federal para crear mayorías estables sobre la base de una agenda de gobierno común.
2.- Con el propósito de fortalecer la legitimidad y la eficacia de las instituciones públicas y contribuir a que la ciudadanía se reconozca plenamente en ellas y modifique su percepción del ejercicio y la función de la autoridad pública, la Coalición plantea complementar la operación de la democracia representativa con los siguientes mecanismos de la democracia participativa:
• Las candidaturas independientes, para abrir los cauces de participación y representación de los ciudadanos en los órganos de gobierno, en forma independiente de los partidos políticos.
• Las iniciativas ciudadanas, para hacer posible la presentación directa de iniciativas legislativas de interés público por un grupo representativo de ciudadanos.
• La consulta popular, para reglamentar y llevar a la práctica este derecho constitucional y hacer posible la sanción ciudadana de temas de la agenda pública que son de interés general y causa de controversia.
• Sujetar la reelección de los legisladores y la revocación de mandato a un proceso de consulta popular que resuelva, en forma democrática y abierta, el debate público sobre las ventajas y desventajas de esta propuesta.
3.- Proponemos ampliar los equilibrios y contrapesos entre los poderes públicos con órganos autónomos de Estado que permitan adoptar políticas públicas de largo plazo, y no del gobierno en turno, y aseguren decisiones imparciales por parte de las entidades de regulación económica, entre otras.
Integremos la participación ciudadana en un gobierno abierto
La condición actual del proceso de democratización ha ocasionado que las demandas ciudadanas tengan cada vez más dificultad para encontrar causes de representación por las vías tradicionales de participación política. Nuestra sociedad es cada vez más diversa, pero también más exigente con los resultados de los gobiernos en to¬dos sus niveles.
Frente a la diversidad y complejidad de la sociedad, se requiere de un proceso de coordinación, concertación y equilibrio entre gobierno y sociedad, en el cual las tec¬nologías de la información y los métodos modernos de gestión pública sean los instrumentos idóneos para al¬canzar una sociedad más participativa y gobiernos más responsables.
Para la Coalición, los intereses de la ciudadanía deben ser considerados en todas las decisiones del gobierno. No es posible mantener el monopolio del Estado como gestor exclusivo y representante de los intereses generales cuando existen casi trece mil organizaciones ciudadanas en el país que generan credibilidad, confianza y vínculos de solidaridad para resolver problemas.
Para la Coalición el gran actor de la democracia es el ciudadano. Debemos mejorar y profundizar la relación del ciudadano con la política y con las instituciones públicas.
1.- La ciudadanía
Debemos reforzar la construcción de ciudadanía por medio de políticas que promuevan la libre participación ciudadana. La Coalición propone fortalecer al ciudadano a través de las siguientes propuestas:
• Reforzar los programas de enseñanza con valores democráticos.
• Ampliar formas de participación de la sociedad en los asuntos públicos.
• Con apoyo de las tecnologías de la información ampliar los canales y medios donde los ciudada¬nos canalicen sus gestiones ante las autoridades.
2.- La sociedad civil
Para la Coalición es prioritario revisar y reforzar los instrumentos de vinculación entre el gobierno y las or¬ganizaciones de la sociedad civil; planteamos impulsar la participación de la sociedad civil organizada en la gestión de los asuntos públicos, a partir de las siguientes propuestas:
• Impulsar la Ley de Participación Ciudadana Efectiva que permita abrir los espacios institucionales para que los ciudadanos intervengan y tomen las decisiones que nos competen a todos.
• Legislar para crear las contralorías sociales, en todos los organismos y entidades que manejen recursos públicos.
• Promover medios de consulta a la ciudadanía para tomar en cuenta su posición en el análisis y ejecución de temas transcendentales.
• Incorporar la participación social en la planea¬ción, operación, vigilancia y evaluación de planes y programas de gobierno, así como en el diseño de políticas públicas.
• Asegurar el funcionamiento de una Unidad de Seguimiento y Participación Ciudadana, en cada oficina pública federal, para supervisar el trámite de las solicitudes ciudadanas y hacer del conoci¬miento del Ejecutivo Federal los casos de incum¬plimiento y sanción.
Consolidemos el federalismo
Aunque formalmente nuestro país tiene una estructura política y administrativa basada en el sistema federal, no cabe duda de que persisten pendientes, porque dicha organización se ha caracterizado por un alto grado de centralización.
Nuestro federalismo debe actualizarse, traducirse en el ejercicio pleno de la autonomía estatal y de la libertad de los municipios; un federalismo que sustente una nueva distribución de responsabilidades, atribuciones, capacidad de decisión y recursos.
La meta es instaurar un federalismo cooperativo y ha¬cendario que establezca un modelo de relaciones intergubernamentales; se traduzca en un proceso de desarrollo regional dinámico y más equitativo; eleve la competitividad, la generación de empleo y la cohesión de la nación; y garantice el ejercicio pleno de la soberanía de las entidades federativas y los municipios.
El federalismo al que aspiramos debe abarcar temas fundamentales como la redistribución de competencias y el equilibrio en el reparto de los recursos financieros, la composición de autoridades locales y la modernización administrativa.
Es imprescindible revisar las relaciones entre los órdenes de gobierno para una mejor redistribución del poder político y dar plena vigencia al federalismo.
Vamos a consolidar el esquema cooperativo de nuestro sistema federal a partir de una depuración y armonización del sistema federal de competencias federales, estatales y municipales inscritas en el marco normativo para cumplir con el propósito de que las administraciones públicas, efectivamente, sirvan al ciudadano y fomenten el desarrollo y la cohesión de la nación.
Proponemos revisar las atribuciones exclusivas de cada ámbito de gobierno, así como determinar las que serán concurrentes y las coincidentes, y dejar para los estados las facultades residuales toda vez que originalmente, antes de que suscribieran el pacto federal, todas fueran suyas.
Proponemos revisar los procesos de descentralización en materia educativa y de servicios de salud, así como atender las zonas conurbadas y las metrópolis que resultan estratégicas para el desarrollo urbano, la competitividad y la calidad de vida de la población.
Debemos reducir los márgenes de centralización y dis¬crecionalidad federal de los recursos públicos, a partir de la revisión del sistema de coordinación fiscal y los mecanismos de distribución de participaciones y de aportaciones de recursos fiscales a las entidades federativas.
El federalismo cooperativo que proponemos implica:
• Fomentar la descentralización política, econó¬mica, social y cultural hacia los municipios, para impedir que queden rezagados en el desarrollo nacional.
• Promover reformas y adiciones a la ley para fortalecer formas de organización política y administración municipal para que presidencias auxiliares, agencias y delegaciones tengan pleno reconocimiento jurídico como autoridades locales.
• Construir mecanismos para que las autoridades locales logren y mantengan equilibrios reales. Que funcionen con mayor claridad los sistemas de contrapesos de los poderes locales.
• Verificar los procesos de descentralización de la educación y los servicios de salud, para hacer las modificaciones pertinentes que permitan prestar con mayor calidad y cobertura los servicios públicos.
• Revisar el sistema de operación de las delega¬ciones federales, crear sistemas que permitan el ahorro de recursos y sistematizar la actuación del gobierno federal en las entidades.
• Construir una red de soporte administrativo y capacitación para los municipios más rezagados y con menor desarrollo político del país.
• Incrementar la participación de las entidades federativas y el Congreso en la planeación del desarrollo nacional a través de mayor incidencia en la formulación del Plan Nacional de De¬sarrollo.
• Promover reformas y adiciones para establecer en el marco jurídico las facultades exclusivas de las entidades federativas así como las coincidentes y concurrentes.
Hagamos cambios útiles y funcionales en la estructura de la administración pública federal
La consolidación de un Estado responsable y funcional depende de la calidad de la gestión pública y la capacidad para diseñar, instrumentar y evaluar las políticas y programas públicos, con base en la adopción de métodos modernos y eficaces de administración pública y la formación de capacidades de los servidores públicos.
En la Coalición reconocemos el trabajo, esfuerzo, ex¬periencia y dedicación del servicio público.
Por ello, estamos comprometidos con el combate a la corrupción y a la ineficiencia; prácticas que deben ser castigadas, en su caso, y eliminadas de las instituciones gubernamentales.
Impulsaremos un servicio público eficiente, respon¬sable, profesional, transparente y libre de corrupción, porque la administración pública debe ser el instrumento fundamental del ejercicio de gobierno, cuya eficacia, disciplina y honradez son fuente de legitimación de la autoridad.
Pretendemos que México cuente con instituciones sólidas y prestigiadas, poderes públicos que actúen con autonomía, pero en armónica comunicación cotidiana, y que propicien la confianza en cada uno de ellos, para que de acuerdo con los cambios que ha experimentado nuestra nación, la función pública se desarrolle con armonía y con una visión de largo aliento; por eso proponemos:
1.- Mejoras en la administración pública
• Impulsar una reforma de la administración pública orientada a la excelencia en el servicio público y basada en la incorporación de las tecnologías y métodos modernos de gestión pública.
• Establecer una red nacional de ventanillas únicas para facilitar la instalación, operación y desarrollo del las micro, medianas y grandes empresas.
• Crear un sistema de atención ciudadana eficiente que garantice una respuesta inmediata a los ciudadanos.
• Promover un gobierno digital incorporando el desarrollo tecnológico en las tareas públicas, con la automatización de procesos y la prestación de servicios públicos por medios electrónicos acce¬sibles, para que los trámites, autorizaciones y pa¬gos se realicen mediante páginas electrónicas, con resguardo de los datos personales y la seguridad cibernética.
• Impulsar la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites y servicios en el sector público.
• Apoyar una gestión pública eficiente cuya opera¬ción responda a los cambios y exigencias sociales y económicas, con base en la optimización del uso de los recursos públicos.
• Presentar una nueva Ley de la Administración Pública y modificar la Constitución para incluir una forma moderna de organización del aparato burocrático.
2.- Servicio público de carrera
• Incorporar en la administración pública a mandos ejecutivos de alto nivel, competentes y com¬prometidos con la eficiencia gubernamental, la transparencia y la ética de servicio público.
• Impulsar la profesionalización de los servidores públicos para aprovechar y ampliar su experien¬cia y garantizar una instrumentación eficaz de los programas gubernamentales.
• Impulsar el servicio profesional de carrera para otorgar oportunidades profesionales a los funcio¬narios en condiciones de igualdad y transparen¬cia, en atención a sus méritos académicos y de preparación técnica.
3.- Combate a la corrupción
• Combatir la corrupción en el servicio público, privilegiando las acciones preventivas a las co¬rrectivas y disminuyendo la discrecionalidad con sistemas de auditoría eficaces.
• Promover la actualización del marco jurídico que regula los procesos de programación, pre¬supuesto, planeación y control, a fin de que estas actividades se construyan con un horizonte de largo plazo.
• Adoptar un enfoque de calidad e innovación en los procesos gubernamentales, incorporando las mejores prácticas de gobierno.
• Actualizar y publicar los mecanismos de evaluación de la gestión pública, así como sus resultados.
• Proponer la vigencia de una nueva Ley de Res¬ponsabilidades de los Servidores Públicos para combatir la corrupción y la discrecionalidad ad¬ministrativa, con normas de conducta que preci¬sen los tipos de faltas, delitos y sanciones en que pueden incurrir los servidores públicos.
Un gobierno transparente que rinda cuentas
La transparencia y rendición de cuentas son principios básicos del Estado de derecho y el régimen democrático. Sin información pública, los ciudadanos no pueden valorar objetivamente la gestión de sus gobernantes y los gobiernos no pueden obtener información completa sobre las demandas y exigencias de la ciudadanía.
Una sociedad democrática y funcional se construye con el debate público e informado. El gobierno tiene el deber de socializar la información pública, mejorar su calidad y propiciar las bases de veracidad para la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas de los asuntos públicos. Para lograrlo, es indispensable garantizar el acceso a la información de la ciudadanía, para que sean informados no sólo del ejercicio de los recursos, sino también para conocer las causas de la toma de las decisiones y la integración de proyectos gubernamentales, así como sus resultados.
En México el proceso para adoptar una cultura de transparencia y rendición de cuentas ha sido lento, y en muchos casos simulado, privilegiando más la estadística que la calidad y oportunidad informativa. Estamos convencidos de que es nuestra responsabilidad la tarea permanente de construir mecanismos más eficientes para que los ciudadanos sean cada vez más partícipes de los procesos de control, fiscalización y de seguimiento del gasto público. Proponemos encabezar un gobierno con cero tolerancia a la corrupción, que rinda cuentas a la sociedad con transparencia, que cumpla con su mandato, y que cueste menos a los contribuyentes.
1.- Otorgaremos mayores atribuciones para el Instituto Federal de Acceso a la Información a efecto de que en un marco de autonomía tenga facultades para:
• Vigilar el cumplimiento y resolver sobre posibles negativas de acceso a la información de los pode¬res Legislativo y Judicial.
• Imponer sanciones por incumplimiento a sus re¬soluciones.
• Ordenar a los sujetos obligados a que generen in¬formación en el caso de que sea declarada previa¬mente como inexistente, siempre que esto guarde relación con sus mandatos legales.
• Alertar a la ASF sobre las áreas de opacidad que de¬tecte por negación, presentación incompleta o de¬claración de inexistencia de la información pública.
2.- Fortaleceremos las áreas de información del Poder Eje¬cutivo, Legislativo y Judicial, capacitando a las personas encargadas de éstas para establecer el dominio público de la información que está en manos del Estado, así como los medios legales para responder en tiempo y forma a las peticiones de la ciudadanía.
3.- Revisaremos el marco jurídico del sistema de com¬pras, adquisiciones y obras públicas, flexibilizando y transparentando las normas para las adquisiciones y contrataciones del sector público.
4.- Reformaremos el marco jurídico aplicable al sistema de mejora regulatoria para modificar el mandato, el al¬cance y los instrumentos de la Comisión Federal de Me¬jora Regulatoria y de las comisiones estatales respectivas, a fin de lograr una auténtica desregulación de normas y trámites al interior de la administración pública sobre la base de la autonomía de estos órganos de Estado.
5.- Facultaremos el ejercicio y la efectividad del servicio público, y elevaremos las sanciones y los castigos por la comisión de actos ilícitos.
6.- Estableceremos un sistema de rendición de cuentas que combata la corrupción, evite la impunidad y pro¬mueva la transparencia de las instituciones de gobierno, involucrando a la sociedad.
7.- Impulsaremos un sistema nacional de fiscalización, con la finalidad de establecer parámetros uniformes en el sistema de rendición de cuentas, en lo relativo al gasto público federal.
8.- Aprovecharemos el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar las vías de acceso a la información pública, con base en sus capaci¬dades y cualidades.
Logremos la protección efectiva de los mexicanos y garanticemos la seguridad pública
La seguridad pública es para los ciudadanos uno de los temas más sensibles y de los que mejores resultados es¬peran. Sólo mediante el accionar de un Estado fuerte y resuelto a cumplir de manera efectiva sus funciones se lograrán cambios sustanciales. Tenemos claro que recu¬perar la seguridad pública requiere una visión de largo alcance, es decir, considerar que los esfuerzos en ese ru¬bro trascienden los cambios de gobierno, y deben partir de una concepción integral.
Las formas del delito han cambiado con el paso del tiempo y han aumentado las manifestaciones de violencia en nuestro país, por lo que en materia de seguridad requerimos soluciones distintas y complementarias a las que se han aplicado hasta hoy.
Frente al desafío que representa la inseguridad pú¬blica y la violencia para la integridad del Estado, de las personas y de su patrimonio, así como la amenaza a la seguridad nacional que significan las actividades del cri¬men organizado transnacional, proponemos la imple¬mentación de una estrategia integral, multidimensional y con visión de largo plazo, que tenga la dimensión de una política de Estado compartida por los tres niveles de gobierno y los sectores sociales, productivos y políticos, que se vincule directamente con la instrumentación de la reforma al sistema de impartición de justicia.
Reconocemos por igual que tenemos una endeble cul¬tura de la legalidad que es urgente revertir, porque ello genera corrupción, irresponsabilidad, desconfianza en las instituciones y, por supuesto, conductas delictivas e impunidad. También señalamos el deterioro acumulado en las instituciones responsables de la seguridad pública, lo cual se manifiesta en los niveles de corrupción e impunidad, así como en la desconfianza ciudadana.
Es necesario adoptar una política de Estado y desa¬rrollar una estrategia transversal, que ponga prioridad en la prevención, aliente y facilite la participación social, y tenga un enfoque y visión regional a nivel internacional; que sea integral e involucre todo el proceso con mayor equilibrio entre sus fases, poniendo énfasis especial en la de investigación de los delitos, y reforzando el estado de fuerza para la detención eficaz con inteligencia para que las evidencias prevalezcan, así como robusteciendo el desempeño de los servidores públicos del Ejecutivo durante el litigio ante los jueces.
Consideramos prioritario integrar una estrategia que incluya:
1.- Fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria para atender los factores de la delincuencia y no sólo sus consecuencias.
2.- Preservar la vida y la integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, así como disminuir la violencia y elevar la eficacia con la que se combate al crimen organizado.
3.- Aplicar una estrategia que tenga como soporte el res¬peto a los derechos humanos.
4.- Mejorar la estructura y funcionamiento de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia.
5.- Asegurar que la actuación del Ministerio Público sea ajena a todo tipo de criterios que no sean de orden téc¬nico jurídico, evitando la injerencia del titular del Poder Ejecutivo en la investigación y determinación de su competencia.
6.- Fortalecer institucionalmente a los cuerpos de seguridad con nuevas tecnologías y equipamiento policial, así como privilegiar las acciones de inteligencia y estrategia en su accionar.
7.- Crear un centro de inteligencia único que concentre, sistematice y ofrezca a las autoridades competentes toda la información necesaria para la efectiva lucha contra el crimen organizado.
8.- Crear órganos de procuración de justicia y de policía especializados en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas.
9.- Alentar la participación de la sociedad en todas las acciones orientadas a la seguridad pública y a recuperar la paz social.
10.- Valorar la propuesta de establecer mecanismos de auditoría ciudadana que coadyuven a mejorar los programas de seguridad pública y procuración de justicia.
Asimismo, nuestra propuesta incluye trabajar en los siguientes tres rubros:
Seguridad Nacional
La condición actual del país nos obliga a fortalecer nuestros esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de la nación. Estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado, y por ello tomaremos las siguientes medidas:
• Apoyar la reglamentación de la reforma constitu¬cional en materia de derechos humanos y, de ma¬nera específica, la del artículo 29 constitucional.
• Fortalecer la cooperación entre países, con objeto de frenar el contrabando de armas, municiones y dinero.
• Impulsar un programa de cooperación internacional para combatir la corrupción en las aduanas del país.
• Afianzar el control de las fronteras norte y sur, tanto en el aspecto de tránsito de personas como el de mercancías, para impedir las actividades del crimen organizado.
Mejores condiciones para las fuerzas policíacas
La dignidad en el actuar de nuestros cuerpos policiales es condición para la mejora en su efectividad. Sabemos de las carencias con las que se enfrentan en el cumplimiento de sus actividades, por ello proponemos:
• Impulsar la profesionalización, la capacitación continua y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los cuerpos policíacos en los tres niveles de gobierno, de acuerdo con las funciones específicas que les corresponden.
• Combatir la corrupción, la complicidad y la im¬punidad en todos los órganos responsables de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia.
• Actualizar el registro de servidores públicos en el rubro de seguridad pública, para que considere su desempeño y formación profesional como requisito para ingresos, reingresos, ascensos y permanencia en el cargo, con el objeto de depurar los cuerpos policiacos en los ámbitos federal, estatal y municipal.
• Crear un perfil de ingreso y permanencia en los cuerpos de policía para todos los niveles y pro¬mover la instauración de controles de confianza.
• Promover la deliberación legislativa federal en torno al modelo de policía única.
• Impulsar el sistema de carrera policial basado en principios de selección, capacitación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño y retiro digno.
Acciones de seguridad pública
Buscaremos esquemas que cierren el paso a la actividad delictiva y que fortalezcan la actuación de los cuerpos encargados de combatirla. Tomaremos acciones en los siguientes campos:
• Consolidar el Programa Nacional de Prevención del Delito como un eje estratégico de la lucha anticrimen.
• Combatir los circuitos financieros del dinero de origen ilegal con una mayor actividad de las ins¬tancias hacendarias e instrumentos de coopera¬ción internacional.
• Ampliar sustantivamente las políticas públicas de combate a las adicciones, con un doble objetivo: prevenir el incremento del consumo de drogas y reducir la venta de drogas al menudeo.
• Erradicar las actividades económicas informales vinculadas a la delincuencia organizada y promo¬ver programas económicos y sociales en las zonas con esta presencia criminal.
• Combatir de manera prioritaria mediante la creación de una policía especializada, los delitos que mayormente lastiman a la sociedad, como el homicidio, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, y reducir en consecuencia los índices delictivos en dichas materias.
• Reorientar la estrategia de seguridad pública para privilegiar el trabajo de investigación en la pre¬vención del delito, mediante la modernización tecnológica y la implantación de sistemas de in¬formación e inteligencia policial.
Consolidemos el sistema de justicia
Los mexicanos necesitamos de un Estado apuntalado en un sólido sistema de procuración y administración de justicia que, sin privilegios, respete los derechos hu¬manos, proteja a las víctimas, castigue efectivamente a los responsables, sea transparente y confiable y, en todas sus fases, corra a cargo de instituciones consis¬tentes y de servidores públicos profesionales, honestos y eficientes.
El acceso a un sistema de justicia imparcial y expe¬dito se mantiene como una prioridad del Estado, ante el obstáculo y la frustración que representa una justicia muchas veces denegada, inaccesible para la mayoría y que nos sitúa, lamentablemente, a una distancia todavía considerable de la consolidación de un país de garantías y de leyes.
Vamos a trabajar en el avance homogéneo de cambios constitucionales y reglamentarios, así como en el desa¬rrollo de las capacidades institucionales, presupuestales y de capital humano que son indispensables para que la ciudadanía tenga certeza en el cumplimiento de la ley como principio de la convivencia social y el sistema productivo tenga aseguradas las condiciones de seguri¬dad jurídica que alienten la inversión y la generación de empleo.
La Coalición propone consolidar las instituciones de justicia y la vigencia del Estado de derecho, a partir de:
1.- Procuración de justicia
• Generar un gran acuerdo, con el compromiso de gobernadores y presidentes municipales, para concretar la instrumentación legal y práctica de la reforma penal.
• Asegurar que la actuación del Ministerio Público se conduzca en estricta observancia de criterios profesionales y técnicos jurídicos para consolidar su independencia y evitar la intromisión de cualquier autoridad diversa en la investigación y determinación de los asuntos de su exclusiva competencia.
• Reformar el marco legal para garantizar los de¬rechos de las víctimas de delitos, agilizar la ac¬tuación de los órganos encargados de procurar justicia y asegurar el acceso a la misma para que ésta no enfrente barreras económicas, lingüísticas, culturales o de cualquier otro tipo.
• Capacitar y equipar tecnológicamente a los agentes investigadores y peritos para la detección y persecución de los delitos, particularmente los que se han elevado significativamente como la extorsión y el fraude telefónico.
• Transformar la Unidad de Inteligencia Financiera en órganos desconcentrado de la SHCP, con mayores recursos para el combate al lavado de dinero.
• Mejorar el litigio de los intereses del gobierno fe¬deral, mediante la articulación de los esfuerzos de sus áreas jurídicas.
2.- Impartición de justicia
• Implementar integralmente el sistema acusatorio, adversarial y oral, a fin de dar transparencia al trabajo de los jueces y reducir los plazos de im¬partición de justicia.
• Asegurar el acceso a la justicia para integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
• Promover un diálogo con los miembros del Poder Judicial, las agrupaciones de derechos humanos y las asociaciones de abogados para la ins¬trumentación integral de la reforma del Poder Judicial.
• Mejorar la estrategia de protección a víctimas del delito, previa revisión institucional de la Procu¬raduría de Víctimas, y crear políticas públicas de carácter integral.
• Perfeccionar el sistema de justicia para adolescen¬tes, considerando las condiciones singulares que lo caracterizan, sin prejuicio de la asunción de sus responsabilidades.
• Aplicar el sistema de conciliación, mediación y ar¬bitraje como alternativa a la solución de conflictos.
3.- Sociedad y justicia
• Prevenir la comisión de hechos delictivos a través de acciones públicas coordinadas entre las secretarias de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública, entre otras.
• Impulsar que en cada municipio se instalen co¬mités de participación ciudadana en materia de prevención, seguridad y denuncia ciudadana.
• Intensificar las campañas de comunicación para la prevención del delito y conductas antisociales. Así como promover la cultura de la denuncia.
• Consolidar los consejos ciudadanos de seguridad y reforzar la defensoría pública.
• Diseñar una política educativa enfocada en cubrir los factores de riesgo que inciden en la inseguridad.
• Desarrollar un sistema de denuncia ciudadana en línea contra todo tipo de delitos.
4.- Reinserción social
• Modernizar el sistema de reinserción social con una perspectiva humana y efectividad en el cum¬plimiento del objetivo de que los reclusorios no sean auténticas escuelas de criminales.
• Prestar atención social y laboral a las personas que hayan obtenido libertad anticipada, con la finalidad de facilitar su reinserción en la sociedad.
Con la gobernabilidad democrática, la Coalición busca reivindicar el valor de la política y la democracia como forma de gobierno que respeta la ley, y con justicia hace valer el Estado de derecho, garantiza la seguridad de to¬dos, se opone a todo tipo de discriminación y beneficia a los mexicanos en su conjunto.
CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
El país se encuentra en una de las peores crisis que haya vivido en su historia. Uno de los problemas más graves es el incremento de la desigualdad y la pobreza que proviene del mediocre crecimiento económico que hemos tenido durante la última década: un crecimiento promedio anual de 1.9% del Producto Interno Bruto. Se ha privilegiado la estabilidad financiera por encima de las prioridades económicas y sociales; estabilidad, que si bien es necesaria, es insuficiente para generar crecimiento, empleo, salarios más justos y superar la pobreza.
La política económica de los gobiernos de la alter¬nancia no ha logrado generar los empleos suficientes ni los bienes y servicios necesarios para que cada mexicano tenga un nivel de vida digno.
Los datos son elocuentes. La tasa de desempleo abier¬to, que en 2000 era de 2.3%, se ha elevado a 5.6%: más del doble. Actualmente existen más de 2 millones y medio de desempleados, 13.4 millones de personas laboran en el sector informal, 3.8 millones buscan un segundo empleo o uno mejor, y más de 3 millones no reciben remuneración por su trabajo.
Estos resultados no corresponden al potencial de nuestro país: ocupa el décimo cuarto lugar en exten¬sión territorial, cuenta con extensos litorales, ocupa el lugar decimoprimero en población, el séptimo mayor productor de petróleo, el decimocuarto en exportación de bienes y servicios, cuenta con empresarios y trabaja¬dores competitivos.
El mediocre crecimiento con estabilidad financiera de los últimos años es resultado de que no se han cons¬truido motores económicos propios y se ha dependido sólo de los altos precios del petróleo y del aumento de la exportación de manufacturas a Estados Unidos. Frente a un escenario mundial desfavorable, estos factores de estímulo corren el riesgo de perder fuerza y de menguar el soporte que han dado a la economía nacional.
Por estas razones, es imprescindible cambiar el sentido de las actuales políticas gubernamentales y adoptar una nueva estrategia para el desarrollo económico de México.
La equidad con estabilidad:
objetivo estratégico
Reducir las desigualdades sociales y la pobreza es el pro¬pósito fundamental que debe orientar el crecimiento de la economía y la generación de empleos, como única vía para impulsar el desarrollo del país que corresponda al esfuerzo de los mexicanos y les permita mejorar su calidad de vida. Para hacer sostenible este proceso, es necesario un manejo responsable de las finanzas públicas que garantice estabilidad y certidumbre en el rumbo de la economía.
Este nuevo objetivo estratégico es crucial porque una sociedad desigual y con pobreza es una sociedad que, más allá de lo injusto, es menos productiva y crece a ritmos mediocres. La política económica y la social de¬ben apoyarse mutuamente. Todos los instrumentos de política deben estar alineados para garantizar más cre¬cimiento, más igualdad en la distribución del ingreso y entre regiones, todo ello en un marco de estabilidad que haga posible que el crecimiento del empleo sea sostenible por muchos años.
La nueva política exige definir una nueva jerarquización de los motores del desarrollo. La economía del país debe y puede cambiar su estrategia y el manejo de sus instrumentos económicos y sociales para darle un rumbo, un camino que aleje los riesgos económicos que tenemos, fomente un rápido crecimiento económico,
logre la mejoría del nivel de vida, atienda los grandes problemas nacionales y atenúe la desigualdad social.
Todas estas razones obligan a que el crecimiento económico de los siguientes años esté basado en mayor proporción, pero no exclusivamente, en nuestras propias fuerzas, en los motores internos del crecimiento económico. Lograrlo no es tarea fácil, menos en el actual contexto económico internacional. Implica, entre otras medidas, utilizar todos los instrumentos económicos de forma coordinada y con la misma orientación.
La nueva estrategia de desarrollo económico
Lograr un alto nivel de crecimiento económico y generar los empleos que demanda la población deben ser propósitos deliberados y explícitamente definidos de la nueva estrategia de desarrollo con equidad y estabilidad.
Para ello, es necesario redefinir el papel que debe desempeñar el Estado en la marcha de la economía y fortalecer su función de rectoría y de promoción del de¬sarrollo. Necesitamos un Estado eficiente en el cumpli¬miento de sus responsabilidades constitucionales, capaz de conducir el desarrollo de la nación y generar certezas en la sociedad.
La eficacia de la nueva política de desarrollo debe construirse sobre la base de un nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, que potencie el aporte de cada uno al desarrollo nacional. La crisis financiera internacional actual muestra que no se puede seguir asumiendo que el mercado por sí solo puede resolver las debilidades de la economía nacional que impiden un mejor desempeño económico.
Los mercados competitivos son indispensables para una economía dinámica, capaz de generar empleos de calidad en forma sostenida y crear la base de una vida digna para las familias de los trabajadores. Para lograr mercados competitivos es necesario fortalecer los órganos reguladores y que el gobierno desempeñe un papel relevante en la representación de los intereses de la mayoría.
La Coalición pugna por un Estado con las capacidades financiera, técnica y humana, necesarias para cumplir estrictamente con sus funciones constitucionales de rectoría del desarrollo nacional, con objeto de hacer po¬sible que los mercados actúen competitivamente.
Impulsar una nueva estrategia de desarrollo requiere de mercados competitivos, de un Estado que cumpla sus responsabilidades constitucionales y de la más amplia y activa participación de la sociedad y las instituciones privadas, en un nuevo equilibrio a favor del interés y el bienestar de los mexicanos.
Construir un acuerdo amplio sobre el nuevo papel del Estado en la promoción y gestión del desarrollo implica reformas para alinear los diversos instrumentos de políticas públicas, y establecer con precisión la responsabilidad del Estado mexicano. Es necesario reconsiderar el papel de las instituciones económicas del Estado para que contribuyan eficazmente en el propósito de lograr un crecimiento con equidad. La banca de desarrollo de una nueva política para fortalecerse después del largo período de desmantelamiento y deterioro a la que fue sujeta por los gobiernos de la alternancia y que la alejó de su verdadera vocación de apoyo al desarrollo del país.
La nueva estrategia económica de la Coalición propone usar nuestras fortalezas internas como motor del crecimiento: un amplio y vigoroso mercado interno, con enorme potencial en la medida en que haya más oportu¬nidades de empleo, mejores salarios y los efectos de una nueva política social mejoren las condiciones de quienes viven en pobreza.
La globalización es un hecho histórico y no podemos cerrarnos a la competencia, pero sí definir un nuevo concepto de competencia conforme al cual nuestra planta productiva, nuestros trabajadores y empresarios sean capaces de competir y conservar el mercado interno y, al mismo tiempo, ganar más mercados en el exterior.
Adicionalmente, las condiciones de la economía in¬ternacional, en el presente y en los próximos años, serán adversas para las exportaciones y transacciones naciona¬les. En consecuencia, lograr el nuevo objetivo estratégi¬co exige que los esfuerzos de desarrollo se apoyen en el fortalecimiento del mercado interno y que se use con sentido estratégico el potencial del poder de compra de las grandes empresas públicas y privadas como palanca para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Hoy tenemos millones de desempleados y muchos más en la informalidad, con poca productividad e ingresos que apenas permiten la sobrevivencia. El ingreso nacional podrá ser muy superior si empleamos productivamente a nuestra gente. Este será un cambio profundo para la generación de ingreso y para elevar el bienestar.
Debemos hacer las cosas diferentes. Es urgente ofrecer a los jóvenes, que año con año se suman a la fuerza de trabajo, una oportunidad de empleo, de ingreso, una esperanza real. Ofrecer al enorme segmento de la población que vive en condiciones de pobreza una oportunidad para superar su difícil situación.
La nueva política de desarrollo económico debe alinear todos los instrumentos y políticas públicas. La política de mayor ahorro e inversión de las familias, las empresas y el Estado deben promover el alto crecimiento económico. Al igual que la política de ingresos y gasto público, debe estar coordinada con la de comercio exterior, la crediticia y la lucha antimonopólica. Las políticas salarial y laboral deben impulsar el mercado interno, fomentar la competitividad y la construcción de infraestructura, con apoyo de la ciencia y tecnología.
Para instrumentar la nueva estrategia para el desarrollo económico proponemos las siguientes líneas de acción:
Impulsar una Reforma Hacendaria Integral
Construir un acuerdo amplio sobre el nuevo papel del Estado en la promoción y gestión del desarrollo implica reformas para alinear los diversos instrumentos de polí¬ticas públicas y establecer, con precisión, la responsabi¬lidad estatal.
La Coalición considera que es indispensable una reforma hacendaria integral. Es la base material para desarrollar las funciones asignadas al Estado. Captar lo estrictamente necesario para atender las funciones pú¬blicas. Hacerlo con el mínimo costo administrativo, con eficiencia, transparencia y honradez.
Actualmente padecemos una situación hacendaria que se caracteriza por ingresos tributarios insuficientes, con una perniciosa dependencia de los ingresos petroleros, que se gastan de manera ineficiente, con gran opacidad, escasa evaluación de resultados y limitada rendición de cuentas.
Para construir una reforma hacendaria, integral y ade¬cuada a los retos del presente, la Coalición propone:
• Determinar, con el concurso de los diversos ac¬tores sociales y económicos, las necesidades in¬dispensables y las prioridades del gasto público, necesarias para una expansión económica con¬sistente con el propósito de crear condiciones aceptables de bienestar para todos los mexicanos. Un error común en los diversos intentos de reforma fiscal en la última década ha sido no precisar las necesidades de gasto público que se pretendían financiar con la reforma ni los resul¬tados económicos que se esperaban lograr con las reformas. Además, en dichos intentos no se dieron explicaciones a la sociedad, ni se buscó construir consensos con las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, en torno a las necesidades de infraestructura, regulación, seguridad pública, educación, salud, pensiones y seguridad social que se financiarían con la refor¬ma. Al precisar a la población qué se necesita y asegurarle que con sus recursos ello se va a lograr de forma eficaz y eficiente, será más sencillo construir la forma más adecuada de recaudarlos. Los principios de la reforma hacendaria integral deben ser, entre otros: revisar a detalle las facultades de cada ámbito de gobierno y su eficiencia; el sistema recaudatorio debe ser simple, asegurar la certeza jurídica tanto al gobierno como a los contribuyentes y minimizar los costos de atención de las obligaciones fiscales; la administración tributaria debe asegurar que todos contribuyan de forma justa y equitativa; debe establecerse la rendición de cuentas, con un sistema justo y efectivo que castigue tanto la corrupción como la ineficacia y que informe de manera clara y completa todos los elementos de los ingresos y gastos del sector público; evaluar el desempeño, la situación finan¬ciera y el rol que deben desempeñar las empresas públicas y la banca de desarrollo en la nueva po¬lítica económica.
•Revisar, con apoyo de los gobiernos locales, las necesidades de gasto público para soportar un crecimiento acelerado y con equidad, así como las responsabilidades por asignar a cada ámbito de gobierno. La Coalición considera que el objetivo debe ser adjudicar a cada uno la responsabilidad idónea de acuerdo con su naturaleza y, sobre la base de esta nueva distribución, proceder a dotar a cada instancia de gobierno de las atribuciones fiscales suficientes y definir mecanismos de coordinación fiscal más útiles y eficientes que les provean de los recursos adecuados a sus responsabilidades.
• Definir y acordar, con los actores económicos y sociales, las reglas que guíen la política de gasto público en los tres ámbitos de gobierno. La Coa¬lición propone que estas reglas al menos incluyan:
>La planeación democrática, para que las entida¬des y las principales fuerzas sociales de la nación participen en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con objeto de incluir en los progra¬mas de gobierno las prioridades de la gente.
>La revisión a fondo del gasto corriente del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de reducirlo para aumentar el ahorro y financiar parte de la inversión, y promover esta práctica en los otros poderes federales y ámbitos de gobierno.
>La obligación de absoluta transparencia del gasto de los tres niveles de gobierno, con rendición de cuentas y los instrumentos idóneos para ello.
>El aseguramiento de que los órganos autónomos de fiscalización y evaluación en los tres ámbitos de gobierno, cuenten con independencia técnica, presupuestal y de gestión.
• Acordar con los sectores económicos y sociales los criterios para distribuir la carga fiscal. La Coalición propone:
>Basarnos en el mandato constitucional que obliga a todos los mexicanos a contribuir al financia¬miento de los gastos públicos, cada quien acorde a su capacidad. Sin equidad ninguna reforma será estable y exitosa.
>Una adecuada mezcla entre impuestos a la renta y riqueza de las personas y los indirectos al con¬sumo así como eliminar los privilegios.
>Tender a un solo impuesto sobre la renta de las personales morales. Competitivo, simple, general, sin privilegios. Fusionar el ISR y el IETU.
>Desarrollar plenamente el potencial del impuesto predial municipal.
>Disminuir la dependencia de las haciendas públi¬cas de los ingresos petroleros. Éstos deben servir, principalmente, para la inversión en la moderni¬zación y seguridad energética de México.
La Coalición considera que estas acciones, cumplidas con rigor, responsabilidad, transparencia y honestidad, nos llevarán a una reforma integral de las haciendas pú¬blicas, la federal y las locales, que permitirá al Estado recuperar su capacidad de solución de problemas y aten¬ción de demandas. La reforma debe ser integral desde su origen y puesta en vigor de manera gradual conforme se recupera el crecimiento de la economía.
Fortalecer al Estado como promotor del desarrollo y el empleo
La Coalición propone un gran acuerdo con todos los ac¬tores económicos y sociales sobre una nueva estrategia de fomento. Este consenso amplio debe incluir reformas a diversos instrumentos de la política económica actual para alinearlos al objetivo de crecimiento con equidad y el compromiso de integrar programas clave para tal propósito.
La Coalición considera que la decisión crítica es reco¬nocer la necesidad de que exista una política de fomento. Al diseñar los nuevos instrumentos se debe reconocer que somos parte de un mundo global, donde hay reglas de comercio e inversión que han sido aceptadas por México; mas ello no excluye la posibilidad de una política activa de promoción ni la defensa legítima de nuestros mercados.
Este acuerdo sobre una política amplia de fomento debe incluir, al menos:
Política monetaria y financiera
Se propone valorar la posibilidad de que el Banco de México contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo, además de estabilidad de precios y control del sistema financiero al definir la política monetaria. Debe fortalecerse su capacidad para inducir a la banca co¬mercial para que otorgue crédito oportuno, suficiente y competitivo, en estándares internacionales, a los sectores productivos.
La orientación y funcionamiento de la banca de desa¬rrollo deben estar encuadrados en los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y los correspondientes planes sectoriales. Estableceremos, para ello, objetivos claros, definidos en función de las prioridades nacionales en materia de generación de empleo, infraestructura, comercio exterior, fomento agropecuario y desarrollo de las regiones.
Mayor competitividad y generación de empleos
Elevar la productividad y generar el mayor número de trabajos implica, al menos las siguientes acciones cruciales:
• Elevar la competitividad de la economía en su conjunto requiere de organismos reguladores fuertes y autónomos. La competencia y la
innovación hace posible que la población alcance y mantenga mejores niveles de consumo. Un ele¬mento fundamental para el funcionamiento de mercados competitivos será el combate a las prácticas monopólicas.
>>Es necesario contar con órganos de regulación económica autónomos, que promuevan condi¬ciones de competencia en los mercados internos, garanticen seguridad jurídica de las inversiones y aseguren condiciones predecibles en las reglas de juego, así como la eliminación de las prácticas monopólicas y oligopólicas que restringen la in¬versión, elevan los precios y limitan la oferta de productos.
>>Por su importancia, destaca la necesidad de fortalecer y darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Fe¬deral de Mejora Regulatoria (Cofemer), la Comi¬sión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comi¬sión Federal para la Protección contra de Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otras.
• Desarrollar un vigoroso programa de investigación y desarrollo tecnológico para la competitividad, el fomento de la producción nacional y el empleo, que alcance 1% del PIB, y que incluya la infraestructura para la investigación tecnológica, la creación de laboratorios nacionales de alta tec¬nología, orientados a las prioridades de desarrollo nacional y regional y esquemas de estímulos fiscales a empresas que inviertan en estos conceptos.
• Crear un programa nacional de infraestructura para el crecimiento y la competitividad que ahorre costos, para superar los rezagos actuales y crear la infraestructura requerida para soportar ritmos de crecimientos acelerados. Este programa deberá integrarse a partir de un diagnóstico de la infraestructura nacional, con visión federalista, que identifique cómo mejorar substancialmente las condiciones de la infraestructura, de comu¬nicaciones y transportes, tanto nacional como urbana y suburbana, articular redes de transporte multimodal para mejorar el desempeño logístico del comercio regional e internacional.
Una nueva política industrial
Impulsar la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la producción nacional, la formación de clusters, el apoyo de la banca de desarrollo, energía a precios competitivos, con apoyo de investigación y capacitación, regulación antimonopolios efectiva y una política arancelaria consecuente con los intereses nacio¬nales, entre otros.
La nueva política industrial tendría que estar ligada a la innovación y desarrollo tecnológicos y a la elevación de la calidad educativa.
Esta política debe responder a un nuevo concepto de competitividad que signifique recuperar el mercado in¬terno para la planta nacional y fortalecer su capacidad de competir en el exterior, ambos en un ámbito de com¬petencia comercial justa. Lo anterior implica también formular una estrategia de diversificación del comercio exterior de México, aprovechando mejor la extensa red de tratados comerciales que hemos suscrito con diversos países. Un objetivo de esta política debe ser el exportar bienes y servicios y no trabajadores migratorios.
La nueva política debe incorporar el principio de que el poder de compra del gobierno y las empresas públicas puede y debe ser utilizado para impulsar el aparato pro¬ductivo nacional: Pemex y CFE deben ser fortalecidas como palancas del desarrollo.
Por otra parte, se requiere una política industrial que promueva la proveeduría nacional de bienes y servicios. Las grandes empresas, públicas y privadas, deben con¬vertirse en el motor que impulse a las pequeñas y me¬dianas empresas. En este sentido, las grandes empresas pueden y deben asumir un compromiso solidario para brindar asesoría técnica, administrativa y fiscal, además de intercambiar tecnología con las pequeñas y medianas empresas que funcionen como sus proveedores.
No podemos basar nuestro crecimiento económico en los bajos salarios de los trabajadores. Hay que basarlo en la calificación y productividad de la mano de obra, así como en la innovación e incorporación de tecnología de punta. De otra manera, nunca podremos alcanzar el propósito de que el fortalecimiento del mercado interno sea el sostén del desarrollo económico.
Impulso al sector agropecuario
Es necesario impulsar al máximo la producción agro¬pecuaria nacional y proponernos el objetivo de la se¬guridad alimentaria. Es indispensable hacerlo para que los productores rurales vivan mejor, pero también para asegurar a los mexicanos alimentos de calidad y con precios accesibles.
Para lograrlo proponemos:
• Incorporar una visión de largo plazo a las acti¬vidades estratégicas para el fomento productivo y diferenciar los instrumentos orientados a com¬batir la pobreza rural de aquellos necesarios para aumentar la producción y productividad.
• Contar con un esquema de red de seguridad al ingreso de los productores con un marco legal que brinde certidumbre al sector y permita ordenar los mercados. También se necesita una política de almacenamiento, que asegure el abasto de alimentos y precios remunerativos al campesino.
• Una política para elevar la productividad de las actividades agroalimentarias; un marco jurídico agrario que favorezca la compactación de super¬ficies; un modelo que promueva la integración de los productores y la generación de economías de escala.
• Aumentar la inversión en conservación y man¬tenimiento de presas y distritos de riego; ahorrar el agua que se pierde en filtración y evaporación e incorporar con ello nuevas áreas al cultivo. Aumentaremos el gasto en investigación y desarrollo agropecuario y agroalimentario; promoveremos el financiamiento, la asistencia técnica, la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación. Habrá que revisar Procampo y adecuarlo a las circunstancias actuales del país con un enfoque diferenciado, ecológico y productivo. Es indispensable una reforma de fondo de la Comisión Nacional del Agua, cuya intervención es obsoleta, centralista e ineficiente, para desarrollar un marco institucional que per¬mita una política integral del uso del agua en el sector. Asimismo, proponemos precios justos en adquisiciones y ventas a los agricultores.
Se trata de llevar al campo una política de desarrollo territorial y de eliminación de la pobreza rural, con programas de desarrollo comunitario vinculados al cuidado del medio ambiente, agroturismo, silvicultura y artesanía, que incorpore, entre otras acciones: la eliminación de la des¬igualdad social y la heterogeneidad productiva del medio rural; micro-financiamiento en proyectos productivos en zonas marginadas; apoyo a iniciativas comunitarias productivas, medioambientales y artesanales, especialmente de mujeres, jóvenes e indígenas. El Estado construirá infraestructura de telecomunicaciones para el despliegue de programas de educación media y superior, salud, así como para la venta de sus productos. Se desarrollarán servicios financieros acordes con las comunidades como banca móvil, microcréditos, micro-seguros, entre otros.
La pobreza del campo responde a problemas concre¬tos de productividad. Por lo tanto, nos proponemos, en primer lugar, abordar este problema estructural con un esfuerzo sin precedente de educación y capacitación para la mano de obra adulta del campo; en segundo lugar, favorecer la movilidad de la mano de obra del campo en forma deliberada; en tercer lugar, apoyar los esfuerzos de los productores en la tecnificación y compactación de las unidades de producción.
Impulso al turismo
El turismo requiere consolidarse como generador de divisas, empleos e impulsor de una clase media. Para ello, es menester no sólo la promoción, sino el impulso decidido a un plan maestro de infraestructura turística que identifique adecuadamente los segmentos de la de¬manda, su perfil de expectativas y ubicación geográfica.
El turismo se ha convertido en una actividad eco¬nómica importante globalizada. Para México, el origen de las corrientes turísticas más importantes es Estados Unidos, Canadá y Europa.
Por ello, es necesario impulsar programas y promoción específica para atender mejor a segmentos de la demanda con características singulares. Ejemplo de ello son: consolidar los destinos turísticos de playa y culturales, el turismo de cruceros en la Riviera del Pacífico; el turismo de la tercera edad, que tiene un enorme potencial; el turismo de jóvenes y el gran filón, para Europa, del turismo cultural. Consideramos necesario darle un nuevo impulso a los Centros Integralmente Planeados que ya existen, así como impulsar nuevos centros, como una forma de reactivar y sostener el desarrollo de esta importante actividad económica.
Garantizar la seguridad energética
La política energética debe tener como objetivo funda¬mental la seguridad energética del país para garantizar el desarrollo nacional y fomentar el crecimiento econó¬mico, el empleo y la estabilidad. Es necesario reconocer que el sector energético enfrenta riesgos, pero tiene un enorme potencial. Tiene riesgos porque en la principal fuente de energía primaria, que es el petróleo, sólo con¬tamos con reservas probadas para poco más de nueve años y junto con las probables ese plazo es de apenas 14 años. Como consecuencia, la producción petrolera tien¬de a disminuir, sin que haya una fuente alterna para los ingresos petroleros. Al mismo tiempo, promoveremos la transición energética hacia fuentes de energía renovables. Por ello, tendremos que lograr:
• Incorporar y desarrollar nuevas reservas probadas de hidrocarburos.
• Impulsar la explotación de gas shale, que tiene un enorme potencial, para alcanzar la autosuficiencia e impulsar la producción de fertilizantes y la petroquímica básica y secundaria.
• Elevar la eficiencia de la exploración y explotación de hidrocarburos.
• Dar prioridad a la reconfiguración y
mantenimiento de las refinerías, así como a la construcción de la refinería proyectada en Hidalgo, para consolidar el Sistema Nacional de Refinación y disminuir sus pérdidas financieras así como reducir la vulnerabilidad del país ante el incremento en la importación de petrolíferos.
• Modernizar el sistema de transporte y almacenaje de petrolíferos, incluyendo la seguridad industrial de la red de distribución y comercialización y los complejos petroleros.
• Un impulso definitivo al desarrollo de los provee¬dores nacionales de Pemex.
• Impulsar el sistema de investigación y desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alta especialización en la industria petrolera.
• Eliminar el criterio recaudatorio de la estrategia de explotación de petróleo. Para ello se requiere modificar el régimen fiscal de Pemex en el marco de la reforma hacendaria integral.
• Apoyar las estrategias de ahorro y eficiencia ener¬gética, en particular en los sistemas de transporte y de consumo doméstico e industrial.
• Valorar la política de precios de los combustibles en función de generar mejores condiciones de competitividad.
• Reducir las emisiones de carbono de la industria para contribuir a reducir y mitigar los efectos del cambio climático y promover un desarrollo sus¬tentable.
• Facilitaremos la explotación de gas grisú, para proteger a los mineros del carbón y utilizar un re¬curso natural hoy desperdiciado y contaminante.
• Revisar las facultades e impulsar la coordinación entre todos los actores que intervienen en la ge¬neración, promoción, financiamiento y desarrollo de las fuentes renovables de energía.
Petróleos Mexicanos (Pemex)
Pemex es la empresa de todos los mexicanos, ha sido pilar del desarrollo económico y social de nuestro país y no debe dejar de serlo. Nos proponemos impulsar las transformaciones necesarias para que Pemex sea palanca efectiva del desarrollo y crecimiento de la economía del país. En este, como en otros sectores estratégicos, creemos que es necesario movernos con más decisión y eficacia.
Nos proponernos como objetivo modernizar a Pemex como empresa pública capaz de contribuir a la seguridad energética del país, maximizar la renta petrolera asociada a la explotación de los hidrocarburos propiedad de la nación e impulsar la producción y el empleo nacional.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
La electricidad debe ser un energético accesible para to¬dos. Por ello, es necesario bajar costos de producción que permitan elevar la competitividad de las empresas y mejorar la economía de las familias. En materia eléctrica hay que reducir el margen de la capacidad ociosa de la CFE y utilizar energéticos primarios más baratos como el gas, en lugar de combustóleos. Asimismo, es impor¬tante fortalecer la capacidad de desarrollo de nueva in¬fraestructura hidráulica que contribuya a la generación de energía y al desarrollo regional.
Otras fuentes de energía
Hay que aprovechar el potencial que ofrece la cogene¬ración de electricidad entre la CFE y Pemex, así como impulsar la utilización de fuentes alternativas de energía, entre otras, la geotermia, la micro hidráulica y el biogás.
Política laboral e impulso al bienestar de la clase trabajadora
El bono demográfico ha sido desaprovechado por la ca¬rencia de empleos. El reflejo está en la migración, la cual hace que México pierda a los jóvenes que ha formado con el esfuerzo de sus familias y del país para trabajar en Estados Unidos.
Nunca antes tantos jóvenes se fueron en busca de una vida mejor: siete de cada 10 emigrantes tienen entre 15 y 24 años, es decir, son aquellos que tienen un gran potencial productivo, además de ser la fuerza de trabajo más calificada, en quienes se ha invertido sustancialmente y se van a producir a otro país.
La política laboral que proponemos tiene como obje¬tivo central la alta generación de empleos y la recupera¬ción real del poder adquisitivo de los salarios.
Es necesario que el Estado mexicano siga siendo el garante del cumplimiento de los derechos de los trabaja¬dores y para ello proponemos evitar la simulación en las contrataciones de empleados, quienes carecen de acceso a prestaciones, servicios de salud y seguridad social.
La estrategia de mediano y largo plazo debe generar una mano de obra calificada y especializada, cuyos niveles de salario correspondan al rendimiento que generen. Para que esto sea posible, impulsaremos una mayor coordinación entre el sector educativo y el productivo, a fin de vincular los planes de educación con los planes de desarrollo y modernización de la economía.
La política económica y todos sus instrumentos de¬ben ponerse al servicio de la creación de empleos y fa¬vorecer la incorporación de quienes laboran en la infor¬malidad al sector formal de la economía. Ello implica, entre otras acciones, actualizar el marco legal que rige las relaciones laborales con estricto respeto a los derechos de los trabajadores, buscando que dicha legislación impulse la inversión productiva y eleve la competitividad de la mano de obra y de las empresas.
Impulso a una mayor participación social
El avance que se ha logrado en la democracia participa¬tiva requiere que los ciudadanos concurran organizada¬mente al proceso de toma de decisiones en materia de política económica, para que éstas obedezcan al interés general de la población, a la que deben garantizársele plena transparencia y amplia rendición de cuentas de los resultados de la aplicación de las políticas públicas relacionadas con la nueva estrategia de desarrollo eco¬nómico. Escucharemos las opiniones que permitan de¬terminar la forma y oportunidad para lograr su partici¬pación social mediante un Consejo Económico y Social, entre otros.
DESARROLLO, EQUIDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN DE CALIDAD
México tiene 58.5 millones de personas en pobreza y la desigualdad es persistente y profunda. Un 10% de la población más pobre recibe 1% del ingreso, mientras el 10% más rico recibe casi 40%. La distancia en la escola¬ridad entre los municipios más pobres y los más ricos es de 11 años; y la mortalidad infantil es de 10 a 20 veces mayor en los primeros. Nuestro país es uno de los más desiguales en América Latina.
La política económica ha fallado en la promoción de un crecimiento con equidad; la riqueza generada en las épocas de auge no llega a las familias más pobres y la distribución del ingreso no mejora.
La combinación de bajo crecimiento y alto desem¬pleo, con alza de precios en productos y servicios bási¬cos, pérdida de poder adquisitivo, baja productividad y la precaria seguridad pública es el factor decisivo para perpetuar la pobreza y exclusión. La política social de los gobiernos de la alternancia ha fracasado.
El problema de fondo radica en el abandono del papel del Estado como promotor del crecimiento, en la carencia de una política industrial; en la falta de una eficaz banca de desarrollo; y en la ausencia de políticas de empleo que fortalezcan el mercado interno y eleven la competitividad exterior.
La ineficiencia del modelo también deriva de la aplicación de una política social cortoplacista y mal administrada que avanza sólo en variables del bienestar, que no incide en la transformación real de las condiciones de pobreza y hace poco para generar igualdad de oportunidades.
Adicionalmente, el gasto social es inequitativo. El 20% más rico de la población recibe 32% del gasto que el Estado destina para el desarrollo humano, mientras que el 20% más pobre sólo recibe 13%.
Por otra parte, la crisis financiera internacional hace posible prever un ciclo prolongado de estancamiento o desaceleración con mayores índices de desempleo. Ello, si no se actúa con decisión y urgencia, agudizará los problemas de desigualdad y pobreza, con la consecuente pérdida de cohesión social y de la posibilidad de mejoría en el bienestar de las familias.
Frente a esa situación, la Coalición refrenda su com¬promiso de pugnar por un Estado eficaz que fortalezca su rectoría y responsabilidad como conductor de la política social, a fin de garantizar la atención a los derechos sociales, para cumplir con los siguientes objetivos estratégicos:
• Elevar el desarrollo humano y disminuir eficaz¬mente la pobreza.
• Alcanzar un desarrollo regional equilibrado.
• Erradicar la discriminación y la exclusión para garantizar la equidad.
Vamos a elevar el desarrollo humano y disminuir eficazmente la pobreza
Una nueva política social
Impulsaremos una reforma institucional que, coordinada con la política económica, establezca una nueva visión e instrumentos eficaces para asegurar que el Estado retome su responsabilidad para garantizar el acceso universal de los ciudadanos a los derechos sociales.
El acceso universal debe ser la base para la efectiva ti¬tularidad de los derechos que consagra la Constitución, así como su exigibilidad jurídica. Sólo así se logrará revertir la alarmante exclusión social que no ha podido resolver la política actual, no obstante los enormes re¬cursos de que ha dispuesto.
Las políticas públicas universales permitirán erradicar la tendencia a utilizar los programas sociales como instrumento electoral.
Se aplicará una nueva estrategia de gasto social con redistribución progresiva, para cambiar el sentido de las políticas de simples mecanismos compensatorios a la generación de opciones productivas, autoempleo y oportunidades de movilidad social y desarrollo.
Ese modelo se dirigirá hacia la búsqueda de la equi¬dad, para combatir la desigualdad que priva entre perso¬nas y entre regiones, así como los problemas estructura¬les que limitan la inserción plena de hombres y mujeres al desarrollo.
Los apoyos del Estado se dirigirán primordialmente a quienes más lo necesitan, para asegurar acceso universal equitativo a las oportunidades.
Promoveremos un federalismo social en favor de las zonas atrasadas y de los excluidos; que respete las competencias de los órdenes de gobierno y propicie la colaboración institucional. Que reconozca la creatividad estatal y la fuerza comunitaria de los municipios.
La política social será tarea compartida de los tres ór¬denes de gobierno, pero sobre la base de un nuevo pacto nacional que reconozca la contribución de un federalis¬mo auténtico.
La reducción de la pobreza y la desigualdad son pro¬pósitos que deben permear todas las acciones y progra¬mas de gobierno y convocar la participación correspon¬sable de la sociedad.
Aplicaremos una política social participativa, en la que los ciudadanos sean considerados en la formulación, diseño y ordenamiento de los programas; y sobre todo en las decisiones, ejecución y evaluación de los resultados. Solamente con una activa participación social y acciones corresponsables de los propios beneficiarios es factible asegurar se apropien y utilicen los nuevos caminos para la movilidad social que la nueva política social proporcione.
Buscaremos acceso universal a la salud
y a la seguridad social
La Coalición propone asegurar el acceso de todo mexicano a servicios de salud y seguridad social, con lo siguientes componentes:
• Atención médica asegurada por el sólo hecho de ser mexicanos y sin ningún otro requisito.
• Pensión universal para los adultos mayores.
• Ingreso mínimo asegurado en caso de desempleo.
• Seguro por riesgo de trabajo.
El ingreso mínimo en caso de desempleo debe ser de aplicación gradual conforme se avance en la reforma fiscal, acotado en su cobertura a los mayores de 18 años, y ligado a la capacitación y a la inscripción al padrón fiscal.
Es necesario superar la fragmentación del actual sistema de salud, para que haya equidad en la calidad de los servicios que reciba cada mexicano. No se trata, sim¬plemente, de que haya una sola institución de seguridad social, sino de que las existentes se transformen radical¬mente y se integren de manera articulada, para garan¬tizar el acceso de los mexicanos a la seguridad social en forma equitativa, digna y universal.
Trabajaremos para garantizar en los hechos la uni¬versalidad de los servicios de salud, mediante nuevos mecanismos de financiamiento público, la construcción de infraestructura, equipamiento, programas de salud preventiva, formación de personal calificado y abasto suficiente de medicamentos.
Erradicación de la pobreza por carencia alimentaria
El universo prioritario será la población de 28 millones de mexicanos que están en situación de carencia alimentaria y, dentro de él, la población infantil, madres y adultos mayores. Para cambiar la situación actual, de manera sustantiva, es necesario que las políticas públicas se alineen bajo ese propósito.
Para abatir la carencia alimentaria, al tiempo que se impulsen acciones de empleo e ingreso para los grupos de menores ingresos, y que se atienda a la población en condiciones de vulnerabilidad social y desamparo, se fortalecerán las políticas de abasto que amplíen la oferta de productos básicos y medicinas en puntos de venta en las zonas urbanas pobres, fuera de la oferta comercial de alcance popular, que permita, con esquemas de partici¬pación comunitaria, apoyar la economía familiar.
Una verdadera política universal de asistencia y protección social
Para permitir que personas pobres en condición de vul¬nerabilidad social se integren plenamente al bienestar, se revisarán las acciones y responsabilidades de atención a grupos vulnerables, a fin de que se consideren como parte de una estrategia amplia de desarrollo social, no solamente desde la óptica de la salud.
El 7% de los hogares tiene a alguna persona con dis¬capacidad. Este grupo social se ha visto relegado his¬tóricamente de la atención del Estado. Además de la rehabilitación, se requiere una política de empleo para ellos a través de incentivos fiscales. Se debe incrementar la infraestructura urbana que permita su libre acceso e incorporación a la convivencia social. Debe fortalecerse una cultura de respeto y no discriminación, con una amplia participación social.
La transición demográfica incrementa la población de adultos mayores, por lo que las políticas públicas deben reforzar el cuidado de su salud, ingreso, acceso a una ocupación y posibilidades para la socialización y esparcimiento.
Es necesario arraigar una cultura del envejecimiento y promover una actitud social de respeto y solidaridad hacia la población en edad plena, cuya experiencia en distintos campos de actividad es valiosa para las nuevas generaciones.
Fortalecer las instituciones y los instrumentos de la política social
Para asegurar la exigibilidad jurídica de derechos, el ejercicio descentralizado del gasto, el desempeño fede¬ralista de los delegados en las entidades, la evaluación autónoma de los programas, la transparencia del gasto, la organización social y la participación ciudadana, se hará una profunda transformación de la Secretaría de Desarrollo Social.
En ese rediseño buscaremos garantizar que cumpla con su misión de coordinación de la política de desarrollo social, de combate a la pobreza, ordenamiento del territorio y desarrollo humano, con respeto pleno a la soberanía de los estados, a la autonomía y atribuciones de los municipios, en la más elevada consideración a la participación ciudadana y la organización social.
Se impulsará la consolidación de la autonomía del CONEVAL, a fin de asegurar la independencia de la evaluación de los programas sociales.
Se promoverá el fortalecimiento institucional de los municipios a fin de que sean ellos quienes realicen las acciones de infraestructura social básica, dejando atrás la competencia y duplicidad de funciones con la federación.
Hay que compactar y coordinar los esfuerzos dispersos, garantizar el derecho ciudadano a la información y la certidumbre institucional sobre los programas y montos a aplicar en cada entidad.
Fortalecer las políticas de vivienda popular
Se debe asegurar un mayor acceso de la población en pobreza a la vivienda, con procesos alternativos de suelo apto y accesible, autoconstrucción, mejoramiento y ampliación, con oportunidades de orientación, apoyo técnico y subsidios.
El sector de la vivienda en nuestro país es impulsor de la recuperación económica al tiempo que incrementa la calidad de vida de los mexicanos y potencia el desarrollo de las familias. El gasto público en vivienda y la facilitación de la inversión social y privada será una prioridad indispensable para elevar la atención en salud, educación y bienestar.
La política de vivienda será un instrumento de promoción del desarrollo económico sustentable, para impulsar el mercado interno y el desarrollo social. Vamos a impulsar el financiamiento suficiente y accesible a la demanda, sobre todo de las personas de menores ingresos; impulsaremos políticas locales para facilitar el ordenamiento urbano y territorial e involucrar una mayor participación del municipio, que busque hacer ciudades con calidad de vida y comunidades competitivas en términos económicos, sociales, ambientales y tecnológicamente sustentables.
Combate a la pobreza rural
En la sociedad rural, la pobreza y la desigualdad social alcanzan mayor dramatismo y por ello su combate tiene no sólo una mayor urgencia, sino que además tiene que darse con una visión de integralidad, tiene que ser una política de Estado. Proponemos una nueva política que:
• Vincule las políticas sociales de combate a la po¬breza a la nueva estrategia de desarrollo económico y el desarrollo regional.
• Reconocer que la nueva sociedad rural no sólo está vinculada a las actividades productivas agro¬pecuarias, sino a otras que tienen que ver con los servicios y el turismo, entre otras, y, por tanto, el apoyo a programas y acciones gubernamentales tiene que considerar esta diversidad productiva.
• Aumentar los recursos presupuestales destinados al fomento y financiamiento de las actividades productivas rurales; una mayor coordinación de los programas, así como de los tres órdenes de gobierno en su ejecución y una mayor descentralización de los recursos para este fin.
• Garantizar los derechos laborales y humanos de los jornaleros rurales migrantes.
• Aumentar los recursos presupuestales para garantizar la infraestructura que respalde en términos reales el acceso de la población rural a los servicios de salud y educación.
• Un programa de apoyo al mejoramiento de la vivienda rural y a la sustentabilidad del medio ambiente.
Educación de calidad para todos
La educación es un componente determinante en el de¬sarrollo humano; factor de movilidad social y de impulso de las transformaciones sociales. Es la única vía que nos garantiza que podamos avanzar hacia el logro de nuestras aspiraciones y conseguir un desarrollo integral del país.
El primer obstáculo a vencer para emprender un es¬fuerzo serio en la definición de políticas públicas per¬tinentes es superar el desgaste de los conceptos y los propósitos que, por la falta de resultados, ya provocan escepticismo. Una característica de la situación imperante es la adopción de estrategias y proyectos que, ciertamente, son indispensables en la agenda para mejorar el sistema, pero cuyos contenidos o formas de gestión resultan contraproducentes. Las acciones supuestamente innovadoras han desembocado en un laberinto burocrá¬tico sobrepuesto a la verdadera práctica educativa que desorienta a todos los actores del proceso educativo.
Para atender de manera efectiva el reclamo de la co¬munidad nacional por una educación de calidad a la que tengan acceso todos los mexicanos es necesario volver a colocar a la educación en el centro de la estrategia para lograr un desarrollo integral y con equidad. Como organización política, asumimos el compromiso de pro¬piciar un cambio responsable, ajeno a intereses políticos de partidos o de grupos, y con una visión de largo plazo, cuyo único objetivo sea impulsar una transformación real, medible y sustentable de la educación en México.
Para que la educación alcance niveles competitivos de acuerdo con los estándares internacionales debemos cerrar las brechas entre regiones y grupos sociales; ampliar la infraestructura y la cobertura educativa, reimpulsar y mejorar los programas de superación magisterial. Debemos avanzar hacia la universalidad de la educación media superior; ampliar el apoyo a la investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología, priorizar el desarrollo de habilidades y competencias y fomentar el desarrollo de la cultura para fortalecer la convivencia y la armonía social.
Una nueva agenda para la reforma de la educación debe partir de una clara voluntad política del Ejecutivo para definir, en colaboración con las demás instancias del gobierno y la sociedad, una política de Estado mediante la cual se asuman compromisos de largo plazo para:
• Modernizar las áreas institucionales responsables de la educación.
• Asegurar la asignación de mayores recursos bajo rigurosos criterios de racionalidad y eficiencia.
• Dar un nuevo impulso a la formación y a la edu¬cación continua de los maestros.
• Adoptar nuevas estrategias y recursos que impul¬sen la innovación y el logro de los propósitos del aprendizaje, tales como la escuela de jornada de tiempo completo; el fortalecimiento de la lectura, la escritura y las matemáticas; la enseñanza del idioma inglés, y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información.
• Promover la equidad como un principio de la transformación del sistema educativo.
• Lograr una adecuada articulación del sistema educativo en todos sus niveles con las necesidades del desarrollo económico y social del país.
• Fomentar la asociación del proceso educativo con el desarrollo de las artes y la cultura, así como con la promoción de los valores humanos.
• Consolidar el federalismo mediante un sentido de corresponsabilidad de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal con los propósitos de la política educativa.
• Fortalecer los mecanismos de evaluación para la mejora de la calidad educativa
• Alentar la participación de la sociedad y de los padres de familia en los procesos de mejora de la calidad de las escuelas y del sistema educativo en todos sus niveles.
• Fortalecer la educación básica mediante el impulso de una nueva agenda de reformas que permitan atender adecuadamente los retos de cobertura, calidad y eficiencia.
• Concretar la reforma constitucional que garantice la obligatoriedad de la educación media superior y el bachillerato.
• Nos pronunciamos por una revisión de la estructura orgánica y funcionamiento administrativo de la Secretaría de Educación Pública.
Sociedad del conocimiento
Promover una agenda digital es fundamental en el contexto de la sociedad del conocimiento, por lo cual proponemos ampliar la inversión e investigación en ciencia y tecnología para impulsar una mejor educación y capacitación que fortalezca el desarrollo humano, contribuir a los mecanismos de transparencia y gobierno electrónico, mejorar los servicios de salud y fomentar la digitalización en la economía para hacerla moderna, dinámica e incluyente.
Es necesario disminuir la brecha tecnológica, por lo que proponemos la universalización del acceso a internet y el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), garantizando la protección y seguridad de los cibernautas.
Impulsaremos la inclusión de todos los mexicanos en la agenda digital de la Coalición, de manera que la generación, apropiación y aplicación de la información y el conocimiento se convierta en una herramienta pro¬ductiva que, además de crear riqueza, contribuya a la formación integral de las personas.
Cultura
La cultura en su más amplia expresión es parte inherente de la calidad de vida de los ciudadanos. La Coalición tiene un compromiso fundamental con el impulso a la cultura como factor de identidad nacional, como vehículo para fortalecer la cohesión social y como instrumento de elevación de la calidad de la democracia. Es un enlace de comunicación de la sociedad, un valor insustituible de la democracia, de la ciudadanía plena y de la seguridad humana. Se garantizará la producción libre de la cultura y el acceso ciudadano a la misma como una obligación del Estado. Para ello, será necesario:
• Consolidar un sistema nacional de estímulos a la generación y preservación de las diversas expresiones culturales, con apoyos efectivos, transparentes a los creadores, promotores y preservadores del antiguo y el nuevo patrimonio cultural de la nación.
• Impulsar un sistema federalista de promoción y fomento cultural que permita la transferencia de recursos a estados y municipios, para la creación, preservación y cuidado de las diversas expresiones culturales y sus productos, así como de las actividades de promoción y desarrollo del talento.
• Fortalecer la vertiente cultural del sistema educativo, en particular de las instituciones de educación superior. Fomentaremos el apoyo a las instituciones culturales que son producto de la iniciativa de la sociedad civil y contribuyen a incrementar el acervo nacional, así como reconocer y estimular las contribuciones que el sector privado realiza para el acceso público y desarrollo de la cultura, en valores universales de la misma.
La difusión de la cultura es esencial para garantizar la socialización del trabajo de los creadores. Daremos el respaldo necesario a las tareas de divulgación que desde las instituciones públicas especializadas, de la sociedad civil y el sector privado se realicen en beneficio de la nación.
Proponemos la actualización y la modernización de la política cultural. Impulsaremos una nueva política de Estado que promueva y garantice la libertad creativa; la universalidad de las diversas manifestaciones, el reconocimiento y desarrollo de las expresiones de
una nación multicultural y pluriétnica, para que la ac¬ción del Estado repercuta en un mayor nivel cultural de la población, en una mejor calidad de vida, mayor armonía social y más amplia y profunda convivencia comunitaria.
Deporte
La actividad física y deportiva tiene una influencia posi¬tiva en la calidad de vida de las personas, desde la niñez hasta la plenitud. En la Coalición buscamos abordar el tema del deporte como pilar de la salud pública sin dejar de lado su vertiente de entretenimiento y esparcimiento; así como su efecto recuperador del tejido social, de sus potencialidades competitivas en el ámbito amateur y de turismo deportivo. El deporte debe ser una palanca más del desarrollo humano y la integración social.
Con el impulso al deporte contribuiremos a la re¬ducción de la obesidad infantil mediante la obligato¬riedad y profundización en los programas de educación física y cultura del deporte dentro del Sistema Educativo Nacional, con una vigilancia adecuada para evitar riesgos en la salud de los niños. Asimismo daremos impulso a la inclusión del deporte y la actividad física como elemento clave del desarrollo en todas las etapas de la vida.
Las actividades deportivas comunitarias son tan im¬portantes como las educativas para fortalecer el tejido social. Junto a las entidades y los municipios, impulsa¬remos desde la federación la creación de programas lo¬cales para la construcción y rescate de espacios públicos propicios a la práctica del deporte comunitario con la intención de favorecer la integración y la cohesión fami¬liar ante amenazas como la delincuencia y las adicciones.
En lo competitivo, la inversión pública debe atender todas las fuentes que den prestigio, ejemplo y orgullo de las capacidades de la nación mexicana; en lo fun¬damental se deberá dar prioridad al deporte amateur generado en el sistema educativo, para recuperar sus valores formativos sin menoscabo del apoyo del deporte de alto perfil surgido desde las organizaciones especializadas de la sociedad y las instancias de gobierno municipal y local.
Vamos a alcanzar un desarrollo regional equilibrado
Un nuevo modelo federalista de combate productivo a la pobreza
Para elevar el nivel de vida y reducir la pobreza en las zonas rurales y los polígonos urbanos más pobres del país, se seguirá una nueva estrategia basada en la redistribución progresiva del gasto social para romper los factores estructurales que limitan su integración al desarrollo y que fortalezca la cohesión social, impulse la creación de infraestructura y proyectos productivos, y retome la participación corresponsable de la comunidad.
El gobierno federal deberá enfocar sus energías en acciones que rompan las condiciones estructurales que mantienen a las zonas y regiones del país de alta y muy alta marginalidad en una situación de rezago, a través de un fondo que impulse su desarrollo económico y productivo.
La Coalición propone la creación de una segunda generación de programas de desarrollo social que, de¬jando atrás la visión meramente asistencial, se convierta en proyectos o en programas productivos, que permitan incorporar al desarrollo a la población menos favorecida, generar empleo y reactivar la actividad económica, a través de microcréditos, créditos a la palabra y apoyos directos para el desarrollo de empresas sociales.
Apoyo a la economía social
Se debe frenar el deterioro económico de los pequeños productores, artesanos, trabajadores independientes y empresas sociales. Con el concurso de las entidades y municipios se deberán crear alternativas de apoyo a actividades productivas, financiamiento, microcrédito a tasa social, capital de riesgo y micro-seguros.
Los programas asistenciales que hasta ahora no han dado resultado deben cambiar su enfoque con un sentido productivo y atender, en forma prioritaria, a la población más vulnerable en las zonas de mayor rezago. Eso se logrará con la coordinación y acción conjunta de los tres órdenes gobierno.
Se incorporará la vertiente de impulso al empleo y a las actividades productivas del sector social, como un eje del desarrollo social. Para ello, se integrarán bajo una sola institución todos los programas, hoy dispersos, de apoyo a la formación, capacitación, y financiamiento a los individuos y empresas sociales en condiciones de pobreza.
Programa nacional de ciudades con calidad de vida
Para atender los retos del desarrollo urbano, de equipa¬miento y ordenación territorial, se deben fortalecer las capacidades locales y municipales. La federación debe asumir la responsabilidad de apoyar a las entidades, municipios y comunidades para ampliar y mejorar in¬fraestructura y servicios públicos, impulsar el transporte digno de pasajeros, mejores vialidades y manejo de residuos, rescate de espacios para la recreación, integración y convivencia comunitaria, así como mecanismos preventivos de protección civil; todo lo anterior con atención especial en las zonas metropolitanas.
Vamos a erradicar la discriminación y la exclusión para garantizar la equidad
Nueva política de atención a la juventud.
Construiremos una nueva propuesta de atención a los jóvenes. La viabilidad como nación se fundamenta en la existencia de una población joven con las capacidades necesarias para insertarse competitivamente al mercado, con educación, salud, opciones recreativas y apoyos que permitan obtener un empleo digno.
Para apoyar la permanencia escolar, ampliaremos la infraestructura y calidad de los servicios educativos, para garantizar el acceso a la educación media y media superior; apoyaremos a quienes deseen continuar estudiando, con programas de becas, y opciones de educación alternativa para quienes tienen necesidad de incorporarse al mercado laboral; y promoveremos acciones de apoyo al cuidado infantil, de las jóvenes madres de familia que requieren seguir estudiando.
Fomentaremos la conexión productiva corresponsable de los futuros profesionistas en el mercado laboral mediante el servicio social remunerado. Impulsaremos el apoyo a las empresas sociales de jóvenes, y a quienes les contraten, a través de programas de primer empleo.
Promoveremos el acceso de los jóvenes a la cultura, desde los diferentes ámbitos en que se ubique su acti¬vidad central: el aula, el empleo o la comunidad. De igual forma, abriremos espacios de exposición para las iniciativas de desarrollo artístico de los jóvenes.
Propondremos nuevos esquemas de orientación juvenil para fomentar la prevención contra adicciones, y para difundir la información sobre salud reproductiva y edu¬cación sexual que les permita una vida libre y responsable. El problema de las adicciones debe fortalecer su enfoque como problema de salud pública para incrementar los tratamientos financiados por el Estado para la recuperación de jóvenes víctimas de la farmacodependencia.
Desarrollar una política integral de atención a la mujer
La desigualdad de oportunidades entre mujeres y hom¬bres afecta a toda la sociedad. Esa brecha impide el de¬sarrollo pleno de México. La condición de género no hace por sí misma vulnerables a las mujeres, pero ellas enfrentan una situación generalizada de desventaja deri¬vada de una cultura de discriminación, subordinación y exclusión histórica de los beneficios del desarrollo eco¬nómico, político y social, que las afecta especialmente.
Las mujeres con educación media superior y superior ganan menos que los hombres quienes, en la misma condición, prestan servicios o trabajan en algún lugar. Lo anterior también se agrava debido a que cuatro de cada diez mujeres que laboran reciben un pago por su trabajo, mientras que el resto no lo tiene. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es uno de los propósitos centrales para lograr una sociedad equitativa, justa y libre de discriminación.
Es necesario promover el acceso de niñas, jóvenes y mujeres a todos los niveles educativos y asegurar su permanencia en el sistema educativo, especialmente en el medio rural y en las zonas urbanas pobres, con apoyos económicos que garanticen la permanencia de niñas y adolescentes al menos hasta el nivel bachillerato.
Se desarrollará una política integral de atención a la mujer. Tenemos que hacer de la perspectiva y enfoque de género una constante de todos los programas guber¬namentales para lograr la incorporación de las mujeres al desarrollo, incluyendo una reforma laboral que ase¬gure mayor igualdad: políticas públicas para el cuidado infantil seguro, para la prevención y erradicación de la violencia, y para lograr las escuelas de tiempo completo y otras facilidades para las madres trabajadoras.
Garantizar la protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes
Asumimos que es tarea fundamental del Estado orde¬nar, administrar y garantizar la seguridad a cada persona involucrada en el fenómeno de la migración internacional y establecer los acuerdos regionales necesarios para proteger a los mexicanos en el exterior, así como a los transmigrantes que cruzan nuestro territorio nacional. De igual forma, tenemos que enaltecer el papel de las organizaciones y los defensores de los derechos humanos que protegen y atienden a los migrantes en todo este proceso, garantizando una convivencia armónica entre las acciones de gobierno y sus actividades.
La pobreza y carencia de oportunidades está íntima¬mente asociada al fenómeno migratorio. México es un país de expulsión, tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo que entendemos como tarea fundamental del Estado mexicano atender el tema migratorio con un enfoque regional, consolidando una política de Estado en la materia que atienda las vulnerabilidades asociadas a la migración y garantice que los migrantes de todo el mundo, y particularmente de Centro América y el Caribe, en nuestro territorio verán protegidos sus derechos fundamentales.
Todo ello impulsando una política integral del ámbito migratorio que sea moderna, eficaz y congruente con nuestra realidad, que privilegie el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, y asuma a la migración no como un problema sino como un fenómeno de orden mundial.
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable es el principio sobre el cual las sociedades deben organizar sus actividades para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan atender las suyas.
En efecto, la naturaleza es el sustento y la base de la vida humana; sin embargo, cuando el hombre explota los recursos naturales por encima de la capacidad de la misma de reponerlos, éstos terminan por agotarse, poniendo en riesgo el bienestar y, en última instancia, la sobrevivencia de las futuras generaciones.
El desarrollo sustentable es una condición necesaria para la supervivencia de la nación. La Coalición es consciente de la función que el Estado y el gobierno deben realizar para establecer mecanismo efectivos de preservación del ambiente y recursos naturales, sin comprometer el desarrollo económico y el bienestar humano. Los retos ambientales que enfrenta el país son tan grandes que pueden, en última instancia, llegar a poner en riesgo la gobernabilidad del Estado, así como la calidad de vida presente y futura de su población.
Nos proponemos superar modelos de desarrollo caducos que no han resuelto la desigualdad económica y social y que sí han agravado los problemas ambientales, al generar mayor pobreza, explosión demográfica y sobrexplotación de recursos.
Ello han contribuido a instalar ya como temas de seguridad nacional el cambio climático; la contaminación del suelo, aire y agua potable; la pérdida de biodiversidad, con su destrucción de hábitats y especies; la de¬forestación y desertificación; la contaminación de ríos, mares y océanos, agotando sus recursos; y el aumento y manejo inadecuado de residuos sólidos y peligrosos en los asentamientos humanos.
Nos proponemos, con el concurso de empresas, orga¬nizaciones y ciudadanos, instrumentar, a nivel nacional y de manera efectiva, políticas de Estado que compati¬bilicen el quehacer económico y el desarrollo social con la sustentabilidad ambiental.
Hay que cumplir y hacer cumplir el cuidado y la sos¬tenibilidad de nuestro medio ambiente. Es derecho de todos tener un ambiente sano; y es una responsabilidad de todos asegurar su sustentabilidad para las próximas generaciones. Una y otra son acciones a atender desde ahora, con urgencia y talento.
México participará de una manera más activa en los organismos multilaterales con objeto de coadyuvar en la reglamentación y afinación de políticas globales que tengan como fin el combate al calentamiento global y la preservación de un mundo más ecológico.
Para avanzar en este sentido, es necesario actualizar el marco legal e institucional para el cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido, así como el diseño de políticas públicas y compromisos con los sectores privado y social que permitan integrar los objetivos ambientales, sociales y económicos del país.
Marco legal e institucional
México no es un país desprotegido en materia ambien¬tal. Contamos con leyes y reglamentos, instituciones e instrumentos, procesos y procedimientos administrati¬vos y penales, tanto federales como estatales. En 1996 se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y con ella se generó la mayoría de legislación sectorial aún vigente. Pero ante los más recientes deterioros, habremos de actualizar nuestros marcos legal e institucional. Son prioridades:
• Promover la creación de la Ley General de Cambio Climático, integrando en ella el enfoque multilateral en la solución del problema. México sólo contribuye con 1.6% de los gases de efecto invernadero (GEI), en tanto que entre China y Estados Unidos generan cerca de 42% del total y mientras que nuestro país sí ha firmado el Proto¬colo de Kyoto y está dispuesto a asumir sus res¬ponsabilidades, estos dos países no lo han hecho.
• Promover reformas al marco legal nacional que favorezcan la inversión privada en sectores econó¬micos ambientales con respeto al medio ambiente.
• Impulsar la actualización de la legislación am¬biental con un horizonte estratégico de certidumbre para las siguientes generaciones de mexicanos; tanto la Ley (LGEEPA), como sus reglamentos y legislación sectorial asociada. Promover su homo¬logación en las entidades federativas.
• Impulsar políticas fiscales para hacer operativo el principio del que contamina paga y que éstas impulsen actividades sustentables y de remedio ambiental.
• Analizar y revisar los instrumentos fiscales desde una perspectiva ambiental y económica, para eliminar los subsidios perjudiciales al medio am¬biente e incentivar las actividades que aseguren sustentabilidad ambiental.
• Ampliar la concertación con los sectores social y privado, con la finalidad de desarrollar una gestión ambiental confiable, oportuna y eficiente. Para lo cual deberá consolidarse la vinculación con el sector educativo y de investigación científica y desarrollo tecnológico.
>Fortalecer y mejorar la planeación ambiental a través de la integración de los aspectos ambientales en las políticas nacionales y sectoriales.
>Promover la actualización de estructuras y funcio¬nes de las instituciones del sector ambiental del país. Resolver los rezagos existentes en varias de ellas.
>Impulsar una mayor descentralización de funciones ambientales a entidades federativas y municipios, adecuando la legislación ambiental pertinente.
>Reforzar la integración entre los tres órdenes de go¬bierno para optimizar la coordinación institucional.
Cambio climático
Tenemos la responsabilidad de heredar a las generaciones futuras un entorno igual o mejor que el nuestro. Uno de los retos más importantes es el cambio climático, tanto por sus consecuencias negativas, como por los recursos económicos que se requiere destinar para hacerle frente.
En todo el mundo, los cambios en los patrones de temperatura han provocado que los climas sean más ex¬tremos, las lluvias sean torrenciales, el frío y calor más intensos y los vientos más agresivos. El cambio climático que hemos experimentado es resultado de la contaminación en el aire, en la tierra y en el agua, y es hora de que nos avoquemos a llevar a cabo todas las acciones posibles para detener sus efectos y procurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un ambiente sano.
Es por ello que nos comprometemos a:
• Impulsar políticas de Estado que permitan transitar a una economía de baja generación de carbono, asegurando el crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades.
• La estrategia nacional de cambio climático
deberá incluir políticas públicas con metas claras, planes coherentes, y fondos y presupuestos propios, estableciendo metas, tiempos de cumplimiento y mecanismos de satisfacción acordes al impacto que los sectores energético, de transporte, industrial, agrícola y de edificación urbana tienen en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
• Desarrollar acciones institucionales de monitoreo de las actividades económicas que generan más emisiones de GEI. Y así establecer y evaluar las acciones más pertinentes y oportunas de reducción y mitigación. Estas acciones deberán traducirse en beneficios ambientales, económicos y sociales.
• Orientar la estrategia de reducción de GEI a los sectores que aportan los mayores porcentajes de emisiones: 1) energía y transporte (60.7%); 2) re¬siduos (14.1%); 3) forestería y cambios de uso de suelo (9.9%); 4) procesos industriales (9%); y 5) agricultura y ganadería (6.4%).
• Comenzar por los sectores de mayor potencial de reducción a menor costo y culminar en los que representan los costos más elevados y los menores beneficios ambientales, establecer medidas y estrategias regionalizadas de mitigación y adaptación:
En el sector energético:
• Eficiencia energética en el alumbrado público.
• Mejoras en la generación y uso de energía;
• desarrollo, producción y uso de energías renovables.
• Aprovechamiento de energía desperdiciada en los procesos de refinación de Pemex.
• Reducción en el venteo de gas en instalaciones de Pemex.
• Mecanismos de cogeneración de electricidad Pemex-CFE.
• Recuperación de energía en la producción y ge¬neración eléctrica.
En el sector transporte:
• Regulación del rendimiento de vehículos ligeros, del transporte automotor ligero a diesel y elimi¬nación de vehículos chatarra.
• Infraestructura ferroviaria como transporte mul¬timodal.
• Transporte urbano público moderno.
• Financiamiento a sistemas de transporte público mediante un fondo preferente instituible mediante gravámenes ecológicos.
• Norma de eficiencia energética y de compuestos de efecto invernadero para vehículos ligeros.
En el sector de manejo de residuos:
• Establecimiento de mayor y mejor infraestructura de depósitos.
• Aprovechamiento de residuos sólidos en reúso, reciclaje y minimización.
• Aprovechamiento de residuos orgánicos en com¬postas y producción de energías.
• Mejoras en las descargas y tratamiento de aguas residuales.
En el área de deforestación y los cambios de uso de suelo:
• Detención de la deforestación y degradación del suelo (incluidas medidas administrativas y penales).
• Prácticas de reforestación.
• Prácticas sustentables de manejo forestal y vida silvestre.
• Condiciones e instrumentos para ampliar la co¬bertura forestal.
• Plantaciones forestales comerciales.
• Protección de ecosistemas naturales mediante
• Áreas naturales protegidas.
• Pago por servicios ambientales.
• Mejoras en el uso y cambio de uso del suelo.
En el sector agrícola y ganadero:
• Mejoramiento de las prácticas agrícolas y ganaderas.
• Fomento de prácticas agropecuarias sustentables.
• Reconversión productiva (recuperación de tierras degradadas con cultivos perennes y diversificados).
En el sector de la construcción:
• Programas voluntarios para promover edificios sustentables.
• Introducción de la edificación sustentable en la planeación urbana.
• Inclusión de criterios de sustentabilidad en los reglamentos de construcción.
• Impulso a leyes y normas sobre desempeño am¬biental de productos para la construcción.
• Fomento de la edificación bioclimática por regiones climáticas: templada, cálida-seca, cálida-sub-húmeda y cálida húmeda.
• Sistemas de aprovechamiento de aguas residuales, separación de aguas grises y negras y tratamiento previo a las descargas en el drenaje municipal.
• Impulso al desarrollo de un sistema de evaluación e indicadores que permitan valorar los avances de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y actualizar periódicamente la estrategia y los programas federales y estatales.
• Adopción de medidas para proteger a la pobla¬ción y sus bienes de desastres provocados por el cambio climático. Acelerar la construcción de in¬fraestructura para enfrentar inundaciones y otros desastres en las zonas del territorio nacional más vulnerables a este fenómeno.
• Propiciar la obtención de mayores recursos financieros y tecnológicos internacionales para impulsar medidas de adaptación y mitigación en el país.
En los siguientes apartados se contextualizan, amplían y precisan las acciones prioritarias establecidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático que la Coalición propone desarrollar.
Biodiversidad y manejo sustentable de los recursos naturales
Las regiones que no atiendan y repongan su dotación de recursos naturales están en riesgo de perderlos de forma irreversible y, con ello, comprometer su futura viabili¬dad. Se ha venido dejando de lado la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los recursos naturales. Es hora de que todos los mexicanos aportemos para prevenir, controlar, corregir y revertir los desequilibrios ambientales a que nos enfrentamos.
México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el planeta; para preservarla y aprovecharla, la Coalición propone una política estratégica que garantice el uso sustentable de la biodiversidad, y la protección, conservación y restauración de sus ecosiste¬mas. Como hemos sostenido, no es necesario afectar el desarrollo económico para preservar el medio ambiente; todo lo contrario, ya lo hemos hecho antes.
Para integrar una política estratégica, en la Coalición daremos la más alta prioridad a:
• Fortalecer e innovar la legislación conforme a las circunstancias nacionales y la ponderación de responsabilidad local en los fenómenos globales.
• Actualizar la regulación ambiental de protección del patrimonio biótico, el cual, con el desarrollo de la ciencia y la biotecnología, habrá de aportar beneficios tanto para la investigación científica como para el desarrollo económico y social.
• Compartir con organizaciones privadas y sociales el enfoque del desarrollo sustentable, propiciar la constante actualización del marco normativo y el mejoramiento continuo de los programas públi¬cos y privados.
Áreas naturales protegidas:
• Con el concurso de los tres niveles de gobierno y de la sociedad, incrementar, ampliar y mejorar las áreas naturales protegidas del territorio nacional y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estimulando la participación social en su manejo con el objetivo de que sus actividades económicas beneficien a sus habitantes.
• Preservar los ambientes naturales de las diferentes regiones y de los ecosistemas más frágiles.
Protección de bosques y selvas:
• Promover el desarrollo forestal sustentable que permita reducir hasta eliminar la deforestación alarmante del país y evitar la degradación de suelos.
• Aplicar una política más incisiva en materia de protección de los bosques del país y reforzar el cumplimiento de la ley en el tema de tala ilegal.
• Potenciar los programas de reforestación en el país, privilegiando la reforestación protectora y oportunidades económicas para los mexicanos propietarios de bosques y selvas comprometidos con la sustentabilidad.
• Proteger los bosques para evitar la desertificación de zonas productivas.
Reforzar la protección de los suelos:
• Fortalecer los programas de conservación del suelo y de mejores prácticas culturales y económicas de uso del suelo con asistencia técnica y servicios de transferencia de tecnología.
• Fortalecer los programas y aportes que se hacen al campo para que no se agote la producción del suelo.
• Apoyar a empresas que fomenten el uso de pro¬ductos biodegradables y naturales.
• Evitar el uso de pesticidas y químicos tóxicos o dañinos para nuestro suelo.
Conservar y proteger la vida silvestre:
• Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la ley en el tema de caza furtiva y tráfico de especies de flora y fauna.
• Impulsar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incorporar el sector pesquero a la Secretaría del Medio Am¬biente y Recursos Naturales.
• Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres.
• Preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial.
• Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la ley
en el tema de caza furtiva y tráfico de especies de flora y fauna.
Mejorar procesos y artes de pesca:
• Promover la reforma de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables para prohibir el uso de artes de pesca no selectiva para la pesca de altura y mediana en todo el territorio nacional, para reducir la sobreexplotación de recursos pesqueros y las capturas incidentales de fauna de acompañamiento.
Restauración de ecosistemas:
• Incrementar sustancialmente las actividades de res¬tauración de ecosistemas prioritarios y estratégicos.
• Establecer el principio de quien dañe el ecosistema, deberá costear las acciones de remediación.
• Integrar la visión del ecosistema en la planeación, desarrollo y operación de proyectos turísticos y explotaciones económicas sustentables.
Protección de ecosistemas acuáticos:
• Fortalecer de manera significativa la protección de manglares, lagunas, esteros, deltas de ríos, zonas costeras y arrecifes de coral por tratarse de eco¬sistemas fundamentales por las actividades eco¬nómicas que permiten desarrollar y los servicios ambientales que proveen.
Mayor empleo e impulso de instrumentos económicos ambientales:
• Incrementar la utilización de nuevos instrumentos y modalidades para la conservación como: pago por servicios ambientales; corredores biológicos; áreas privadas; certificación de uso sustentable; y otros.
• Desarrollar e introducir nuevos instrumentos económicos en áreas de manejo de recursos naturales.
• Estimular el fortalecimiento de un mercado de servicios ambientales en México que genere empleos e ingresos para las comunidades rurales que proveen servicios ambientales y para las comunidades costeras fomentando, entre otras, industrias como la de observación de ballenas en sitios estratégicos, servicios ecoturísticos hacia santuarios de especies protegidas como la mariposa Monarca o las actividades de pesca deportiva ecológica, entre otras.
Cuidar el agua
El agua es uno de los elementos de la naturaleza más importantes para la vida humana. Sin embargo, este recurso vital no es inagotable ni renovable. Además, el incremento de la población hace que su dotación sea cada vez más escasa y que aumenten los problemas en su distribución.
Por tratarse de un recurso estratégico para el desarrollo económico y social del país, es indispensable:
• Mejorar la legislación en materia de agua, parti¬cularmente en reglamentaciones específicas para beneficiar a estados y municipios.
• Evitar la sobreexplotación de acuíferos, pasando a una administración por cuencas hidrológicas.
• Controlar y evitar las fugas en las redes de distribución.
• Establecer medidas para prevenir la contaminación del agua, impulsar el tratamiento de aguas residuales y evitar el mal uso del recurso por parte de la población.
• Fortalecer el Programa de Plantas de Tratamiento en el Presupuesto.
• Mejorar las redes de distribución y abasto para
que el agua llegue a todos por igual sin importar el lugar ni el nivel económico.
• Modernizar los métodos de irrigación dado el alto volumen de agua que utiliza la agricultura, a tra¬vés de la construcción de nueva infraestructura que permita ampliar la superficie de almacena¬miento, distribución y riego.
• Fomentar las estructuras de captación de aguas pluviales en la planeación urbana de zonas me¬tropolitanas y en la construcción de edificaciones inteligentes y sustentables.
Manejo integral de los residuos
Hoy en día, en México menos de 20% de los rellenos sanitarios operan bajo las normas oficiales y aproxima¬damente 30% de la basura a nivel nacional permanece a cielo abierto. Ante ello, la Coalición propone:
Impulsar una política nacional con un enfoque integral que establezca simultáneamente medidas de prevención en la generación de residuos y de disposición adecuada de los mismos. Esta política habrá de establecer acciones y medidas agresivas de recolección, reutilización y reciclaje de desechos que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, así como a generar empleos y apoyar el tránsito hacia un desarrollo sustentable.
• Involucrar a todos los sectores de la sociedad para que cada uno de ellos asuma corresponsablemen¬te su rol en el diseño y puesta en práctica de los sistemas de manejo integral de los residuos en sus ámbitos de competencia.
• Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de manejo integral de residuos para favorecer su gestión adecuada entre los tres niveles de gobierno, así como la ubicación conveniente de las instalaciones para ello.
• Articular efectiva y corresponsablemente a las instituciones competentes en las distintas materias que involucra la gestión integral de los residuos.
• Diseñar e instrumentar planes y programas municipales de gestión integral de residuos proporcionándoles apoyo técnico y financiero. Iniciar con proyectos piloto en municipios estratégicos.
• Establecer sistemas de gestión integral de los residuos que logren el balance indispensable de eficacia ambiental y económica, viabilidad técnica y aceptación social.
• Promover y desarrollar mercados para la comercialización de materiales reciclados, composta y biogás.
• Promover la conformación de empresas de re¬cuperación de residuos e incentivar económica¬mente a aquellas que instrumenten programas de aprovechamiento de los mismos y desincentivar a las que no lo hacen.
• Establecer un sistema de pagos por servicios de manejo integral de los residuos para quienes los generen, tomando en cuenta la cantidad generada y las circunstancias particulares de cada localidad.
• Fomentar a la investigación y desarrollo de métodos de reciclado y tratamiento de residuos.
• Implementar recursos y programas de clasifica¬ción y reciclado de basura en los municipios.
• Evaluar los sitios contaminados por residuos para determinar prioridades de restauración en función de los posibles riesgos a la salud y al ambiente.
• Diseñar, instrumentar y gestionar campañas de comunicación y educación masiva con medios de comunicación e instituciones educativas para la ejecución de un programa nacional de reciclaje de basura.
• Diseñar programas de educación ambiental e in¬volucrar a todas las escuelas y localidades del país y que éstos sean constantes y consistentes.
Planeación y ordenamiento territorial
En las últimas décadas, el crecimiento poblacional en México se ha llevado a cabo a un ritmo acelerado; las zonas urbanas se extienden rápidamente, superando los límites de las ciudades, uniéndose a otras en un proceso de expansión que da lugar a la creación de zonas me¬tropolitanas; éstas se convierten en responsabilidades compartidas entre diferentes municipios y entidades federativas.
El desarrollo supone importantes planteamientos en el diseño de estrategias para el crecimiento de las ciuda¬des y sus necesidades. Para ello proponemos:
• Impulsar un programa de centros históricos libres de vehículos automotores que fomente el uso de transportes alternativos.
• Creación de áreas verdes, y difusión de proyectos ecológicos en las ciudades.
• Promover la captación y tratamiento del agua de lluvia y el establecimiento de medidas para evitar su desperdicio en los sistemas urbanos.
• Incentivar la reutilización del agua tratada en acti¬vidades agrícolas, industriales, recarga de acuíferos y riego de áreas verdes.
• Promover obras orientadas a la sustantiva amplia¬ción de áreas verdes para mejorar la calidad de vida.
• Combatir las fugas de agua en las zonas urbanas, a través del mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura intermunicipal.
• Impulsar un Programa de Ciudades Ambiental y Socialmente Sustentables que promueva la me¬todología y estándares mínimos en materia de gobernanza ambiental, agua, aire, residuos, suelo y cambio climático.
Educación e Investigación
Cuidar del medio ambiente necesita de la utilización de nuevas tecnologías y de una constante investigación. La implementación de tecnología debe ser un factor que intervenga para hacer más eficaz el esfuerzo de resarcir los daños efectuados en los suelos, el agua y todos los ecosistemas. Es una herramienta que contribuye con la tarea de cuidar el medio en el que vivimos. Además, es posible dirigir los avances tecnológicos hacia las ac¬tividades que impulsan la economía nacional en forma ecológica.
Es prioritario involucrar a los organismos nacionales de investigación y a las instituciones académicas en los procesos de planeación ambiental gubernamental, así como en el diseño y ejecución de proyectos ambientales de los distintos sectores productivos. Es por lo anterior que la Coalición propone:
• Destinar los recursos necesarios para el estudio y la difusión de líneas de investigación en universidades, centros de estudio, fundaciones y asociaciones en general relacionadas con la educación e investigación de la temática ambiental.
• Incorporar los temas de conservación y cuidado del medio ambiente en los diversos ciclos educa¬tivos, especialmente en el nivel básico.
• Promover la formación de especialistas altamente calificados en materia ambiental.
Fomentar la investigación científica y promover programas para el desarrollo de técnicas y pro¬cedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovecha¬miento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, así como diseñar las mejores medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
• Promover en las instituciones de educación su¬perior proyectos de investigación aplicada para la generación de energías alternativas.
• Promover la aplicación de nuevas tecnologías en el campo para utilizar eficientemente el uso de recursos naturales.
• Impulsar el uso de nuevas tecnologías para proveer de servicios a las urbes junto con la imple¬mentación de alternativas ecológicas de produc¬ción de energía para que los métodos existentes de producción sean más eficientes.
En conjunto, las propuestas de la Coalición para integrar una política ambiental sustentable plantean lograr beneficios de impacto social, económico y ambiental en los niveles local, nacional y global, con la participación del sector privado y las organizaciones sociales que mejoren la competitividad, con base en aportaciones científicas y tecnológicas que promuevan la innovación productiva amigable con la naturaleza, la cultura del cuidado del medio ambiente y las actividades económicas y sociales realmente sustentables.
MÉXICO EN EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL
El sistema internacional está en plena transformación, con una configuración multipolar. La capacidad de los países no se mide sólo de la forma tradicional (a partir de fortaleza militar, población o variables económicas), sino que, progresivamente, el poder está más distribuido entre diversos actores, nacionales unos y organizacionales otros.
En el caso de México, su posición geográfica, la composición de sus relaciones internacionales y su economía, le plantean desafíos inéditos para enfrentar la nueva configuración del sistema internacional. México tiene una gran dependencia de Estados Unidos y cualquier variación en el escenario de su principal socio le afecta más que proporcionalmente. Por otra parte, el país ha perdido capacidad de maniobra en América Latina, particularmente en el Cono Sur, la alianza con Europa es escasamente relevante en este momento y los contactos con Asia tienen un alcance aún muy reducido.
Ante ello, la política exterior tiene que recuperarse como una política de Estado, que le abra al país nuevas oportunidades, recobre la promoción de nuestros intereses y transforme el respeto que aún se tiene en la comunidad de las naciones, por medio de mejores ac¬ciones e instrumentos de cooperación, financiamiento y promoción del desarrollo.
La imagen de México se ha deteriorado en el mundo a raíz de la “guerra contra el narcotráfico”. Si bien el país sigue siendo una potencia media, un país importante en América Latina y una economía que ocupa un lugar entre las primeras quince del mundo, la percepción externa sugiere un país en donde el Estado de derecho está a prueba, la democracia es frágil, la política es ambigua, la desigualdad es apabullante y hay miles de muertos sin que se haya declarado una guerra civil. Son muchos los claroscuros en la imagen internacional de México que requieren ser corregidos con una concepción distinta de nuestras relaciones internacionales.
México necesita modernizar su concepto de soberanía. La cual se ha modificado en el mundo como producto de la globalización, y al menos tres de los grandes problemas de este país –migración, combate al narco¬tráfico y cambio climático– obligan a pensarla de forma distinta, con más énfasis en la cooperación y menos en la autarquía. En ese sentido, es importante actualizar los instrumentos de la política exterior mexicana y ubicarlos en el nuevo escenario.
En el tema de la migración, México tiene una triple identidad: país de expulsión (el más importante del mundo), país de transito y país de acogida de migran¬tes, particularmente centroamericanos. Tan importante como asumir de mejor manera la defensa de nuestros connacionales en el exterior, lo es atender la problemática derivada de quienes transitan o se quedan en el país.
Es momento de que México defina de manera clara cómo quiere participar en el sistema internacional. Con soberanía, con dignidad, con principios y objetivos cla¬ros. Una vez que decida esto, México deberá actuar de manera estratégica. Sin duda es un país grande, rico, con una intersección geopolítica envidiable, y con una amplia participación en los tratados internacionales fundamentales de la comunidad de naciones, pero eso no es todo lo que se necesita para alcanzar y sostener nuestro lugar en el mundo. Lo más importante es tener claros los objetivos de largo plazo y también la convicción de qué es lo que se quiere lograr.
Es urgente fortalecer nuestra política exterior con objetivos que vayan acordes a la política que debemos seguir en el interior, y con una diplomacia preventiva que se adelante a los problemas y los atienda oportunamente. La Coalición está decidida a retomar los rumbos y la iniciativa perdidos y forjar una política exterior que proyecte a México en todas sus potencialidades y promueva nuestros intereses vitales.
Objetivos de la política exterior
Nuestra nueva política exterior se formulará con visión estratégica de largo plazo y con una clara definición de los objetivos –políticos, económicos y sociales– a alcanzar:
• Participar de manera responsable en la escena in¬ternacional a fin de coadyuvar al control y com¬bate de amenazas de carácter global como la crisis financiera internacional, el crimen organizado, el cambio climático, la crisis alimentaria, la pobreza, la proliferación de pandemias y el terrorismo.
• Impulsar la atracción de inversión extranjera di¬recta y promover el comercio exterior, garantizando que estos procesos se acompañen de transferencia tecnológica, del uso de insumos nacionales en la producción y de capacitación de nuestros recursos humanos. Para tal efecto, es indispensable invertir internamente en educación de calidad, tecnologías y desarrollo de infraestructura.
• Intensificar la participación en los organismos económicos multilaterales y auspiciar las reformas y regulaciones necesarias del sistema financiero transnacional.
• Fortalecer los acuerdos y la cooperación de estra¬tegias en materia de seguridad, de lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el contra¬bando de armas, precursores químicos y bienes comerciales asociados, tanto con nuestros vecinos de América del Norte, como con los países de Centroamérica y el resto de América Latina. Apoyar que en ellos se legisle para sancionar el lavado de dinero, y que juntos mejoremos la confianza mutua para los intercambios de inteligencia e información confidencial.
• Dar atención prioritaria a los procesos migrato¬rios, tanto los que vienen del sur como los que parten al norte. Debemos desarrollar esquemas de responsabilidad compartida con los socios de nuestras fronteras para garantizarnos y garantizar legalidad, seguridad, trato digno y derechos hu¬manos.
• Ampliar y mejorar los servicios de defensa de los mexicanos en el exterior, velando por el res¬peto de sus derechos humanos y la observación del debido proceso en los casos de imputación judicial.
• Apuntalar la defensa de los derechos humanos, impulsar la universalización y mejora de las con¬venciones correspondientes y promocionar la legitimidad de los órganos de jurisdicción inter¬nacional reconocidos, cuidando siempre la no intervención.
• Contribuir a la construcción de una nueva ar¬quitectura de las principales instituciones multi¬nacionales, fortaleciendo su eficacia, su oportuna actuación y el cabal cumplimiento de sus acuer¬dos. Al efecto debemos asegurar nuestra presencia activa en ellas y hacer uso de los cargos rotatorios y de elección que corresponden a México.
• Participar activamente en las decisiones del G-20 para la instauración de pactos globales para el crecimiento con empleo, una fiscalidad interna¬cional más justa y reglas que cierren el paso a los paraísos fiscales, fuentes de evasión fiscal.
• Diversificar nuestras relaciones exteriores, buscando socios estratégicos que nos abran nuevos mercados, fuentes de inversión y tecnologías, que nos sitúen en redes de mayor gobernanza regio¬nal, continental, transnacional y global, y que contribuyan a superar asociaciones y relaciones ancestrales ya onerosas.
• Aprovechar la categoría de socios estratégicos que la UE nos ha otorgado para el impulso de nues¬tros intereses en esa zona del mundo.
Instrumentos para la nueva política exterior
• Impulsar la diplomacia cultural como medio privilegiado para refrendar relaciones sólidas y de largo plazo con otros países, así como para ser escuchados con atención en diversos foros multilaterales.
• Potenciar las actividades de la Agencia de Coope¬ración Internacional para el Desarrollo (AMEX¬CID), útil instrumento para amplificar relaciones con países de menor desarrollo relativo mediante programas de cooperación cultural, técnica, cien¬tífica, educativa, etcétera.
• Mejorar el diálogo oportuno con el Senado de la República. La diplomacia proactiva debe tra¬bajarse con los actores directamente involucrados y también, decisivamente, con el Senado de la República, el cual resuelve varios asuntos trascendentes de política exterior.
• Impulsar la diplomacia parlamentaria como eficaz coadyuvante en la promoción de los intereses nacionales y el acercamiento entre representantes populares, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos.
RELACIONES DE MÉXICO CON EL MUNDO
1.- Prioridades regionales
América del Norte
• Con Estados Unidos tenemos una intensa rela¬ción que debe estar sujeta a procesos continuos de adecuación a los distintos momentos de la po¬lítica de ambos países.
• Fortalecer la cooperación en los temas vinculados con el TLCAN, particularmente los problemas agudos del campo, el medio ambiente y la distribución de agua en la frontera, e ir dando solución a la problemática de las ciudades binacionales fronterizas.
• Nos pronunciamos contra toda forma de discri¬minación, racismo, intolerancia y violencia, en especial contra las políticas y legislaciones migratorias que fomentan la xenofobia y la inseguridad de los migrantes.
• La relación con Estados Unidos debe basarse en el diálogo, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la reciprocidad, el beneficio mutuo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos y diferencias en el tratamiento de los problemas bilaterales y globales.
• En materia de seguridad, nos pronunciamos enfáticamente por reforzar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ratificamos que hay que asegurar el clima de confianza mutuo que permita el intercambio de inteligencia e información confidencial. Confirmamos que se deben continuar los esfuerzos por disminuir el consumo de estupefacientes en ambos países, el lavado de dinero, y el tráfico de armas y precursores químicos a México.
• La población mexicana en Estados Unidos tiene limitantes para tener influencia política. Los consulados y la Embajada deben acercarse a esas comunidades y actuar como intermediarios entre las necesidades de los connacionales y las autori¬dades estadounidenses. Corresponde a las organi¬zaciones hispanas, tanto nacionales como locales, asumir los liderazgos frente a las autoridades es¬tadounidenses.
• Con Canadá se debe promover con mayor inten¬sidad el intercambio comercial, la inversión y el turismo, y se deben promover superiores formas de cooperación, así como continuar los esfuerzos de integración trilateral ya acordados.
• Ambos gobiernos debemos trabajar en la flexibi¬lización del visado, reduciendo su costo y facili¬tando el tránsito de viajeros.
• Nos pronunciamos por abordar el ámbito de la seguridad por ambos países, fomentando la capa¬citación en seguridad de fronteras y favoreciendo la cooperación en la implementación de reformas al aparato de justicia.
• Nos pronunciamos por un programa de trabajadores temporales, prestando especial atención a la protección de sus derechos humanos y a sus condiciones laborales.
América Central y el Caribe
Recuperar la relación que históricamente México ha tenido con esta región, particularmente en temas de in¬terés común –comercio, agricultura, migración indocu¬mentada, narcotráfico y crimen organizado–, así como en asuntos ligados al desarrollo en general.
• México debe retomar su interés por asistir a la región, en especial si se considera que la solución de muchos problemas requieren de soluciones y responsabilidades compartidas.
• Reconstruir la relación con Cuba en el marco de la integración económica, política, cultural y so¬cial de los países del área.
• Rescatar la relación con las naciones anglo y franco parlantes por medio de programas de asistencia técnica en materia de prevención de desastres naturales, salud y educación, entre otros. Las Reuniones Cumbre México-CARICOM deben fortalecer el acercamiento político con la región caribeña.
• Fortalecer la Estrategia de Seguridad en Centro¬américa, especialmente en temas de flujo de ar¬mas, trata de personas y secuestro de migrantes.
• Apoyar el desarrollo de la región más allá de los asuntos de seguridad. Fortaleceremos las relacio¬nes comerciales y educativas, la asistencia técnica y el acercamiento político.
• Estimular la actuación de los mecanismos de concertación política y apoyo económico que inciden en la región, tales como la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana y la Unión Europea.
América del Sur
Nos planteamos recuperar el acercamiento a esta zona aprovechando el nuevo escenario político, identificando los asuntos políticos, económicos y sociales de interés común. Volver a la coordinación y cooperación de nuestras acciones en el seno de los organismos multilaterales en donde actuamos conjuntamente.
• Reforzar la centralidad de la cooperación Sur-Sur, en la cual están focalizados la mayoría de los países de la
región. Con mayor iniciativa, se pueden aprovechar nichos para ampliar nuestra presencia y comercio.
• Adicional a lo comercial, México debe acercarse a la región con iniciativas de cooperación en temas como gobernabilidad global, derechos humanos, seguridad y justicia, reforma democrática de las instituciones y organizaciones internacionales, y combate al crimen organizado.
• Fortalecer la relación en los ámbitos económico y cultural, educativo y tecnológico, así como bus¬car concertaciones en medio ambiente y cambio climático.
• Construir una nueva relación con Brasil para for¬talecer las relaciones políticas, comerciales y de inversión con ese país y convertirlas en puente hacia la Comunidad Sudamericana de Naciones, el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Na¬ciones y los BRICs.
• Fortalecer los esquemas de cooperación e inter¬cambio comercial, científico y tecnológico con los países de la Comunidad Andina y reforzar los convenios de seguridad y combate al narcotráfico.
Europa
La relación México-Europa debe ser mejor aprovechada por nuestro país. Se debe hacer un uso pleno de los vín¬culos existentes en materia de comercio exterior y pro¬fundizar la relación política, especialmente en los foros multilaterales. Traducir de manera puntual la categoría de socio estratégico que la UE le ha otorgado a México.
• El gobierno mexicano debe hacer un mayor y mejor uso del Tratado de Libre Comercio. Debe propiciar la creación de mejores esquemas de apoyo a las empresas y Pymes para un superior aprovechamiento de las relaciones comerciales con la región.
• En el ámbito político, se deben fortalecer los la¬zos con las principales potencias. Se deben buscar coincidencias en temas relevantes de la agenda internacional para negociarlos de manera conjunta, como son el cambio climático, la biodiversidad, el desarme, los derechos humanos y la reforma de la Naciones Unidas, entre otros.
• Debe fomentarse la asistencia por parte de la Unión Europea en temas de seguridad pública y aplicación de la ley, tanto en el diálogo sectorial sobre seguridad pública y procuración de justicia, como en foros multilaterales.
• También debe buscarse una mayor cooperación científica y tecnológica, particularmente en temas como biotecnología, nanotecnología y medio am¬biente, dentro del marco del Acuerdo en Ciencia y Tecnología.
Eurasia
Rusia nos merecerá atención especial, las relaciones con ese país, tales como la cooperación en el ámbito ener¬gético, ciencia y tecnología, cultura y educación, serán prioritarios.
Asia y China
México debe continuar participando activamente en los foros regionales y fortalecer la presencia de sus produc¬tos y empresas en los mercados asiáticos en crecimiento. Asimismo, debe buscar la atracción de inversiones de las potencias asiáticas a México.
• Con Japón se debe incrementar el comercio bilateral y la inversión, especialmente en infraestructura, industria automotriz y tecnologías limpias. Es imperativo aprovechar las ventajas comparativas del Tratado de Libre Comercio.
• La República de Corea del Sur puede ser importante inversionista en nuestro país –especialmente en tecnología–, así como un valioso aliado en asuntos multilaterales, donde algunas posiciones de ambos países son cercanas.
• Se deben crear vínculos más fuertes con India e Indonesia, potencias regionales con peso econó¬mico significativo. Con la India, debe darse con¬tinuidad a la “asociación privilegiada” otorgada a México en 2007.
• Con China se debe intensificar el diálogo político como potencias emergentes.
• En el Grupo de Alto Nivel México-China y en los Foros Permanentes de Diálogo entre el Congreso Mexicano y la Asamblea Popular China, entre otros, se deben continuar fortaleciendo los vínculos, y buscar mejorar la cooperación contra el crimen organizado y la piratería.
• En lo económico, se debe lograr un mayor acceso de productos mexicanos al mercado chino, así como buscar mayores inversiones de nuestro país.
• Se debe incrementar la cooperación científico-téc¬nica, principalmente en agro-ciencias, pesquerías, educación superior, salud y recursos hídricos.
Oceanía
Debe reforzarse esta relación. México es el principal so¬cio comercial de Australia en América Latina. La agri¬cultura y la minería pueden verse beneficiadas por la inversión australiana y de Nueva Zelanda, así como en turismo y educación.
África y Medio Oriente
Se debe apoyar el desarrollo de estas regiones en los foros multilaterales, y propiciar vínculos con sus principales naciones en los organismos internacionales.
• Dentro de lo posible, México buscará vínculos con países claves de la región, como Sudáfrica, Nigeria, Kenia y Egipto.
• Trabajaremos para estrechar más las relaciones con las naciones de Medio Oriente en temas energético, comercio y el desarrollo político y de¬mocrático para la estabilidad internacional.
2.- ORGANISMOS MULTILATERALES
La globalización genera cambios en la manera de actuar de unos países frente a otros. Es por ello que los or¬ganismos internacionales son un foro vital para formar vínculos con otras naciones y para moldear, juntos, la nueva arquitectura internacional. Se debe impulsar una mayor participación, superior capacidad de iniciativa y mejores espacios en estos ámbitos, tanto los de alcance regional como los de impacto global.
• México debe utilizar su participación en estos foros para empujarlos hacia una mayor actividad en asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción, el combate a las drogas y el crimen organizado, elecciones democráticas, defensa de derechos humanos, protección a la propiedad intelectual, y fortalecimiento de los órganos de justicia.
• México debe actuar en estos foros como factor de atracción de recursos para atender los llamados “viejos temas”, como subdesarrollo, hambrunas, pobreza extrema, así como los de “nueva generación”, como cambio climático, crimen organizado y ayuda humanitaria.
• La actuación en estos foros debe ayudar a México a establecer vínculos con naciones remotas geo¬gráficamente, apoyándolas en temas vitales para su desarrollo.
Hasta aquí los énfasis a poner en práctica en la nueva política exterior. En un mundo tan cambiante como el actual, es indudable que habrá nuevas prioridades adicionales.
Ejecución de una política exterior con rumbo
Es necesario modernizar la estructura interna de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la de embajadas y consulados. Para tal fin proponemos:
• Instrumentar una profunda reforma administrativa que revitalice al Servicio Exterior, que combata la ineficiencia y evite el mal uso de recursos.
• Actualizar los mecanismos de promoción del per¬sonal de carrera, haciéndolos más transparentes y con mayor base en los méritos académicos y desempeño laboral. El personal de carrera del Servicio Exterior es piedra angular de la política internacional de México.
• Impulsar mecanismos más ágiles de comunicación, que permitan el intercambio de información oportuna y actualizada, especialmente en momentos de crisis. Esta modernización es aún más urgente en las oficinas en el exterior.
• Acercar la red consular a los centros de reflexión y a los medios de comunicación locales y regionales para fortalecer el conocimiento de México, propiciar la promoción de inversiones y comer¬cio, e impulsar el apoyo a la innovación y trans¬ferencia tecnológica.
• Asegurar la presencia constante en los principales organismos multilaterales en que México participa.
• Se requiere una política exterior con una voz ar¬mónica hacia el resto del mundo, que articule las diferentes expresiones internacionales de las ins¬tancias del Ejecutivo Federal, de los otros poderes de la Unión, de los otros órdenes de gobierno, así como de organizaciones sociales y grupos de interés.
• Es prioritario devolver a la Secretaría de Relaciones Exteriores un espacio en las decisiones que involucren asuntos del orden internacional. Las dependencias del ejecutivo, y aun los estados y municipios, deben realizar sus actividades internacionales en coordinación con la Cancillería.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores debe recuperar incidencia en áreas de comercio exterior, y urge, en especial, que se respeten los mecanismos de coordinación efectivos en temas de la agenda internacional con implicaciones en seguridad nacional.
• Se debe asegurar la voz de nuestros expertos en las diversas áreas de políticas públicas, en sinto¬nía con los miembros del Servicio Exterior, en la actuación de México en los organismos multila¬terales en que participamos.
• Se debe propiciar la función armonizadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores en las princi¬pales acciones internacionales de los actores sociales, económicos y políticos del país.
El compromiso de la Coalición es recuperar la imagen de México en el mundo, así como hacer valer los principios constitucionales y tradiciones diplomáticas en el nuevo entorno internacional.
VERTIENTES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICA PÚBLICA
Las conclusiones de la consulta y del diálogo con la so¬ciedad a que convocaron los Partidos integrantes de la Coalición a través de la Fundación Colosio, A.C. del PRI, durante los últimos cinco meses, y el Instituto de Ecología, A.C. del Partido Verde Ecologista de México, se plasman en los ejes estratégicos ya expuestos en los capítulos precedentes.
La orientación que se proponen para darle un nuevo rumbo al país se sustenta en las siguientes prioridades:
>La necesidad de conjuntar y alinear todos los instrumentos de política pública para lograr un desarrollo con equidad;
>la importancia de concretar una reforma insti¬tucional que permita mejorar nuestro régimen político y hacer eficaz la acción gubernamental; y,
>construir un amplio consenso social y político en torno al proyecto nacional que proponemos.
Las conclusiones de Programa para México de la Fundación Colosio, A.C., y las aportaciones del Instituto de Ecología, A.C. constituyen la propuesta política de la Coalición y la base de su programa de gobierno para el período 2012-2018, mismo que pretendemos se oriente por los siguientes principios de política pública:
• Colaboración irrestricta de poderes, en el orden de una democracia productiva y el fortalecimiento de un Estado Social de Derecho.
• Promoción de un federalismo cooperativo, fincado en un sistema de relaciones intergubernamentales eficiente y un nuevo y amplio pacto de corresponsabilidad, económica, fiscal y para la equidad social.
• Reforma integral del modelo de gestión pública, bajo los siguientes criterios:
• La orientación del servicio público al ciudadano.
• La transversalidad de los criterios de igualdad de género; la acción afirmativa de los derechos de personas con capacidades diferentes; y la erradi¬cación de toda forma de discriminación.
• Una política proactiva de transparencia y rendi¬ción de cuentas.
• La racionalización del gasto público, mediante políticas severas de austeridad, ajuste de estruc¬turas organizacionales, reducción de niveles y cargos injustificados y cancelación de privilegios burocráticos.
• La actualización de la estructura de la administración pública en función de la intersectorialidad de metas cualitativas, la flexibilidad organizacional conforme a objetivos programáticos y la práctica de una función pública colaborativa.
• La promoción de un nuevo estatuto legal para mejorar la planeación, desempeño, control y efi¬ciencia del sector paraestatal y de los organismos autónomos de regulación.
• La reconfiguración del sistema de planeación del desarrollo, para armonizar los principios de rec¬toría del Estado con una gobernanza efectiva de la economía, la promoción del desarrollo social y la investigación y educación superior.
• La reconceptualización de la estrategia nacional para la descentralización y el desarrollo regional, con base en criterios de equidad federativa, pro¬ductividad nacional y corresponsabilidad social y privada con los programas intergubernamentales.
• El fortalecimiento efectivo de la autonomía
municipal y la modernización de la institución del Ayuntamiento, para encarar las graves exigencias de los fenómenos conurbados y metropolitanos.
• La consolidación de un estatuto de gobierno para la Ciudad de México que reconozca los derechos políticos de sus habitantes y la singularidad e im¬portancia estratégica del Valle de México para el desarrollo equilibrado del país.
• La promoción de un régimen de justicia admi¬nistrativa armónico en los ámbitos local y federal, bajo la premisa de la eficiencia, que brinde efecti¬va protección a los derechos de los gobernados y certidumbre a los agentes económicos.
Los apartados programáticos que se exponen más ade¬lante, incluyen las acciones básicas demandadas por la sociedad a lo largo del proceso de consulta de este docu¬mento y están concebidos así como una auténtica plata¬forma para que la Coalición y sus candidatos mantengan el proceso de diálogo y debate con la sociedad a lo largo de las próximas campañas político-electorales federales, de modo que la ciudadanía siga incorporando sus pro¬puestas a lo que serán, pasados los comicios, los linea¬mientos del Programa de Gobierno 2012-2018, y en el marco de la colaboración de poderes, propuestas para la agenda de la Legislatura LXII del Congreso de la Unión.
La Coalición se compromete a mantener abiertos a la comunidad todos los canales tradicionales de comuni¬cación y, especialmente, los servicios que ofrecen nuestra página de Internet y las redes sociales para que en cada apartado temático los ciudadanos puedan hacer observaciones, críticas y aportaciones.
A continuación se exponen las directrices de política pública que se consideran estratégicas para los diversos sectores de la administración pública. Es importante se¬ñalar que estos apartados no constituyen una exposición exhaustiva de todas las acciones que pueden y deben realizarse, pero sí de aquellas que fueron objeto de mayor atención y debate en nuestro ejercicio de diálogo con la sociedad.
SEGURIDAD
El problema del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común se debe combatir mediante una política de Estado en materia de seguridad que sea in¬tegral, fundada en la reforma institucional que propo¬nemos y en un desarrollo más equitativo, que cuente con un claro consenso político y social, y tenga como objetivo recuperar la paz sin concesiones ni abuso a los derechos humanos. Necesitamos una clara estrategia que fortalezca al Estado de derecho y sus instituciones y, al mismo tiempo, alinee todas las políticas públicas; que no permita daños colaterales; disminuya la pobreza, el desempleo, la deserción escolar, la migración interna y demás factores que han desencadenado la inaceptable situación actual. Para ello:
• Adoptaremos un enfoque integral, multidimensional e interinstitucional donde todas las políticas públicas contribuyan a modificar las situaciones que generan inseguridad, violencia e impunidad.
• Atenderemos la seguridad pública como un tema que no puede ser tratado por separado del desarrollo económico y de una política social que entienda los efectos que el desempleo, la pobreza y la desigualdad han generado en una nueva realidad de conflictividad social, donde la violencia y la impunidad encuentran un terreno fértil para su crecimiento.
• Fortaleceremos los programas de desarrollo y fortalecimiento del tejido social en las regiones, ciudades y comunidades que presenten altos índices delictivos.
• Conjuntaremos esfuerzos desde distintos campos de acción para superar la actual situación de emergencia que requiere de una respuesta que involucre a todas las personas, familias y todos los actores sociales y políticos.
• Realizaremos prioritariamente diagnósticos sociales, económicos, culturales y políticos de los espa¬cios urbanos, para tener la capacidad de incidir en los factores de riesgo y en los factores detonantes de la inseguridad. No podemos cometer el error de homogeneizar problemáticas que desde su origen y naturaleza, han sido diferentes.
• Crearemos sistemas de inteligencia tanto a nivel federal como de las entidades federativas y de los principales centros urbanos, para una toma de decisiones oportuna y ordenada, que aumente la efectividad y reduzca los efectos no deseados del uso de la fuerza de que dispone el Estado.
• Construiremos cuerpos de policía bien remune¬rados, capaces, con sistemas de reclutamiento, selección, promoción y permanencia transparentes que incentiven las buenas prácticas y la sana competencia, que se reconozca los méritos, la capacitación, que los ascensos sean producto del reconocimiento a la trayectoria y al desempeño, a la formación permanente y en base a oposiciones.
• Analizaremos la pertinencia de concentrar las actividades de inteligencia y combate al crimen organizado y al narcotráfico en una sola institución, bajo un claro estatuto jurídico, homologado internacionalmente.
• Integraremos una estrategia nacional para reducir la violencia enfocada específicamente en dismi¬nuir el número de homicidios, el de secuestros y las extorsiones, potenciando al máximo la coor¬dinación de corporaciones.
• Promoveremos una mayor inversión en infraes¬tructura, equipamiento y tareas de inteligencia en el combate al crimen organizado.
• Perfeccionaremos los canales y mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública, para facilitar la adopción de políticas de Estado en torno a una adecuada y oportuna definición de prioridades.
• Fijaremos las directrices de operación y tempora¬lidad, así como los límites legales de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, preservando su integridad institucional y la naturaleza civil de la seguridad ciudadana.
• Combatiremos como parte fundamental de la es¬trategia las estructuras financieras del crimen or¬ganizado mediante la aplicación y cumplimiento de las disposiciones internacionales sobre lavado de dinero.
• Proponemos analizar la transformación de la Unidad de Inteligencia Financiera en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con mayores recursos para el combate eficaz contra el lavado de dinero y el fi¬nanciamiento del crimen organizado.
• Revisaremos los acuerdos internacionales de co¬operación para el combate a la delincuencia or¬ganizada, con especial cuidado en el papel estra¬tégico de los planes conjuntos México-Estados
Unidos, principalmente en lo que se refiere al tráfico de armas y al lavado de dinero.
• Tendremos mayor control sobre las aduanas del país y analizaremos la pertinencia de crear la Policía Fronteriza para combatir la entrada de productos ilícitos al país por puntos no vigilados en aduanas. Centraremos la estrategia en las fronteras en el combate al tráfico de armas, personas y dinero.
• Proponemos hacer un frente común entre go¬bierno federal, gobiernos de los estados y los ayuntamientos para el combate a la inseguridad, reforzando los programas conjuntos, promo¬viendo las reformas legislativas y acelerando la transformación de estructuras administrativas y operativas que son necesarias para la moderni¬zación, depuración y profesionalización de los sistemas de seguridad y justicia de los estados y municipios del país.
• En ese mismo sentido es muy importante la rea¬lización de acciones conjuntas en temas como la trata de personas, el lavado de dinero, el secues¬tro, la extorsión telefónica, el fraude electrónico, el robo de vehículos y, por supuesto, todo tipo de acción violenta del crimen organizado.
• Aplicaremos eficazmente todas las leyes que se han aprobado en materia de seguridad, insufi¬ciente o inadecuadamente operadas, como es el caso de la extinción de dominio, el arraigo y la protección de testigos.
• Fortaleceremos la cultura de la legalidad en los tres ámbitos de gobierno acrecentando la moral pública, la cultura cívica y la cultura de la denuncia para reducir las posibilidades de conflicto y dar certeza a los ciudadanos.
• Aumentaremos la confiabilidad de los ciudada¬nos hacia las instituciones de seguridad pública, a través del establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y evaluación de resultados, internos y externos, en observato¬rios ciudadanos y consejos sociales.
• Proponemos el fortalecimiento del Consejo Nacional contra las Adicciones, para hacer eficaces los programas de prevención y rehabilitación de adictos. Atenderemos especialmente los problemas y las necesidades de los jóvenes para reducir el riesgo de que se integren a actividades criminales.
• Promoveremos una mayor participación social y una mejor relación de colaboración del gobierno con la sociedad civil en el tratamiento de este agudo problema, donde las organizaciones sociales tienen mucho que enseñarnos.
JUSTICIA
La garantía efectiva del acceso a una justicia pronta y expedita es piedra angular del Estado social de derecho. Esta no es sólo tarea del Poder Judicial sino una función pública consustancial al Estado y la federación. México necesita una justicia con tutela efectiva de los derechos fundamentales para acompañar los procesos de desarrollo que se propone alcanzar en los ámbitos económico y social. Una justicia cimentada en la igualdad social, el bienestar familiar, la armonía comunitaria, la cultura de legalidad, el respeto a la ley, la honestidad guberna¬mental, el respeto irrestricto a los derechos humanos y una política de seguridad ciudadana efectiva. Para ello:
• Aplicaremos una estrategia integral que cuide todo el proceso, desde la prevención del delito, el procedimiento penal, la investigación, la per¬secución del delito, la impartición de justicia, in¬cluyendo la atención a las víctimas y la ejecución
de sanciones, a diferencia de la actual política del gobierno federal cuyo esfuerzo se concentra principalmente en la persecución de los delincuentes.
• Ejerceremos una política para propiciar certeza respecto a la función del Ministerio Público como pieza fundamental para la investigación y la persecución de los delitos.
• Aseguraremos que la actuación del Ministerio Público, sea ajena a todo tipo de criterios que no sean de orden técnico jurídico, evitando la injerencia del titular del Poder Ejecutivo en la investigación y determinación de los asuntos de su competencia.
• Crearemos un sistema de remuneraciones que eleve sus ingresos considerando su desempeño y trayectoria, reconozca su participación y evaluación en los sistemas de formación y especialización profesional.
• Planteamos revisar a fondo la legislación penal para descriminalizar conductas no graves como los accidentes vehiculares, los llamados delitos del honor, entre otros, para colocarlos en la legislación civil.
En materia de administración de justica, proponemos:
• Elevar la eficacia de los jueces y de los tribunales, trasladando la atención de los asuntos no graves a un sistema de centros de mediación y de justicia alternativa.
• Fortalecer la presencia y el papel de la víctima y de los ofendidos en el proceso penal.
• Fortalecer los sistemas de justicia del fuero común que son los que tienen alrededor de 90% de la carga de trabajo, con equipamiento, tecnología y mejores remuneraciones.
• La integralidad de la nueva estrategia a emprender para garantizar la seguridad pública y abatir la impunidad otorgará mayor atención y prioridad a la implantación de las reformas al Sistema de Justicia Penal con plena protección a los derechos humanos.
• Impulsaremos la aplicación de la reforma penal de 2008 en materia de juicios orales para garantizar una mejor impartición de la justicia y especial¬mente las recientes en materia de amparo.
• Impulsaremos una serie de reformas instituciona¬les comenzando por la de la Procuraduría General de la República valorando la posibilidad de crear dos grandes fiscalías:
>Un órgano autónomo que se encargue de atender el conjunto de actividades delictivas del fuero federal que no sean delitos contra la salud.
>Una Fiscalía General para el Combate al Crimen Organizado (incluido el narcotráfico) que sea un órgano de inteligencia técnicamente autónomo.
• Fortaleceremos a la Secretaría de Gobernación en sus funciones de planeación, ejecución y coordi¬nación de acciones de seguridad nacional, pública y ciudadana, así como de protección civil.
• Orientaremos el diseño de una política de justicia cívica y social, con un sistema judicial efectivo, accesible, bien diseñado y orientado a la conten¬ción de la violencia en los conflictos sociales, que sea capaz de detectar y pacificar conflictos sociales antes de que éstos se tornen violentos.
• Diseñaremos mecanismos judiciales, administra¬tivos y comunitarios apropiados para resolver de forma ágil, equitativa, pacífica y justa nuestras diferencias, disminuyendo la rentabilidad de la violencia y el lucro con la demora en el otorgamiento de justicia.
• Proponemos debatir la creación de una Secretaría de Justicia que se encargue de diseñar dicho con¬junto de mecanismos, privilegiando la ley como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos, cuidando estrictamente la esfera de atribuciones del Poder Judicial y la esfera de competencias de la Secretaría de Gobernación.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Queremos encabezar un gobierno con cero tolerancia a la corrupción, transparente, que rinda cuentas, que logre su mandato, que le cueste menos a los contribuyentes y que mantenga la apertura necesaria para que los ciudadanos obtengan información, puedan constatarla y además nos puedan pedir una exhaustiva explicación de las decisiones que se toman y de los resultados que se alcanzan. Estamos conscientes que con esta base se fortalece la democracia y reencausa el diálogo con la sociedad en un escenario de legitimidad y corresponsabilidad.
• Buscaremos mayores atribuciones para el Instituto Federal de Acceso a la Información a efecto de que tenga facultades para:
>Vigilar el cumplimiento y resolver sobre negativas de acceso a la información del Poder Legislativo y Judicial.
>Imponer sanciones vía multas o fincando respon¬sabilidades por incumplimiento a sus resoluciones.
>Ordenar a los sujetos obligados a que generen información declarada previamente como inexis¬tente, siempre que ésta guarde relación con sus mandatos legales.
>Alertar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre todas las áreas de opacidad que detecte por negación, presentación incompleta o declaración de inexistencia de la información pública.
• Promoveremos una reforma a la legislación sobre fiscalización a fin de permitir que la ASF realice sus funciones oportunamente y que sus recomen¬daciones sean vinculantes. Evaluaremos la conveniencia de dotarla de autonomía constitucional.
• Promoveremos el fortalecimiento de las áreas de información del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, capacitando a las personas encargadas de éstas, para obtener un claro dominio en la clasificación de la información que está en manos del Estado, así como los medios legales para responder en tiempo y forma.
• Impulsaremos una reforma al marco jurídico del sistema de compras, adquisiciones y obras públi¬cas, flexibilizando y transparentando las normas para las compras y contrataciones del sector pú¬blico, generando sistemas de subasta electrónica y de información homologada de precios.
• Impulsaremos una reforma al marco jurídico apli¬cable al sistema de mejora regulatoria para mo¬dificar el mandato, el alcance y los instrumentos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y de las comisiones estatales respectivas a fin de lograr una auténtica desregulación, homologación y simplificación de normas y trámites al interior de la administración pública.
• Impulsaremos la reforma del Régimen de Res¬ponsabilidades y Rendición de Cuentas para simplificar y precisar los distintos tipos de faltas,
infracciones y delitos en que pueden incurrir los servidores públicos cuando no acatan ni cumplen con sus atribuciones, cuando cometen actos de corrupción, cuando no alcanzan resultados satis¬factorios para la sociedad, no toman decisiones con rapidez o provocan que las dependencias o entidades incurran en gastos innecesarios.
• Facilitaremos el ejercicio y la efectividad del servi¬cio público, pero reconociendo que el burocratis¬mo también afecta el uso racional de los recursos endureceremos, a la vez, las sanciones y los casti¬gos cuando se cometen actos ilícitos.
• Reorganizaremos al aparato burocrático a fin de que éste tenga mandatos claros y se enfoque con eficacia, transparencia y eficiencia a lograr los objetivos del desarrollo nacional mediante metas precisas e indicadores fiables de rendición de cuentas.
FEDERALISMO FISCAL
La dinámica para la distribución de los recursos públicos que prevalece entre las entidades y el gobierno federal resulta inequitativa y presenta serias distorsiones. A pesar de ello, en los últimos años la federación ha delegado mayores obligaciones a las entidades federativas sin darles más recursos. Ante este escenario, impulsaremos un nuevo federalismo que se base en la reestructuración de las atribuciones fiscales de los tres órdenes de gobierno, el reconocimiento de la necesidad de mejorar el esfuerzo recaudatorio en los gobiernos locales y el uso productivo del financiamiento.
• Construiremos una nueva coordinación hacendaria, con redistribución de potestades tributarias y una mejor descentralización y definición, no sólo de administración del gasto, sino del ejercicio de atribuciones.
• Incrementaremos la base tributaria de los tres niveles de gobierno.
• Impulsaremos la descentralización de la política fiscal a los estados y municipios en forma gradual y fortaleceremos a los gobiernos locales mediante la ampliación de sus potestades fiscales y de gasto público, y claros compromisos de elevar la tributación predial municipal.
• Descentralizaremos la inversión pública federal para que la mayor parte de las obras públicas sean ejecutadas por los gobiernos de los estados, con la asistencia técnica, normatividad de las dependencias federales y el apoyo de los colegios profesionales en un marco de competitividad, transparencia y apoyo a la economía local.
• Reconoceremos y revaloraremos el patrimonio público, especialmente en estados y municipios, con la finalidad de garantizar su preservación y aprovechamiento, así como la capitalización de bienes sin valor patrimonial.
• Definiremos con rigor las competencias entre órdenes de gobierno en materias sensibles como educación y salud, a efecto de equilibrar responsabilidades, fuentes de ingreso para su atención y diferenciales de costos por región y entidad federativa.
• Resolveremos la descentralización inconclusa en los servicios de educación y salud, como procesos que han afectado a las finanzas estatales.
• Adecuaremos el marco jurídico en que se sustenta el sistema educativo, para definir de mejor manera las competencias y los compromisos de
gasto entre los diversos ámbitos de gobierno.
• Mejoraremos la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el destino del gasto federalizado en materia de seguridad pública, a partir de los cambios legales necesarios para una mejor operación del programa nacional de seguridad pública y del sistema nacional de procuración y administración de justicia.
• Atenderemos los urgentes requerimientos presu¬puestales transferibles a los gobiernos estatales y municipales destinados a seguridad pública, re¬conociendo así mismo las singularidades del nivel de desarrollo institucional de nuestros municipios, para promover la gradualidad en la normatividad del sistema.
• Promoveremos la instrumentación e implemen¬tación de mecanismos innovadores de financia¬miento público y privado, que contribuyan al for¬talecimiento de las finanzas públicas asegurando su sustentabilidad.
• Impulsaremos a las entidades federativas para que participen en la definición del diseño e im¬plementación de las reglas de operación de los programas sectoriales federales de claro impacto regional.
• Promoción de un federalismo cooperativo, fincado en un sistema de relaciones intergubernamentales eficiente y un nuevo y amplio pacto de corresponsabilidad, económica, fiscal y para la equidad social.
DESARROLLO ECONÓMICO
Tenemos el compromiso de impulsar una serie de estrategias que activen todos los frentes de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico elevado y sostenible, y alcanzar así mayores niveles de desarrollo, reducir la pobreza y la desigualdad social y regional, recuperar y crear empleos, mejorar los salarios y regresar el sentimiento de bienestar presente y la prosperidad futura a las familias.
• Utilizaremos todos los instrumentos de la política económica para incidir simultáneamente en la estabilidad macroeconómica y en un crecimiento alto, sostenible, equitativo y con fuerte impacto en los niveles de empleo.
• Conseguiremos un mayor nivel de inversión con base en un ahorro más elevado de los tres sectores: familias, empresas y gobierno.
• Aumentaremos la proporción de gasto de capital en el presupuesto y reduciremos la correspondiente al gasto administrativo.
• Combatiremos las prácticas monopólicas y fomentaremos la competencia de manera permanente y generalizada.
• Daremos certeza a los actores económicos mediante las reformas necesarias tanto al sistema judicial como al de actuación de los órganos reguladores.
• Aplicaremos una estrategia de largo plazo que impulse un crecimiento económico con base en la calidad y productividad de la mano de obra, los recursos humanos calificados, la innovación tecnológica y elevados niveles de ahorro e inversión.
• Fomentaremos la creación de empresas, una mayor productividad de éstas y una mayor competencia entre ellas buscando mayores niveles de producción y que los salarios reflejen plenamente las ganancias de productividad.
• Fortaleceremos las capacidades innovadoras, científicas y tecnológicas del país.
• Impulsaremos una política industrial moderna que, con mínimo costo para el erario público, articule clusters industriales de productos y servicios de alto valor agregado en los que se promueva la cooperación entre instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas.
• Adoptaremos una política industrial que promue¬va la proveeduría nacional. Las grandes empresas deben convertirse en el motor que impulse a las pequeñas y medianas empresas.
• Analizaremos la pertinencia de fortalecer la ac¬tuación del Banco de México a fin de cuidar la salud general del sistema financiero, que impulse el otorgamiento de créditos a la producción por la banca comercial y participe en la promoción del desarrollo económico con estabilidad.
• Impulsaremos el fortalecimiento de la banca de desarrollo para que coadyuve al financiamiento de sectores estratégicos de la economía.
• Detonaremos la vocación productiva de los sec¬tores estratégicos de cada una de las regiones de nuestro país.
• Promoveremos esquemas de participación para jóvenes emprendedores, y los vincularemos al mercado laboral.
• Impulsaremos el seguro de desempleo como una medida necesaria para la protección del ingreso ante la pérdida involuntaria del trabajo.
• Implementaremos los mecanismos de equidad en el ingreso, buscando siempre la justa remuneración al trabajo de las mujeres.
• Facilitaremos el otorgamiento de créditos a mujeres con iniciativas empresariales, sobre todo si forman parte de alguna organización de la sociedad civil.
REFORMA HACENDARIA
Necesitamos emprender una reforma con urgencia, para hacer eficiente la asignación, el ejercicio y la evaluación del gasto público, aumentar la recaudación a fin de dis¬minuir la dependencia de las finanzas públicas respecto de la actividad petrolera y de los precios y tarifas de bie¬nes y servicios públicos. Así, se trata de emprender una reforma integral que:
• Asegure una estructura y ejercicio del gasto público productivo, austero y descentralizado, con criterios de equidad y de eficiencia, y con una rendición de cuentas accesible a toda la sociedad.
• Revise y actualice los indicadores de desempeño con el objeto de que las asignaciones de gasto se basen en una adecuada evaluación de sus resultados.
• Aumente los ingresos del estado, distribuyendo mejor la carga impositiva, ampliando la base tribu¬taria y eliminando los tratamientos preferenciales.
• Revise la progresividad fiscal y otorgue estímulos a la inversión.
• Elimine el IETU, incorporando sus elementos fundamentales al ISR de las empresas y al patri¬monio de las personas.
• Reduzca la carga fiscal y tributaria impuesta a Pemex en perjuicio de su fortaleza empresarial y desarrollo.
• Simplifique el sistema tributario para propiciar el aumento del número de contribuyentes y la competitividad en general para invertir y generar empleos.
• Combata la evasión y elusión fiscales, incluyendo medidas para disminuir la economía informal y el contrabando, castigando en especial la corrupción aduanera.
• Impulse el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales y estatales, estableciendo un auténtico federalismo fiscal con la revisión de las potestades tributarias y de la Ley de Coordinación Fiscal.
EMPLEO
El país tiene un grave problema de desempleo, subempleo y empleo de mala calidad, ocasionado por el bajo crecimiento de la economía y una baja productividad, insuficiente para crear cada año el millón de puestos que se necesitan. Las cifras oficiales de desempleo no reflejan la profunda realidad en la materia y sus dramáticas consecuencias sobre la sociedad, la distribución del ingreso y la pérdida de expectativas. Por eso, la política económica debe tener dos objetivos: generar empleo bien remunerado y elevar el nivel de vida de la población.
• Fortaleceremos el mercado interno a través de una política de Estado y acciones concretas para alentar una industrialización que nos permita recuperar el crecimiento económico, incrementar los empleos, los salarios y la calidad de vida de los trabajadores.
• Impulsaremos el incremento sostenido de la pro¬ductividad para hacer de nuestro país una econo¬mía competitiva en los mercados globales.
• Nos comprometemos a defender, fortalecer y renovar las instituciones creadas por el Estado mexicano como el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit.
• A través de proyectos rentables con las Afores, realizaremos gestiones que permitan los mayores rendimientos de las cuentas de ahorro de los trabajadores y transparentaremos de una manera sencilla su información.
• Integraremos de forma emergente un vigoroso programa de empleo orientado particularmente a jóvenes desempleados y sin opciones educativas inmediatas, que les ofrezca una perspectiva de vida honesta y provechosa.
• Apoyaremos las iniciativas comunitarias y sociales que están conformando ya un cuarto sector de la economía formal, apoyado en herramientas inno¬vadoras y formas de producción sustentable y co¬mercio solidario y responsable.
• Analizaremos presentar una iniciativa legislativa para que se elimine el cobro de impuestos al ingre¬so de los trabajadores por concepto de horas extras y prestaciones sociales.
• Recuperar el poder adquisitivo de los salarios, me¬diante una política que haga que los salarios crez¬can por encima de la inflación.
• Vincular, de manera efectiva, la educación y la ca¬pacitación para el trabajo con las actividades eco¬nómicas productivas.
• Crear un programa de becas para el trabajo orien¬tado a las personas desempleadas, en especial para las mujeres, los indígenas y los jóvenes.
• Promoveremos una política laboral que proteja la contratación colectiva, garantice el trabajo digno y la justicia laboral; y reduzca el costo y frecuencia de los conflictos.
• Nos comprometemos a avanzar en una mejor regulación que promueva al mercado laboral en todas sus dimensiones, para definir esquemas de contratación laboral con aseguramiento de la se¬guridad social y, sobre todo, apoyarse en la super¬visión gubernamental de las empresas que utilicen a otras empresas que sean subcontratadas.
• Revisaremos radicalmente el modelo de promoción y gestión de construcción, financiamiento y
asignación de vivienda, nueva y usada, así como para su ampliación, remodelación o mejoramiento, buscando garantizar su calidad y proximidad a los centros urbanos y servicios públicos para la familia del trabajador.
• Impulsaremos programas eficientes de mejora¬miento del transporte público y la movilidad urbana no motorizada en centros de población, para proteger uno de los rubros de mayor impacto en el gasto de los hogares.
• Fortaleceremos los programas de apoyo al crédito para el consumo de bienes duraderos para los trabajadores, el turismo social y el disfrute del ocio.
EMPRESAS
Las empresas radicadas en nuestro país son primordiales para nuestra economía: son motor de nuestro sistema productivo, detonadoras del crecimiento económico, generadoras de la mayor parte del empleo formal y desarrolladoras de tecnología, por lo que es necesario impulsarlas mediante mejores financiamientos y facilidades para la inversión, que contribuyan a su productividad y expansión, así como al mejoramiento de una competitividad nacional sostenible. En este sentido:
• Concretaremos condiciones de competencia real en todos los mercados para estimular la produc¬tividad, incentivar la innovación y atraer inversiones nacionales y extranjeras.
• Beneficiaremos el poder de compra de los consu¬midores con bienes y servicios de alta calidad, a precios competitivos.
• Conformaremos una nueva y potente banca de desarrollo, capaz de incrementar el potencial cre¬diticio, que sea soporte en tiempos de desacelera¬ción económica y tenga por prioridad activar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
• Promoveremos la apertura de empresas y la generación de cadenas productivas que incrementen, entre otros, la presencia de las pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales.
• Brindaremos asesoría, capacitación y apoyo económico a los emprendedores innovadores, que impulsen proyectos rentables, que incorporen tecnologías de punta y que tengan por objetivo una mayor productividad y competitividad de sus empresas. Invitaremos a los jóvenes innovadores a crear nuevas fuentes de trabajo.
• Impulsaremos una política pública de mejora re¬gulatoria que facilite la apertura de empresas e incentive la atracción de inversión.
• Promoveremos el espíritu del emprendedurismo, a través de microcréditos, créditos a la palabra y con apoyos directos para la creación de empresas sociales.
• Incentivaremos el desarrollo de capital humano con un gran valor agregado.
• Fortaleceremos los mecanismos de protección al consumidor.
• Generaremos instrumentos de acceso al crédito para la población excluida por la banca comercial, como la mutualidad y el corporativismo, bajo rigurosa vigilancia gubernamental.
• Encabezaremos el diálogo gobierno-academia-empresa para detonar el círculo virtuoso de inno¬vación y productividad, en un nuevo marco de planeación participativa del desarrollo nacional y regional.
• Implementaremos una estrategia de información,
vinculación y orientación laboral, para aquellos grupos históricamente vulnerables en la búsqueda de empleo: personas con capacidades diferentes, adultos mayores, jornaleros agrícolas, personas liberadas de un centro de rehabilitación o readaptación, jóvenes recién egresados, entre otros.
Estrategias para una política industrial moderna:
• Impulsaremos la investigación de mercados a ni¬vel mundial para ubicar oportunidades de negocio para las empresas mexicanas; generaremos así información gratuita disponible a todas las empresas.
• Fomentaremos la educación de talentos enfocado al desarrollo de expertos en diversas industrias alrededor del mundo como técnicos investigadores en la adquisición de tecnologías que posteriormente sean aplicadas en México.
• Buscaremos liderazgo en la inversión y desarrollo de tecnología de punta.
• Impulsaremos el desarrollo de pequeñas y me¬dianas empresas industriales que integren nuevas cadenas productivas.
• Conformaremos un fondo de fomento a las pe¬queñas y medianas empresas industriales mediante esquemas de financiamiento y bursatilización.
• Fomentaremos el orgullo por la industria mexica¬na a través de campañas en medios de comunicación que incentiven la conciencia y la importancia de la industria mexicana.
TURISMO
El turismo es una de las principales actividades económicas en México. Necesitamos alentar todo su enorme potencial y consolidarlo como generador de divisas y empleos. Por la diversidad geográfica de su oferta, debe ser uno de los motores del desarrollo regional para combatir la pobreza y la marginación mediante la inversión y generación inmediata de nuevas fuentes de trabajo, para lo cual necesitamos no sólo promoción sino el impulso de un plan maestro de infraestructura turística con visión estratégica y de largo plazo, que entienda al turismo como una actividad integral que reúne el enorme potencial que representan los recursos naturales, culturales y humanos, base de cualquier industria turística mundialmente competitiva.
• Fortaleceremos la promoción turística en el país y en el extranjero, para mejorar la imagen de México como el destino más atractivo y difundir su amplia y diversa oferta turística.
• Capacitaremos permanentemente a nuestros recursos humanos prestadores de servicios tu¬rísticos.
• Promoveremos la conformación de consejos consultivos de turismo en estados y municipios.
• Aprovecharemos el patrimonio cultural y natural en las actividades turísticas y daremos mayores facilidades para el turismo de sectores sociales como el de los adultos mayores, tanto nacionales como extranjeros.
• Transformaremos Fonatur para dotarla del man¬dato de impulsar la inversión en el sector turístico y, asimismo, le otorgaremos las herramientas necesarias para que destine de manera eficaz la disponibilidad de recursos para financiar la recu¬peración en la construcción de la oferta necesaria para reactivar al turismo mexicano, tanto en el nivel de las Pymes turísticas como en el caso de los grandes proyectos que se convierten en deto¬nadores del desarrollo regional.
• Redefiniremos la misión del Consejo de Promo¬ción Turística de México, a fin de garantizar un ejercicio profesional de la promoción turística del país, que evite el retraso en el uso de los recursos asignados y la desviación frecuente en los propó¬sitos estratégicos de comunicación.
• Generaremos programas que permitan alcanzar altos niveles de seguridad en los principales des¬tinos turísticos.
• Canalizaremos recursos para afrontar las necesi¬dades de infraestructura, servicios y equipamiento en los destinos turísticos debido al fenómeno de migración y crecimiento poblacional asociado a la ocupación intensiva de mano de obra en las zonas turísticas.
• Proponemos un modelo turístico fundamentado en cinco dimensiones: económica, social, territorial, de coordinación sectorial y cultural, que:
>En la dimensión económica el aporte turístico haga que la economía crezca significativamente.
>En su dimensión social genere no sólo oportuni¬dades de mayor progreso sino espacios de seguridad en todos los ámbitos, yendo de la mano con la seguridad humana.
>En su dimensión territorial participen todas las regiones en condiciones equitativas, privilegian¬do con una mirada territorial los instrumentos de inversión, financiamiento, infraestructura, capa¬citación y asistencia técnica y cuidado del medio ambiente.
>En su dimensión de gestión, cada nivel de go¬bierno y sus instituciones tengan un propósito común.
>En su dimensión cultural se consolide nuestra identidad histórica, a través del patrimonio, arte y tradiciones.
• Promoveremos nuevas, diversas y atractivas op¬ciones de turismo accesible para todos.
SECTOR ENERGÉTICO
El sector energético nacional debe constituir una de las palancas fundamentales de la nueva política económica, por su papel estratégico en el desarrollo regional, industrial y tecnológico de nuestro país. Tenemos la gran oportunidad de actualizar y operar una política que atienda los rezagos que padece la industria nacional, equilibre el balance entre reservas, explotación, refinación y ventas, actúe como aliado de una rein¬dustrialización competitiva y ofrezca a consumidores y usuarios precios y tarifas competitivas y sustentables a largo plazo.
• Incrementaremos la adopción y generación de tecnología para mejorar la eficiencia energética del país y reducir emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes altamente ve¬nenosos para aire, suelos y cuencas hidrológicas.
• Eficientaremos el sistema nacional de refinación y disminuiremos el uso y la importación de pe¬trolíferos.
• Complementaremos la explotación de hidrocarbu¬ros con la del gas de yacimientos Shale, en el que México tiene un enorme potencial permitiendo la autosuficiencia nacional de gas, la producción de fertilizantes y de petroquímicos, conjuntamente con otros productos sintéticos y servicios.
• Propiciaremos la disminución de costos de pro¬ducción de los energéticos para elevar la compe¬titividad de las empresas y mejorar la economía de las familias.
• Impulsaremos la reducción del margen de la capacidad ociosa de la CFE; utilizaremos energé¬ticos primarios más baratos: agua, gas, biomasas, sol subtropical, vapor de geotermia, en lugar de combustóleo.
• Aprovecharemos el potencial que ofrece la coge¬neración de electricidad entre la CFE y Pemex, y en otras industrias, así como impulsaremos la utilización de fuentes alternativas sustentables de energía, entre otras, la geotermia, microhidráulica, biomasa, viento y sol.
• Buscaremos aumentar el contenido nacional en las licitaciones de obras y servicios.
• Haremos de Pemex una empresa petrolera inter¬nacional, moderna, competitiva e integrada.
• Pemex deberá de identificar y solicitar una refor¬ma fiscal, financiera y de su gobierno corporativo, que le permita planear y ejecutar con mayor efectividad sus programas de mantenimiento, proyectos de modernización y planes de expansión, para incrementar el valor económico generado por la empresa.
• Construiremos refinerías que generen empleos, desarrollo regional y sustituyan importaciones de gasolinas.
• Estableceremos un sistema de medición y control eficiente en tiempo real de los volúmenes y calidad a lo largo de la cadena de producción, refinación, comercialización y almacenamiento de los hidrocarburos y otros productos. Haremos de la medición un elemento crítico para promover eficiencia y transparencia operativa.
• Apoyaremos a las Pymes y empresas regionales, como proveedoras de bienes y servicios de mantenimiento.
• Exploraremos los beneficios de tecnologías emergentes en torno a “Medición inteligente” y “Tarifas eléctricas diferenciadas”, así como la urgente “Transformación para autoconsumo en sitio y conectada a la red de CFE” para usuarios residenciales y pequeños usuarios.
INFRAESTRUCTURA
El bienestar de un país está correlacionado con el grado de desarrollo de su infraestructura y, en general, con la creación de capital físico. Las bases para crecer como economía, pasan por generar una red de infraestructura funcional en todos los sectores, lo que se traducirá en bienestar social, una población más productiva debido al acceso a servicios de calidad y también en mayor inversión.
• Impulsaremos el Fondo Nacional de Infraestruc¬tura poniendo énfasis en la transparencia y la efi¬cacia en el uso de los recursos públicos.
• Es necesario redefinir el modelo de la banca de desarrollo para lograr que financie los grandes proyectos de inversión en áreas prioritarias para el país, tales como la innovación industrial, la generación de energías alternativas, y el desarrollo agropecuario, incluyendo operaciones de primer piso.
• Se requiere fortalecer a la banca de desarrollo para incrementar el potencial crediticio del país en tiempos de desaceleración económica. En particular, para activar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
• Promoveremos nuevos esquemas de financia¬miento y presupuestación multianual que incen¬tiven las obras a largo plazo y de alto impacto social en los municipios.
• Daremos cumplimiento a la misión de Banobras de dotar a los gobiernos locales de asistencia técnica, el asesoramiento en la medición del impacto social y económico de los proyectos de infraestructura, obra y un financiamiento amplio y accesible para su ejecución, operación y man¬tenimiento.
• Es indispensable construir nuevas presas, recons¬truir buena parte de la infraestructura hidráulica y mejorar la infraestructura para racionalizar el consumo del agua en las ciudades y el campo.
• Incrementaremos la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y transportes.
• Crearemos y mejoraremos la capacidad instalada de nuestros centros turísticos.
• Recuperaremos la capacidad de construcción de infraestructura básica y de servicios sociales y ar¬ticular redes de transporte multimodal para mejo¬rar el desempeño logístico del comercio regional, nacional e internacional, mediante:
>Carreteras y autopistas de altas especificaciones
>Transporte de pasajeros urbano y suburbano sus¬tentable
>Transporte comercial y de bienes moderno y eficiente
>Aeropuertos mejores y más seguros
>Puertos eficientes que alberguen el desarrollo in¬dustrial y agroindustrial
>Centros logísticos y puertos secos
>Energía limpia, suficiente y competitiva
>Escuelas de calidad mundial
>Hospitales y clínicas abastecidas, atendidas y con oferta de personal médico y camas suficientes
>Agua limpia y que cubra de manera sustentable la demanda familiar, institucional y productiva.
CAMPO
Los riesgos de desabasto de productos básicos en el país están cada vez más cerca debido a las dos crisis sucesivas de precios internacionales que hemos tenido, aunado al impacto de los fenómenos extremos que está produciendo el cambio climático. Por ello, la agricultura y la ganadería en México requieren una transformación profunda, que tenga como objetivos la seguridad alimentaria, la genera¬ción de empleos locales y el fortalecimiento de un sector primario internacionalmente competitivo. Así, proponemos una política integral para el campo que además de considerar la rentabilidad económica tenga en cuenta sus elementos sociales, culturales y ambientales para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.
• Ante la disminución en los inventarios de alimentos realizaremos una planeación nacional para generar una segunda revolución verde en el país, primero a nivel de regiones y después de microrregiones, para aumentar la producción de alimentos, incrementar los inventarios y combatir la especulación.
• Crearemos programas para el campo que tomen en cuenta a los campesinos como parte de las soluciones en tanto actores indispensables de su progreso y desarrollo.
• Canalizaremos de manera preferente los apoyos de gobierno a los campesinos para que puedan resolver su problemática productiva, de comercialización y de empleo e ingreso de forma sustentable y permanente.
• Aseguraremos la atención a la población más pobre del campo (población indígena, jornaleros y avecindados).
• Orientaremos programas y subsidios gubernamen¬tales al campo para evitar su carácter regresivo.
• Ejerceremos integra y oportunamente los presu¬puestos del sector y los orientaremos efectivamente para elevar la productividad y la calidad de vida en el campo.
• Reforzaremos los programas de apoyo al campo diferenciando claramente a aquellos destinados a combatir la pobreza rural.
• Generaremos mayor infraestructura y equipa¬miento para producción, almacenamiento y transformación de la producción primaria.
• Impulsaremos la modernización del sector rural apoyando la difusión de nuevas técnicas y proce¬sos productivos, la formación de capacidades para la producción y la innovación productiva.
• Ampliaremos los apoyos para lograr los cambios de cultivos de baja a alta rentabilidad económica, asistencia técnica a pequeños y medianos productores, incorporación de tecnologías modernas y adecuadas de siembra, programas de fertilización, la organización de los productores para tecnificar la agricultura y comercializar sus productos, así como la incorporación de mejoramientos genéticos.
• Ampliaremos y rehabilitaremos la infraestructura de riego para mejorar la productividad de los pe¬queños productores.
• Rehabilitaremos los distritos de riego para dis¬minuir drásticamente la pérdida actual de agua generada por falta de tecnología de costo accesible y alta rentabilidad.
• Apoyaremos el suministro de combustibles y energía eléctrica aplicada a la producción a tarifas adecuadas.
• Generaremos proyectos productivos integrales de impacto alimentario y generación de empleos e ingresos en zonas de alta marginación.
• Impulsaremos una política de apoyo a la actividad ganadera promoviendo la asociación de los pequeños productores para lograr economías de escala adecuadas con criterios de rentabilidad que permitan salir de la pobreza, al tiempo que se hace un aprovechamiento sustentable de las superficies de carga de los agostaderos y las praderas, así como las alternativas de producción estabulada y semiestabulada.
• En pesca, promoveremos el crecimiento del mer¬cado nacional, que se dé valor agregado al sector y se modernice la flota pesquera.
• Promoveremos las distintas alternativas econó¬micas del sector rural con esquemas eficientes de apoyo financiero, micro financiamiento, capital de riesgo, garantías y seguros, mejorando los me¬canismos de acceso al crédito agropecuario.
• Analizaremos la creación de un Banco Nacional de Crédito y Servicios Múltiples para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero, que incluya los servicios de crédito, seguro y ahorro, corrija las fallas de la actual banca de desarrollo y preste servicio a los más de dos millones de pequeños productores.
• Crearemos un sistema de Investigación y Transferencia de Tecnologías enfocado al campo.
• Revisaremos la política presupuestaria aplicable al campo, en especial el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
• Fomentaremos una real igualdad en derechos y oportunidades educativas, financieras y de tenen¬cia de la tierra para los jóvenes y las mujeres, que les faciliten su participación en los aspectos económicos y sociales de sus comunidades, ejidos o municipios.
• Promoveremos que las instituciones al servicio del campo, tanto técnicas como financieras, consideren una vertiente de apoyo especial a los indígenas, con base en el irrestricto respeto a sus costumbres y tradiciones.
DESARROLLO REGIONAL
El proyecto de desarrollo nacional que proponemos, se finca en la firme convicción de que es preciso combatir las crecientes desigualdades regionales y sociales que hoy marcan al país, resolver los problemas estructurales que están inhibiendo la potencialidad del desarrollo de las entidades federativas, fomentar acciones que detonen la competitividad nacional, garantizar el dominio estatal sobre zonas estratégicas, e impulsar un federalismo co¬operativo que fortalezca la cohesión nacional y atienda los nuevos fenómenos demográficos y territoriales de la creciente concentración urbana.
• Impulsaremos el desarrollo de las regiones más rezagadas con una política federalista que apoye la infraestructura, los servicios públicos y obras de fomento a la producción para romper con los factores que limitan su desarrollo.
• Fortaleceremos una política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para atender los graves rezagos y nuevos desafíos que se presentan en los centros urbanos de más rápido crecimiento, grandes conurbaciones y zonas metropolitanas de nuestro territorio.
• Promoveremos políticas para estar a la altura de las demandas que genera el crecimiento de la frontera norte.
• Daremos atención a la incorporación del sur del país al desarrollo.
• Promoveremos la planeación conjunta de los tres niveles de gobierno para el desarrollo regional con una alta participación de los agentes productivos, actores sociales e instituciones de investigación y educación superior, así como una banca para el desarrollo de firme vocación al fomento del desarrollo local y regional.
• Impulsaremos la armonización y actualización del marco legislativo de la planeación del desarrollo en general, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la gestión de conurbaciones y metrópolis.
• Buscaremos la alineación de los instrumentos del ordenamiento ecológico del territorio, la política de aprovechamientos hidrológicos, la planeación y regulación del desarrollo urbano y los programas sectoriales, industrial, agrícola y pecuario, turístico y comercial.
• Promoveremos un fondo para el impulso al desarrollo de las regiones más pobres del país.
• Llevaremos a cabo una política de apoyo a la reconversión industrial y de financiamiento, ajustada a la realidad de cada una de las regiones de nuestro país y acorde a los procesos de apertura comercial pactados internacionalmente.
• Facilitaremos los trámites administrativos federales y crearemos, de forma coordinada con estados y municipios, un sistema de apertura de empresas más sencillo que propicie mayor competitividad y productividad.
• Impulsaremos la generación de empleos locales que favorezcan el arraigo y limiten la desarticulación de las familias.
• Estableceremos los lineamientos para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, de los pueblos y comu¬nidades en la elaboración de la planeación del desarrollo regional.
• Actualizaremos el papel de Banobras como verda¬dero agente del financiamiento del desarrollo estatal y regional, además, revisaremos los criterios de operación y asignación de recursos por parte del Fonadin, para fortalecer su capacidad financiera.
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
En la sociedad del conocimiento la inversión en ciencia y tecnología es indispensable para el desarrollo de la nación; la productividad que facilita la apropiación del conocimiento y las herramientas para generarlo es clave para atenuar las brechas de desigualdad, impulsar una mejor educación y capacitación, contribuir a los meca¬nismos de transparencia y, en general, lograr una eco¬nomía moderna, dinámica e incluyente. Por tal motivo, proponemos conformar una agenda digital que logre:
Impulso a la investigación en ciencia y tecnología
• Financiaremos de manera suficiente actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para alcanzar niveles mundialmente competitivos, am¬pliando la participación de todos los agentes invo¬lucrados, en particular del sector privado.
• Alcanzaremos la meta de 1% anual en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental como porcentaje del PIB en un plazo menor a diez años. De esta forma podremos destinar mayores recursos para crear modernos y numerosos centros de investigación.
• Haremos que la banca privada y de desarrollo pro¬mueva las actividades de innovación tecnológica.
• Mejoraremos los estímulos de los programas de retiro para la planta de investigadores.
• Impulsaremos la descentralización del sistema CTI para conseguir una distribución regional equilibrada en dichas actividades.
• En los próximos seis años incrementaremos el número de estudiantes de posgrado, tanto en programas nacionales como en el extranjero. El Conacyt deberá duplicar el número de becas y de centros de investigación públicos.
• Convocaremos a las universidades, los centros de investigación y las organizaciones representativas de los sectores privado y social, para el establecimiento de un Acuerdo Nacional por la Ciencia y la Tecnología.
• Instrumentaremos un programa integral para consolidar el sistema nacional de investigación científica y tecnológica del país, apoyando una reforma del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), autocrítica, autónoma y colegiada, a cargo de sus miembros.
Educación y capacitación tecnológica para el desarrollo humano
• Garantizaremos una agenda digital que incluya a todos los mexicanos.
• Usaremos tecnologías como herramienta básica para la universalización de la educación, multi¬plicando las capacidades del Sistema Educativo Nacional y elevando su calidad.
• Daremos capacitación en uso de tecnologías que permitan elevar la productividad y hagan de los mexicanos personas competitivas a nivel mundial.
• Privilegiaremos la formación de recursos humanos de alta calidad vinculados con las necesidades regionales y locales.
• Facilitaremos el acceso a la información y el uso de herramientas de comunicación a todas las personas.
Universalización del acceso a internet
• Realizaremos mayor inversión en infraestructura de banda ancha, fomentando la competitividad productiva de empresas del ramo.
• Impulsaremos la innovación y producción de equipos tecnológicos por parte de empresas mexicanas que vendan sus productos a precios accesibles.
• Reduciremos los costos de acceso a la banda ancha o de alta velocidad a niveles internacionales.
• Ampliaremos la infraestructura para detonar la conectividad, castigando prácticas monopólicas.
• Liberaremos porciones del espectro radioeléctrico para su uso público universal.
• Ampliaremos fondos en el presupuesto anual del gobierno federal para la cobertura social y rural en estos servicios.
• Generaremos un esquema con base en metas para la reducción y eliminación de la brecha entre la población urbana y rural con acceso a internet.
• Incentivaremos el consumo tecnológico a través de programas públicos de acceso a la primera computadora en los hogares.
• Apoyaremos programas de microempresa para los servicios de internet en medio rural y urbano.
• Fomentaremos el desarrollo de aplicaciones para servicios públicos con base en software libre y otras opciones innovadoras.
Generación de riqueza a partir del incremento en la productividad competitiva: fomento de la tecnología y digitalización en la economía
• Mejoraremos el marco de condiciones para la innovación, mediante la inversión en capital hu¬mano a todos los niveles y en todos los sectores de la economía.
• Mejoraremos los incentivos fiscales para inversión en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
• Impulsaremos la innovación tecnológica en las empresas.
• Promoveremos y apoyaremos la adquisición y renovación de nuevas tecnologías (equipos y pro¬gramas) en beneficio de las Pymes, así como pro¬gramas de capacitación.
• Crearemos programas de apoyo para la venta en línea con el fin de maximizar los beneficios de la economía digital y el comercio electrónico, me¬diante la reducción de costos y eficientización de la comercialización.
• Impulsaremos la creación de nuevas empresas y fuentes de empleo, teletrabajo para madres, personas con capacidades diferentes, y personas a las que les sea necesario o posible laborar desde su hogar.
• Estableceremos programas de capacitación jun¬to con empresas y universidades a fin de generar capacidades de liderazgo para la innovación y el aprovechamiento de la tecnología, en todos los niveles y sectores.
• Extender el uso de la firma electrónica avanzada y crear los incentivos adecuados para, gradualmente, convertir la factura electrónica en el único comprobante con valor fiscal.
• Alentaremos el desarrollo de la industria electrónica, informática y de software, como eslabón de industrias de punta en diversos clusters regionales.
Planificación de las políticas públicas
• Analizaremos la pertinencia de crear la Coordina¬ción Nacional e Interinstitucional de Desarrollo de CTI, (con participación del Conacyt, SEP, SE) la cual unificará las políticas públicas sobre ciencia y tecnología, y pondrá énfasis en la aplicación de las TIC, en materia de:
>Comunicaciones
>Educación (e-aprendizaje)
>Economía digital y comercio electrónico
>Gobierno electrónico
>Salud (e-salud)
>Propiedad Intelectual
>Privacidad
>Transparencia y seguridad jurídica (firma elec¬trónica).
EDUCACIÓN
La educación es un componente determinante en el de¬sarrollo humano; factor de movilidad social y de impulso de las transformaciones sociales. Es la única vía que nos garantiza que podamos avanzar hacia el logro de nuestras aspiraciones y conseguir un desarrollo integral del país. Es indispensable atender de manera efectiva el reclamo de la comunidad nacional por una educación de calidad a la que tengan acceso todos los mexicanos. Hacer responsable de la crisis estructural por la que atraviesa la educación a uno solo de los actores es, por decir lo menos, una posición simplista, que esconde, incluso, intereses particulares, de negocios o ideológicos. Es necesario dar un viraje a la agenda educativa, de una magnitud y dirección que haga factible lograr en los próximos años avances sustantivos en el aprovechamiento escolar, en la universalización de la cobertura, en la mayor eficiencia del sistema y, sobre todo, en su contribución al desarrollo del país. Para lograr esto, se proponen las siguientes políticas públicas:
• Emprenderemos un plan de largo plazo, con metas y parámetros de desempeño medibles periódicamente, de reformas para mejorar la educación básica.
• Realizaremos una estrategia que permita elevar los niveles de escolaridad y los años de permanencia en el sistema educativo. En el primer caso, la meta en seis años es pasar de 8.6 a 10 años de escolaridad; en el segundo, avanzar de los 13 años actuales, a 15 años en el mismo periodo.
• Revisaremos la compatibilidad de los avances de la integración de la educación básica con los propósitos de una política de Estado en materia educativa.
• Fortaleceremos el sistema de competencias educa¬tivas y docentes que se ha venido instaurando en la reforma del currículo de la educación básica, que le permita a los alumnos insertarse en la sociedad y en el mundo laboral.
• Es necesario que se implementen y fortalezcan, como un eje estratégico y transversal de políticas públicas educativas, aquéllas que transcendiendo el ámbito de lo técni-pedagógico (generalmente epicentro de la búsqueda de las “mejores prácticas” educativas), se estructuren más bien en el marco más amplio de la política social;
• dichas políticas, deben y deberían centrarse en las necesidades de los alumnos y en buscar garantizar sus condiciones materiales y psico-sociales mínimas desde mucho antes de llegar a la escuela, durante el trayecto hacia ésta, en su jornada escolar y hasta su llegada a casa, incluyendo el posterior desarrollo del educando en el seno familiar y social; mismas, que aunque generalmente se asumen como dadas, hoy en día no están plenamente garantizadas en México. Entre ellas, habría que destacar aquellas encaminadas a asegurar:
>La salud y seguridad física y psicológica del alumno en su hogar y entorno.
>Los satisfactores económicos básicos para el alumno y su familia.
>Medios de transporte e infraestructura escolar y urbana, accesibles, suficientes, eficientes y seguras.
• Perfeccionaremos el programa de Carrera Magisterial, cuyo objetivo fundamental es elevar la calidad de la educación a través del apoyo y fortalecimiento de la profesionalización docente.
• Perfeccionaremos y continuaremos con la imple¬mentación del Examen Nacional de Conocimiento y Habilidades Docentes para la obtención de plazas, aplicado y administrado por el Órgano de Evaluación Independiente con Carácter Federalista (OEIF) donde autoridades, maestros, observadores ciudadanos de organizaciones sociales, empresariales y de padres de familia, participan.
• Impulsaremos la evaluación universal obligatoria para docentes, directivos y docentes en funciones de apoyo técnico pedagógico.
• Generaremos mecanismos para mejorar el reconocimiento laboral y social a la tarea de los maestros.
• Intensificaremos las acciones orientadas a superar el rezago educativo y abatir el analfabetismo.
• Definiremos, en coordinación con la política económica y la política social, medidas específicas para resolver las desigualdades que prevalecen en el sistema educativo entre escuelas rurales e indígenas y escuelas urbanas, entre hombres y mujeres, y entre regiones.
• Estableceremos las acciones necesarias para garantizar la cobertura universal de la educación básica.
• Impulsaremos las escuelas de educación básica con jornada de tiempo completo donde los estudiantes puedan reforzar conocimientos y desarrollar habilidades artísticas y culturales, junto con programas de desayunos escolares y becas.
• Fomentaremos, de acuerdo con las circunstancias de cada entidad, la reducción del número de alum¬nos por grupo en las escuelas de educación básica, con el propósito de mejorar las condiciones para el aprovechamiento escolar.
• Fortaleceremos la enseñanza de la escritura y las matemáticas, y el hábito de la lectura, como núcleo central de los lenguajes e instrumentos que requieren los estudiantes para desplegar sus potenciales de aprendizaje y desarrollo personal.
• Estableceremos la enseñanza del idioma inglés como parte de los contenidos de aprendizaje de la educación básica.
• Incorporaremos desde la educación básica el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, mediante programas que permitan su difusión en la comunidad educativa, el equipa¬miento adecuado y la conectividad necesaria.
• Revisaremos y adecuaremos los esquemas de aten¬ción de los alumnos con capacidades especiales y los alumnos con capacidades sobresalientes.
• Revisaremos y fortaleceremos los programas de seguridad escolar.
• Fomentaremos el federalismo educativo como un nuevo arreglo institucional para la prestación de los servicios educativos.
• Fortaleceremos y ampliaremos la cobertura de la educación media superior.
• Revisaremos el estado actual del sistema de educación tecnológica para afianzar su vinculación con el aparato productivo.
• Fortaleceremos el Instituto Nacional para la Eva¬luación de la Educación.
• Promoveremos la transparencia de la información, la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos destinados a la educación.
• Impulsaremos los programas orientados a elevar la calidad de las escuelas mediante mejores sistemas de gestión escolar y la profesionalización de sus directivos.
• Apoyaremos los planes de mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura de las instituciones de educación superior, mediante la asignación de mayores recursos.
• Fortaleceremos los programas de infraestructura educativa para la construcción, equipamiento y mantenimiento de los centros escolares.
• Diseñaremos programas específicos para fortalecer la cobertura y calidad de la educación indígena y asegurar que cuenten con todos los recursos didácticos y equipo necesarios para cumplir con su tarea educativa.
• Impulsaremos la decidida participación de los gobiernos, de los padres de familia, de los maestros, de los propios educandos y de la sociedad toda para consolidar la calidad de la educación como el eje central de la política educativa.
• Si queremos detonar un cambio de fondo en la calidad del sistema educativo mexicano, tenemos que empezar por traducir esta prioridad en un incremento significativo en el gasto educativo por alumno.
• Adecuaremos los planes y programas de estudio de la educación normal para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea en la actualidad la educación básica. Una potencial reforma, conlleva revisar a fondo las implicaciones laborales, presupuestales y profesionales que entraña la transformación de las instituciones formadoras de docentes. Es prioridad que las escuelas normales recuperen su papel protagónico en la construcción de un nuevo modelo educativo, y para ello, es necesaria su renovación. La exigencia que ahora presenta el sistema educativo nacional es que la formación de docentes sea de la más alta calidad, impartida por planteles dependientes del Estado, con probada capacidad académica.
CULTURA
En el desarrollo del México contemporáneo, la promoción de una política cultural por parte del Estado ha sido una constante. Las tareas de fomento y difusión de las artes y la cultura en general, junto con la protección de nuestro extenso patrimonio cultural, han sido atendidas con múltiples iniciativas y la creación de infraestructura en todo el país. La cultura deberá seguir siendo un factor fundamental en el fortalecimiento de la identidad nacional y una premisa para avanzar hacia una mejor calidad de vida.
• Promoveremos el gusto por la cultura desde la educación hasta el desarrollo y promoción de sus distinta manifestaciones.
• Generaremos nuevas alianzas con el sector pri¬vado y social que permitan conjugar su trabajo cultural con el de las instituciones públicas.
• Presentaremos una iniciativa al Poder Legislativo que permita otorgar incentivos fiscales a quienes promuevan el trabajo cultural.
• Buscaremos articular las tareas culturales factibles con el aparato productivo y turístico regional para desarrollar modelos autosustentables en aquellas expresiones y localidades que tengan opciones de rentabilidad y desarrollo cultural.
• Generaremos una política pública de fortaleci¬miento de las industrias y empresas culturales orientadas al desarrollo social de los mexicanos.
• Apoyaremos y estimularemos el nuevo quehacer cultural, donde, a través de las redes sociales, se creen comunidades que se sintonicen para compartir experiencias culturales.
• A través del uso de las nuevas tecnologías, impulsaremos y apoyaremos los novedosos lenguajes artísticos y culturales, así como la formación de modelos de promoción y divulgación para nuevos espectadores, muchos lectores, nuevos artistas y ejecutantes.
• Coordinadamente con las entidades de la fede¬ración, impulsaremos la difusión del patrimonio cultural regional y nacional a fin de satisfacer las necesidades culturales de todos los puntos geográficos de México.
• En la recomposición de nuestro tejido social, la tarea cultural será un elemento central, para ello, de manera clara y vigorosa, impulsaremos acciones, particularmente entre niños y jóvenes, que contribuyan a combatir las conductas antisociales y la violencia.
• Revisaremos el modelo de financiamiento y coordinación, para optimizar el desarrollo de festivales internacionales en estados y regiones, buscando sinergias, difusión equitativa y un acceso más equitativo a los bienes culturales en toda la República.
SALUD
La salud es una de las fuentes principales de bienestar de las personas, las familias y uno de los componentes vitales para el desarrollo humano. Por ello, una de nuestras prioridades será fortalecer el sistema de salud y las políticas en la materia, para brindar servicios de mayor calidad y con una efectiva cobertura universal, optimizando la operación y recursos del Sistema Nacional de Salud. Para lograr lo anterior:
• Aseguraremos que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud de calidad. Impulsaremos la figura de los vales de medicina para garantizar cabalmente el abasto de medicamentos y agentes terapéuticos a los derechohabientes de los distintos sistemas de salud pública.
• Instrumentaremos nuevos mecanismos de financiamiento público que permitan universalizar y mejorar la calidad de los servicios de salud.
• Disminuiremos la brecha en la calidad de los servicios e indicadores de salud entre los municipios más pobres y más ricos.
• Aseguraremos la atención a los grupos más vulnerables (indígenas, discapacitados y adultos mayores).
• Garantizaremos que las consideraciones respecto de la igualdad de género, la pobreza, la ética y los derechos humanos se incorporen a la preparación de directrices, la formulación de políticas y la ejecución de programas relativos a la salud.
• Invertiremos en recursos humanos y financieros con miras a asegurar y ampliar el acceso equitativo a intervenciones seguras y de alta calidad.
• Pondremos énfasis en la prevención, la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles entre todas las poblaciones.
• Mejoraremos los servicios en materia de salud reproductiva.
• Implementaremos programas para la detección y tratamiento del cáncer de mama y cervico uterino.
• Orientaremos las políticas de salud a reducir la morbilidad y mortalidad, mejorar la salud en eta¬pas clave de la vida, como el embarazo, el parto, el periodo neonatal, la infancia y la adolescencia, mejorar la salud sexual y reproductiva, y promover el envejecimiento activo y saludable de todas las personas.
• Daremos mayor atención a la prevención y reducción de las tasas actuales de mortalidad por diabetes e hipertensión, así como erradicar la mortalidad de menores de cinco años por deficiencias nutricionales y las tasas de mortalidad por causas violentas.
• Apoyaremos los servicios estatales de salud, con¬tribuyendo a reducir las inequidades, ya que los gobiernos locales están más cercanos a las poblaciones más vulnerables y marginadas.
• Prevendremos y reduciremos los factores de riesgo relacionados con las afecciones asociadas al consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas, las dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de riesgo.
• Reduciremos las consecuencias sanitarias de las emergencias, desastres, crisis y conflictos, y mini¬mizar su impacto social y económico mediante la preparación y prevención ante tales eventualidades, haciendo integral la participación del sector salud en las intervenciones de emergencia y humanitarias.
• Prevendremos y combatiremos el VIH/SIDA, promoviendo intervenciones esenciales en materia de prevención, tratamiento, atención y apoyo, así como el acceso universal a esas intervenciones, con objeto de detener la transmisión de la enfermedad.
• Mejoraremos la organización, gestión y prestación de servicios de salud implantando mecanismos, procedimientos e incentivos que alienten a todos los interesados directos -en particular, los proveedores y las organizaciones de proveedores del sector público y privado- a sumar esfuerzos para mejorar la prestación de servicios y eliminar la exclusión del acceso a la atención sanitaria.
• Duplicaremos el número de médicos, enfermeras y camas hospitalarias por cada mil habitantes, así como el número de clínicas y hospitales que hay actualmente en el país.
• Garantizaremos el acceso oportuno a medicamen¬tos de calidad y de bajo costo a toda la población.
• Fortaleceremos el liderazgo, la rectoría y la base científica de los sistemas de salud. Mejoraremos los conocimientos y datos científicos para la adop¬ción de decisiones relativas a la salud mediante la unificación y publicación de los datos científicos
existentes, la facilitación de la generación de conocimientos en áreas prioritarias, y el liderazgo nacional en materia de política y coordinación de las investigaciones sanitarias, incluidas medidas para velar por la observancia de una conducta ética.
• Aseguraremos la existencia de un personal de salud, competente, capaz de responder a las necesidades con miras a mejorar los resultados sanitarios.
• Apoyaremos a la industria de la investigación en el área de la salud.
• Impulsaremos el descubrimiento y desarrollo de tratamientos innovadores para optimizar la atención a pacientes.
• Mejoraremos el abasto institucional de medica¬mentos.
SEGURIDAD SOCIAL
La institucionalización de un esquema de seguridad social es elemental para el desarrollo de las capacidades de los mexicanos y el mejoramiento de su expectativa de vida, esto permitirá vislumbrar el futuro como una garantía al disfrute de la plenitud y no como una amenaza o factor de incertidumbre. En esta materia nuestro país presenta un claro rezago, pues la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a seguridad social. Por ello:
• Crearemos una política de seguridad social con visión de Estado, sustentada en la corresponsabilidad de los sectores público, privado y social, así como de los tres órdenes de gobierno y fincada en una estrategia integral, articulada, solidaria, federalista y, sobre todo, con un horizonte de largo plazo, más allá de los cambios sexenales.
• Construiremos un modelo financiero, una política fiscal y laboral, así como una red nacional de seguridad social que garantice mínimos de bienestar y mecanismos de protección ante contingencias económicas y sociales.
• Impulsaremos un Sistema de Seguridad Social Universal que ofrezca acceso efectivo a los servicios de salud, a una pensión para el retiro, al seguro de desempleo y a un seguro por riesgos de trabajo en condiciones de equidad a todos los mexicanos.
• El eje de este nuevo Sistema de Seguridad Social será la condición de ser mexicano y el no estar necesariamente inscrito dentro de algún trabajo formal.
• Integración del fragmentado Sistema de Salud que tenemos en México, con lo que podríamos optimizar la inversión y el gasto que estas instituciones realizan.
• El sistema de seguridad social deberá ser financiado progresiva y mayoritariamente a través de impuestos generales no ligados al empleo.
• Promoveremos un seguro de desempleo, asegurando un ingreso mínimo universal a todos los mexicanos que se queden sin empleo y estén en la búsqueda de uno, al margen de su situación económica y condición social. Este mínimo deberá ser un ingreso no condicionado, que evite el clientelismo y que sirva como protección en caso de desempleo; debe ser de aplicación gradual conforme se avance en la reforma fiscal, acotado en sus objetivos de población objetivo, mayores de 18 años, y ligado a la capacitación.
• Impulsaremos el fortalecimiento del ahorro de los trabajadores y sus familias.
• Prestaremos especial atención a mujeres embarazadas y a los niños pequeños. Es obligación del Estado asegurar que reciban una alimentación balanceada, vivienda, guarderías y servicios médicos adecuados.
• Ayudaremos a hombres y mujeres a combinar el empleo remunerado con la prestación de cuidados a hijas e hijos, a través de la licencia materna y paterna remunerada y prestaciones por hijos a cargo.
• Haremos efectiva la legislación en materia de calidad y seguridad de guarderías subrogadas y privadas.
• Aseguraremos la calidad en los servicios, con su respectiva evaluación constante con base en una entidad autónoma (Coneval) y de la más amplia, informada y efectiva participación social.
DEPORTE PARA UNA VIDA SALUDABLE
La actividad física y deportiva tiene una influencia positiva en la calidad de vida de las personas, desde la niñez hasta la edad plena. En la Coalición concebimos el deporte como pilar fundamental de la salud pública, la armonía social y la seguridad comunitaria; sin menoscabo de sus vertientes recreativas y de esparcimiento, y su efecto recuperador del tejido social, así como sus potencialidades de alto rendimiento y turismo depor¬tivo, haciendo de su práctica una palanca adicional del desarrollo humano y social de México.
• El deporte formará parte sustantiva de los pro¬gramas educativos para consolidar una cultura de salud y rendimiento.
• Abordaremos el deporte y la actividad física como un componente del desarrollo social y la salud pública, aplicando una lógica de prevención de enfermedades mediante la cultura de una vida sana, ayudando a reducir la incidencia de enfer¬medades y el tratamiento de padecimientos aso¬ciados a la falta de actividad física.
• Impulsaremos la práctica del deporte desde tem¬prana edad, vinculándolo con el sistema educati¬vo, generando las condiciones adecuadas para que todos lo puedan practicar o desarrollar la actividad física de su agrado.
• Buscamos como una prioridad reducir la obesidad infantil mediante la obligatoriedad y profundiza¬ción en los programas de educación física y cultura del deporte dentro del Sistema Educativo Nacional.
• Instrumentaremos acciones para fortalecer la capa¬cidad de los gobiernos locales para el mantenimiento, conservación y ampliación de la oferta de espacios e infraestructura dignos que aseguren el acceso y disfrute al desarrollo de actividades deportivas.
• Promoveremos la participación comunitaria en el diseño de programas deportivos que convoque a la participación organizada, fomentando con ello actitudes de cooperación y trabajo conjunto.
• Diseñaremos e implementaremos programas de¬portivos, en coordinación con las autoridades lo¬cales y municipales, para fortalecer el tejido social, así como rehabilitar e invertir en la creación y recuperación de espacios públicos para la práctica del deporte, con la intención de favorecer la integración de las comunidades ante amenazas como la delincuencia y las adicciones.
• Orientaremos programas de activación física y de¬porte a los jóvenes como mecanismo para mante¬nerlos alejados de las adicciones y la delincuencia.
• Apoyaremos el deporte amateur de alto rendimien¬to con esquemas de becas para los estudiantes que se destaquen en esta materia. Pondremos especial
atención en aquellos con capacidades diferentes.
• Promoveremos un modelo de turismo deportivo que genere empleo, atraiga derrama económica y use responsablemente los recursos naturales y humanos de nuestro país.
• Invertiremos en la construcción de unidades deportivas estratégicamente ubicadas, así como mejorar, rehabilitar y dar mantenimiento a las instalaciones existentes, optimizar los espacios deportivos existentes en el país, incluidas las canchas escolares subutilizadas en horario vespertino, asegurando la cobertura de la demanda y previendo la intensificación de su uso.
• Ampliaremos el presupuesto, cobertura y progra¬mas de promoción del deporte en los tres ámbitos de gobierno, de forma coordinada.
• Apoyaremos a las universidades para dar un ma¬yor impulso al deporte.
• Promoveremos la mejora de equipo e instalacio¬nes deportivas en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.
• Proponemos la creación de centros regionales de entrenamiento, especialización deportiva y alto rendimiento.
• Invertiremos en la formación y capacitación de recursos humanos en cultura física, deporte y medicina deportiva.
• Impulsaremos la cultura física y el deporte entre las personas con capacidades diferentes y adultos mayores, así como crear espacios adecuados para su desarrollo.
• Promoveremos la ampliación de la participación de la población en la práctica del deporte, motivada por la difusión y operación de los programas oficiales encaminados al desarrollo de la cultura física y el deporte y por su incorporación en los programas educativos.
• Fortaleceremos la coordinación y desarrollo de los programas de activación física y de fomento al deporte en el Sistema Educativo Nacional y currícula escolar.
• Fomentaremos la vinculación, retroalimentación y trabajo en paralelo entre las instancias deportivas y el sistema de educación a partir de bases de datos y estadísticas sociales deportivas en las distintas áreas de atención en beneficio de toda la población.
VIVIENDA
El derecho efectivo a la vivienda es un objetivo central de nuestras políticas de desarrollo social, urbano y económico. Es un ámbito de política de claro valor intersectorial y de alto impacto en todos los indicadores de competitividad y calidad de vida. El sector de la vivienda debe considerarse así como impulsor de la recuperación económica y del desarrollo de las familias. La inversión en vivienda será una prioridad.
• Contaremos con una política de vivienda que promueva el desarrollo económico sustentable, que impulse el mercado interno y sea factor de desarrollo social; que brinde un financiamiento suficiente y accesible a la demanda, incluso de las personas de menores ingresos; que contribuya a promover el ordenamiento urbano y la armonía territorial, e involucre una mayor participación del municipio; que busque hacer ciudades y hacer comunidades competitivas en términos económicos, sociales, ambientales y tecnológicamente sustentables.
• Apoyaremos los procesos de autoconstrucción con materiales, capacitación y acceso a crédito de las familias de menores ingresos.
• Impulsaremos políticas de apoyo a las familias que hoy se ubican en terrenos regulares para su escrituración y para la división de la titularidad en el caso de que dos o más viviendas estuviesen compartiendo un mismo predio.
• Apoyaremos los procesos de regularización de te¬rrenos de las familias pobres con pleno respeto al marco legal.
• Fortaleceremos a la entidad coordinadora del sec¬tor habitacional (Conavi) incorporando bajo su tutela sectorial de manera precisa a los organismos nacionales de vivienda (excepto Fonhapo).
• Modernizaremos la estructura operativa de In¬fonavit, Fovisste y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) a fin de que atiendan de manera pertinente, con agilidad y eficacia a los distintos segmentos de la población que requieran satisfacer sus necesidades de vivienda.
• Fortaleceremos el papel de la SHF como banca de desarrollo para ser garante de liquidez en el sector vivienda.
• Cuidaremos el carácter progresivo de los subsidios y de vivienda de Conavi y Fonhapo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para atender a la población de bajos ingresos.
• Abatiremos con prioridad el rezago existente de vivienda y proyectaremos mediante una planeación adecuada las necesidades en este ramo para los próximos años.
• Coordinaremos y simplificaremos trámites con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de vivienda.
• Fortaleceremos a Bansefi para que promueva de manera integral la cultura del ahorro con propósi¬to habitacional, facilitando al sector no asalariado acceder a un subsidio al frente para integrar un enganche y ser sujeto de crédito hipotecario en condiciones de mercado.
• Orientaremos aportaciones federales bajo normatividad estricta para apoyar el crecimiento ordenado y la dotación de infraestructura y servicios en las ciudades, evitando su dispersión y pérdida de cohesión comunitaria.
• Promoveremos acuerdos por la calidad de la vi¬vienda con los promotores y desarrolladores, que garanticen mínimos satisfactorios a un producto digno, humano y propicio al desarrollo familiar y comunitario.
• Propiciaremos el desarrollo de una cultura de convivencia y desarrollo patrimonial en las familias jóvenes, que haga viable la redensificación urbana, mediante modelos de vivienda vertical y condominal.
• Impulsaremos a la industria de la vivienda en la perspectiva de que sea uno de los detonantes del desarrollo económico, social y ambiental, para fortalecer la demanda interna y contrarrestar la debilidad del mercado externo.
COMBATE A LA POBREZA
Las acciones del programa de gobierno tendrán como eje rector el impulso a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, con opciones de desarrollo individual tanto en el terreno económico como social, que permitan me¬jorar los índices de desarrollo humano. Buscaremos abrir espacios de participación social, con miras a la construcción de un país más justo y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes.
• Proponemos la instrumentación de un nuevo pacto social entre los actores políticos, sociales y económicos, que tenga como objetivo el crecimiento sostenido, el desarrollo con equidad y la erradicación de la pobreza.
• El Estado retomará su rectoría y responsabilidad como conductor de la política social. Garantizará en primer término la atención a los derechos sociales.
• Haremos una profunda transformación de la Se¬cretaría de Desarrollo Social, para que cumpla cabalmente con su misión en materia de coordinación de la política de desarrollo social nacional, de combate a la pobreza, de ordenamiento del territorio y el desarrollo humano, con base en el fortalecimiento y reconstrucción del tejido social comunitario.
• Impulsaremos la autonomía del Coneval, a fin de asegurar la independencia de la evaluación de los programas sociales.
• Impulsaremos la compactación de los programas, y simplificaremos mecanismos de acceso a los mismos.
• Promoveremos el fortalecimiento institucional de los municipios a fin de reducir la competencia y duplicidad de funciones con la federación.
• Propugnamos por un federalismo social a favor de las zonas atrasadas y de los excluidos que respete las competencias de los órdenes de gobierno y propicie la colaboración institucional, que reconozca la creatividad estatal y la fuerza comunitaria de los municipios.
• Diseñaremos políticas encaminadas a reducir en forma sostenida la desigualdad actual, disminuir radicalmente la pobreza y, en particular, erradicar la pobreza alimentaria.
• Implementaremos políticas públicas transexenales y transversales, enfocadas en la reducción de la pobreza y la desigualdad, considerando diferencias cómo: etnias, edades, género, para conseguir una mejor calidad de vida.
• Definiremos a corto plazo la forma de instrumentar la inserción de la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la alimentación a la población nacional, debiendo abordar el problema de la pobreza alimentaria en su problemática integral, lo que implica la necesidad de aumentar oferta interna, convertir la demanda potencial insatisfecha en demanda efectiva, ampliar el abasto popular en las mejores condiciones posibles, apoyar al consumo de la población de menores recursos y mejorar sustancialmente la cultura alimentaria y nutricional.
• Emprenderemos una segunda generación de programas de desarrollo social que, dejando atrás la visión asistencialista, realmente se convierta en proyectos o en programas productivos que nos permitan incorporar a la población atendida y menos favorecida.
• Insistiremos en el acceso de las familias rurales y haremos efectivo el derecho a la alimentación recién aprobado, para que desaparezca la condición inhumana de la pobreza alimentaria y la desnutrición de nuestra realidad nacional, tanto de las ciudades como del sector rural.
• Incorporaremos la vertiente de impulso al em¬pleo y a las actividades productivas del sector social, como un eje fundamental del desarrollo
social.
Para ello, analizaremos la integración bajo una sola institución de todos los programas hoy dispersos de apoyo a la formación, capacitación, apoyo y financiamiento a los individuos y empresas sociales en condiciones de pobreza.
• Realizaremos un esfuerzo extraordinario y debida¬mente articulado para emprender una verdadera cruzada al rescate de las zonas de atención prioritaria rurales y urbanas.
• Mejoraremos la eficiencia del gasto público y eli¬minaremos subsidios generalizados al consumo sustituyéndolos con subsidios focalizados o transferencias directas dirigidas a la población pobre.
• Daremos todo el apoyo a la construcción de cen¬tros de salud de todos los niveles, así como al mejoramiento de la calidad, equipamiento y especialización de los servicios médicos para el medio rural.
• Promoveremos una política de desarrollo terri¬torial y de eliminación de la pobreza rural con programas de desarrollo comunitario vinculados al cuidado del medio ambiente, ecoturismo, silvicultura, artesanía.
• Fortaleceremos las localidades estratégicas en las zonas más lejanas y marginadas para reducir la dispersión y el aislamiento rural y facilitar el acceso a los servicios básicos.
• Revisaremos de manera integral las acciones y responsabilidades en materia de atención a grupos vulnerables, a fin de que se consideren como parte de una estrategia amplia de desarrollo social, y no solamente se privilegie su atención desde la óptica del sector salud.
• Garantizaremos un piso mínimo de apoyo a los grupos más vulnerables, por ello se impulsará la pensión universal para adultos mayores.
• Particular atención recibirá el apoyo a los indígenas, a fin de cerrar la brecha de bienestar que hoy los separa del resto de los mexicanos.
• Impulsaremos un programa de ciudades de ca¬lidad.
• Recuperaremos la noción de desarrollo, ordena¬miento y planeación urbana, a la luz de las recientes reformas a la Ley de Vivienda, con el objetivo de construir ciudades incluyentes y espacios urbanos para la convivencia.
• Reforzaremos los proyectos de la vivienda digna a las familias rurales, respetando su cultura y los materiales de construcción de su región.
• Implementaremos una política sólida para gene¬rar espacios públicos de convivencia y de encuentro entre los mexicanos.
• En general, promoveremos que todos los mexi¬canos tengan acceso a la recreación, a la cultura, a oportunidades de participación e integración social; en suma, se hará un esfuerzo sostenido y permanente a favor de una mayor calidad de vida.
JÓVENES
Los jóvenes representan el capital social más valioso de México; son, sin embargo, uno de los grupos más vulne¬rables de nuestra sociedad. Enfrentan enormes carencias económicas y sociales que limitan su libertad y los colo¬can en desventaja ante un mundo altamente competitivo. Construir una propuesta de atención a los jóvenes es una prioridad inaplazable. La viabilidad como nación se fundamenta en la existencia de una población joven con las capacidades necesarias para insertarse competiti¬vamente al mercado laboral.
• Diseñaremos una política transversal de gobierno para la atención de los jóvenes.
• Impulsaremos la creación de una Ley General de Juventud, sustentada en los principios de igual¬dad, no discriminación, libertad de preferencias, responsabilidad y confianza.
• Garantizaremos el acceso efectivo a la educación, la salud, al trabajo, a la vivienda y a la participa¬ción política de los jóvenes.
• Promoveremos la aplicación de tratados y conve¬nios internacionales en materia de procuración de justicia juvenil.
• Fortaleceremos las capacidades de los jóvenes mediante la provisión de una educación suficiente y de calidad en todos los niveles.
• Ampliaremos la infraestructura y calidad de los servicios educativos, para garantizar el acceso a la educación media y media superior.
• Apoyaremos a quienes deseen continuar estudiando, con programas de becas, y opciones de educación alternativa para quienes tienen necesidad de incorporarse al mercado laboral.
• Promoveremos acciones de apoyo al cuidado infantil, de las madres jóvenes que desean seguir estudiando.
• Promoveremos su participación corresponsable en el desarrollo con el servicio social remunerado.
• Impulsaremos la actualización de los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes y fomentar habilidades, valores y competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica.
• Incorporaremos en la educación secundaria y media superior contenidos de educación financiera que den a los jóvenes una perspectiva innovadora y emprendedora.
• Impulsaremos el apoyo a las empresas sociales de jóvenes, y a quienes los contraten, a través de pro¬gramas de primer empleo.
• Fortaleceremos el fomento y el acceso a la cultura, así como el desarrollo artístico de los jóvenes para dar curso a su energía creativa, y prevenir conduc¬tas antisociales, entendiendo a la cultura como un elemento de cohesión social.
• Ampliaremos el número de becas en todos los niveles educativos para que los jóvenes tengan un estímulo para seguir estudiando.
• Lograremos que los jóvenes que están realizando prácticas profesionales o servicio social cuenten con seguridad social.
• Impulsaremos una agenda digital enfocada en los jóvenes.
• Generaremos un vínculo empresa-universidad para identificar las necesidades del mercado y de¬sarrollar perfiles universitarios acorde a estos.
• Implementaremos una política de inserción laboral para los recién egresados.
• Abriremos espacios para proyectos de jóvenes con inquietudes e ideas innovadoras; que tengan la oportunidad de desenvolverse como emprendedores y establecer su propia empresa.
• Introduciremos una política micro-financiera sus¬tentada por un proyecto creado por jóvenes en colaboración con expertos en la materia.
• Crearemos incentivos, con base en la Ley de Fo¬mento al Primer Empleo, para que las empresas generen oportunidades laborales para los jóvenes.
• Haremos una mayor inspección en los centros de trabajo por parte de las autoridades correspon¬dientes, para asegurarnos de que los jóvenes no tengan problemas de explotación o se abuse de su necesidad de empleo y adquisición de experiencia para tenerlos trabajando en condiciones que distan mucho de las legales.
• Impulsaremos a los jóvenes a participar en pro¬yectos de gobierno para que puedan aportar ideas innovadoras.
• Fortaleceremos programas de concientización, prevención y atención en salud sexual y reproductiva, que incluya información, educación y servicios accesibles, adecuados e integrales, de acuerdo con las necesidades de los jóvenes.
• Promoveremos campañas permanentes de fomento de “primera visita ginecológica o urológica” a partir de los 14 años.
• Realizaremos programas innovadores para la prevención y atención de adicciones que informen sobre la exposición a riesgos y comportamientos perjudiciales para la salud.
• Crearemos programas de apoyo a la reinserción social de los jóvenes que hayan delinquido, incluyendo políticas de empleo.
• Fomentaremos la integración familiar que refuer¬ce los valores en los jóvenes, empezando por la cultura de la igualdad de género y el repudio a la violencia de género e intrafamiliar.
• Difundiremos programas sobre cultura democrática que involucren a los jóvenes en las decisiones políticas.
• Estimularemos liderazgos jóvenes comprometidos con la comunidad para que nos representen en el Congreso.
• Estableceremos programas de acceso a créditos accesibles para lo compra de la primera vivienda de las y los jóvenes.
MUJERES
La desigualdad de oportunidades que hemos vivido en¬tre mujeres y hombres afecta a toda la sociedad. Es por ello que tenemos el compromiso, hoy más que nunca, de cerrar esas brechas de desigualdad, las cuales impiden el desarrollo pleno de México. Proponemos:
• Políticas públicas transversales.
• Las mujeres estarán incluidas clara y consistente¬mente en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales, derivados en diagnósticos, programas y objetivos, así como los mecanismos de evaluación que midan permanentemente sus avances.
• En el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres serán corresponsables todas las áreas y sectores de gobierno.
• El Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá etiquetados recursos para el avance de los objetivos de la igualdad de género.
• Para lograr lo anterior, impulsaremos la capacitación en cuestiones de género a funcionarios públicos.
• Promoveremos ante el Poder Legislativo las reformas y adiciones a leyes y reglamentos que alienten el pleno desarrollo de mujeres y hombres.
• Apoyaremos programas que contribuyan a la plena incorporación de las mujeres a la economía y sobre todo a sus beneficios.
• Insistiremos en consolidar una reforma laboral que:
>Facilite la incorporación de las mujeres a la vida laboral, particularmente de aquellas que son madres.
>Concilie la vida laboral y familiar.
>Promueva los aspectos de apoyo a la lactancia; y
>haga realidad la igualdad de derechos en materia de ingresos y prestaciones entre hombres y mujeres.
• Impulsaremos, desde el ámbito de las políticas educativas, una cultura de responsabilidad compartida y el reconocimiento a la igualdad entre los géneros.
• Fortaleceremos políticas que garanticen el cuida¬do infantil en guarderías y estancias infantiles con calidad.
• Promoveremos y garantizaremos el acceso de ni¬ñas, jóvenes y mujeres a todos los niveles educativos y en todas las áreas.
• Impulsaremos el análisis de la condición de las mujeres desde preescolar y en todos los niveles para realizar políticas públicas pertinentes.
• Mantendremos la permanencia escolar de las ni¬ñas mediante becas educativas.
• Consolidaremos acciones integrales, desde la educación para la prevención hasta la efectiva sanción, que permita reducir los índices de violencia contra las mujeres.
• Reforzaremos campañas, programas de salud y acciones de prevención para disminuir los indicadores de mortalidad materna.
• Promoveremos una educación sexual que evite embarazos prematuros y no deseados.
• Reduciremos la mortalidad materno-infantil.
• Generaremos programas efectivos para la detec¬ción oportuna y tratamiento del cáncer de mama y cérvico uterino.
• Garantizaremos el respeto a los derechos sexuales y reproductivos.
• Fortaleceremos las campañas en materia de edu¬cación, atención a la salud y apoyo a la produc¬ción para las mujeres indígenas.
• Garantizaremos la efectividad de la plena ciuda¬danía y los derechos políticos de las mujeres.
• Como parte de la estrategia de apoyo a la eco¬nomía social, daremos prioridad a la formación, capacitación y apoyo a los proyectos productivos de mujeres.
MIGRANTES
El fenómeno migratorio tiene que ser visto desde una perspectiva integral; nunca podrá ser contenido por muros y programas policiales. Es fundamental construir acuerdos y puentes entre las naciones involucradas en las diversas facetas del proceso migratorio, de tal forma que de manera conjunta construyamos condiciones favorables tanto para los gobiernos como para los migrantes y sus familias. Atenderemos el tema migratorio desde la perspectiva del desarrollo, con un enfoque regional e integral, porque estamos conscientes que hay que promover el empleo, la educación y las opciones de bienestar en las comunidades de origen tanto urbanas como rurales.
• Aplicaremos una política migratoria congruente con nuestra posición, que asuma a la migración no como un problema sino como un fenómeno de orden mundial, acorde al contexto y a la dinámica demográfica, que proteja las vulnerabilidades asociadas a la migración y al ejercicio de derechos fundamentales, particularmente el respeto integral a los derechos humanos de los migrantes y sus familias.
• Proponemos la creación de un Fondo de Desarrollo Económico y Seguridad Social para migrantes que sirva como garante del reconocimiento al esfuerzo y contribución que los migrantes dan al país, que pueda contribuir al financiamiento de programas de atención, salud, repatriación de cadáveres y apoyos de diversa índole.
• Vigilaremos y negociaremos para que el desarro¬llo de las políticas migratorias en otros países no violen las garantías y los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. Rechazaremos desde una postura diplomática respetuosa y eficaz las legislaciones con carácter racista, xenofóbico y violatorio de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias.
• Impulsaremos la ampliación de los derechos po¬líticos de los mexicanos en el extranjero hasta lograr el ejercicio y la plenitud de los mismos. En la Coalición reconocemos el concepto de participación política desde una visión mucho más amplia que el ejercicio del sufragio desde el exterior, de igual manera reconoceremos desde el gobierno el papel de los migrantes y sus familias como pieza fundamental en la construcción de una democracia integral.
• Consolidaremos una auténtica política migratoria de Estado que permita el acceso a programas de gobierno y a establecer mecanismos más eficaces que atiendan a los migrantes y sus familias en México y en el exterior.
• Promoveremos una simplificación administrativa que amplíe, modernice y haga más eficaz la protección consular a los mexicanos en el extranjero.
• Mejoraremos las políticas de atención a repa¬triados.
• Reforzaremos los programas de atención y orien¬tación jurídica y asistencia a migrantes, tanto los que son dirigidos a nuestros connacionales en el extranjero, como a aquellos que transitan o migran de otros países hacia el nuestro, especialmente de Centro, Sudamérica y del Caribe.
• Ampliaremos los servicios consulares que se otor¬gan a los mexicanos en el exterior.
• Haremos partícipe a la sociedad civil en la ela¬boración de políticas migratorias, especialmente de las organizaciones que colaboran directamente con ellos. Haremos énfasis en la atención a comu¬nidades en las que tenemos índices elevados de expulsión de migrantes.
• Impulsaremos una amplia reforma al Instituto Na¬cional de Migración, que lo modernice y le otorgue el grado de operatividad necesaria para promover e impulsar su eficiencia, legalidad y honestidad en el servicio, combatiendo las prácticas de corrupción, proporcionándole las herramientas necesarias para un buen desempeño y funcionamiento, para la atención a los migrantes y sus familias.
• Impulsaremos la imagen de los mexicanos en el extranjero, así como el aprendizaje de sus ex¬periencias como contribución al desarrollo re¬gional, particularmente de México y de Estados Unidos.
• Promoveremos una política de desarrollo y segu¬ridad regional México-Estados Unidos-Canadá que incorpore el tema de migración como un bien estratégico de la zona y un tema del interés común para la integración de agendas conjuntas de gobierno. De igual manera, lo haremos con las naciones de Centroamérica y el Caribe.
MEDIO AMBIENTE
Estamos conscientes de los riesgos y daños que México y el mundo pueden sufrir por el deterioro del medio ambiente; por ello, asumimos plenamente la responsa¬bilidad de luchar por la mitigación y adaptación de las regiones a dichos cambios. Al ser tan grave este proble¬ma, debemos buscar la forma de atacarlo con medidas que no impidan el crecimiento económico, la generación de empleos y el combate a la pobreza. Por estas razones se trabajará en las siguientes acciones:
• Reforzaremos la integración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
• Ampliaremos la concertación con los sectores social y privado, con la finalidad de desarrollar una gestión ambiental confiable, oportuna y eficiente. Para ello es indispensable consolidar la vincula¬ción con el sector educativo y de investigación científica y desarrollo tecnológico.
• Impulsaremos una mayor descentralización de funciones ambientales a entidades federativas y municipios.
• Implementaremos un programa nacional para de¬sarrollar y mantener actualizados los atlas de riesgos y peligros hidrometereológicos, por elevación del mar y ríos, relacionados con el cambio climático.
• Elaboraremos e implementaremos un programa de salud pública preventiva sobre los cambios en perfiles epidemiológicos esperados, incluyendo difusión al público.
• Protegeremos los manglares como ecosistema fun¬damental que contrarresta los efectos del cambio climático.
• Impulsaremos la creación de la Ley General de Cambio Climático.
• Generaremos una conciencia real del problema a través de los actores y programas educativos.
• Estableceremos medidas y estrategias de mitigación y adaptación regionales ante el cambio climático, tales como: eficiencia energética en alumbrado público, producción y uso de energías alternas.
• Estudiaremos periódicamente el estado de salud de la población en relación a la contaminación atmosférica.
• Impulsaremos una norma que equipare los niveles máximos permisibles de contaminantes a la atmósfera a los recomendados por la OMS.
• Regularemos el rendimiento de vehículos ligeros, transporte automotor ligero a diesel, eliminación de vehículos chatarra.
• Impulsaremos la norma de eficiencia energética y compuestos de efecto invernadero para vehículos ligeros.
• Reforzaremos la infraestructura ferroviaria que apoye la reducción de combustibles fósiles y sea utilizado como transporte multimodal.
• Contaremos con transporte público urbano moderno y eficiente en las zonas metropolitanas.
• Mejoraremos la generación y uso de energía, y por igual propiciaremos un aprovechamiento de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica.
• Reduciremos la deforestación y degradación del suelo, y protegeremos los ecosistemas naturales mediante áreas naturales protegidas.
• Fomentaremos las prácticas sustentables de manejo forestal y vida silvestre.
• Crearemos condiciones e instrumentos para ampliar la cobertura forestal.
• Fomentaremos el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en minimización, reuso y, reciclaje.
• Fomentaremos el aprovechamiento de los residuos orgánicos para elaboración de compostas y producción de energía.
• Impulsaremos un esquema amplio de coordinación para transitar a un esquema de Basura Cero en la gestión de los residuos sólidos urbanos.
• Impulsar la creación de un inventario de residuos peligrosos a nivel nacional, regional, estatal y municipal.
• Llevaremos a cabo las medidas y acciones de miti¬gación de manera secuencial comenzando por los sectores de mayor potencial de reducción a me¬nor costo, hasta culminar en los que representan los costos más elevados y los menores beneficios ambientales.
• Incrementaremos los recursos destinados a acciones de adaptación y mitigación del cambio climático y orientaremos los programas presupuestales para estos fines.
• Orientaremos la estrategia de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a los sectores que aportan el mayor porcentaje de emisiones. Estos son: 1) energía y transporte (60.7%); 2) residuos (14.1%); 3) bosques y procesos de cambio de uso de suelo (9.9%); 4) procesos industriales (9%) y 5) agricultura (6.4%).
• Promoveremos la recuperación de gas a través de la reducción de su quema y venteo en la producción petrolera, y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.
• Mejoraremos la eficiencia de las industrias estatales de electricidad y petróleo y eliminaremos los subsidios perjudiciales para el medio ambiente.
• Obtendremos mayores recursos financieros y tec¬nológicos internacionales para impulsar medidas de adaptación y mitigación en el país.
• Impulsaremos políticas fiscales para hacer operati¬vo el principio del que contamina paga e impul¬sar los proyectos sustentables y de remediación.
• Ampliaremos los programas sectoriales relaciona¬dos con uso de combustibles más limpios y de energías renovables.
• Estableceremos los mecanismos legales que facili¬ten el acceso de proyectos mexicanos al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y a mercados de bonos de carbono internacionales.
• Adoptaremos medidas para proteger a la población y sus bienes de desastres provocados por el cambio climático.
• Aceleraremos la construcción de infraestructura para enfrentar inundaciones y otros desastres en las zonas del territorio nacional más vulnerables a este fenómeno e incluiremos estas obras en el Programa Nacional de Infraestructura.
• Tomaremos la conservación del suelo como un asunto de seguridad nacional por su importancia alimentaria y de calidad del agua.
• Superaremos el rezago en materia de Áreas Na¬turales Protegidas (ANP) para elaborar y publi¬car los planes de manejo, redefinir polígonos y priorizar corredores biológicos en la creación de nuevas ANP.
• Incrementaremos las áreas naturales protegidas del territorio nacional y fortalecer el Sistema Na¬cional de Áreas Naturales Protegidas estimulan¬do la participación social en su manejo con el
objetivo de que sea un sistema productivo que beneficie, entre otros, a los campesinos y a los pescadores ribereños del país.
• Fomentaremos el reconocimiento de la función ecológica de la tierra.
• Promoveremos un verdadero desarrollo forestal sustentable que permita reducir hasta eliminar la deforestación alarmante del país y evitar la degradación de suelos. Para ello se apoyarán esquemas de Deforestación y Degradación Evitadas, conocidos como REDD+.
• Aplicaremos una política agresiva en materia de protección de los bosques naturales del país, para lo que será necesario fortalecer significativamente la aplicación y el cumplimiento de la ley en el tema de tala ilegal.
• Incorporaremos los temas de conservación y cui¬dado del medio ambiente en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico.
• Impulsaremos en la Ley de Bioseguridad sobre los Organismos Genéticamente Modificados, la protección de especies centro de origen, la regulación de actividades de liberación, transportación y comercialización de organismos genéticamente modificados y la garantía del derecho a la información de los consumidores a través del eco-etiquetado.
• Propiciaremos la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la difusión de proyectos de desarrollo sustentable.
• Propiciaremos la concientización de los efectos del ruido en la salud.
• Promoveremos la formación de especialistas alta¬mente calificados en materia ambiental.
• Fomentaremos la investigación científica y promo¬veremos programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovecha¬miento racional de los recursos y proteger los eco¬sistemas, así como diseñar las mejores medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
• Promoveremos en materia de turismo los desarro¬llos de bajo impacto ambiental.
• Impulsaremos el fortalecimiento de la Profepa con el fin de que sea un organismo descentralizado.
• Promoveremos la creación de Tribunales Especiali¬zados en materia ambiental.
• Crearemos un régimen especial de responsabilidad ambiental, en el que la ciudadanía pueda actuar de manera independiente a las autoridades adminis¬trativas, con el fin de reparar los daños ecológicos y abatir, inhibir y prevenir de manera eficiente los actos violatorios de la normatividad ambiental.
• Implementaremos un esquema para que la ma¬nifestación de impacto ambiental opere como un instrumento real de gestión ambiental y no como un mero trámite.
AGUA
Los objetivos de nuestra propuesta de políticas públicas se centran en el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hidrológicos nacionales; la gestión adecuada y eficiente de los hidráulicos y su infraestructura; la dotación equitativa de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a los usuarios rurales, institucionales, urbanos, industriales y domésticos; el fortalecimiento de la autoridad nacional, así como de los organismos de cuenca, operadores y concesionarios estatales y
municipales; la consolidación de un sistema financiero efectivo para el sector agua en México, así como la institucionalización de instancias eficientes en una nueva gobernanza de este recurso estratégico.
• Revisaremos y reformaremos íntegramente la legislación en materia de agua, ya que la ley en vigor ha acusado muy tempranamente serios defectos e insuficiencias que imposibilitan su plena vigencia.
• Sistematizaremos y editaremos de forma ade¬cuada toda las reglamentaciones específicas para establecer una adecuada distribución de competencias y funciones en la materia, considerando la corresponsabilidad de estados y municipios en los siguientes ámbitos: a) gobernabilidad, b) descentralización del sector, c) atención a los daños ambientales del recurso y d) mejoramiento del esquema de administración del recurso con un sistema sólido, confiable y transparente de concesiones y asignaciones sustentables y sostenibles en relación con el medio ambiente.
• Desarrollaremos e instrumentaremos una política hídrica nacional que promueva el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos con la participación conjunta de usuarios, sociedad, órdenes de gobierno y organismos operadores, que a su vez propicie una mejor coordinación entre sectores productivos, en particular con el sector agrícola.
• Construiremos una política de Estado para pre¬venir desastres en asentamientos ubicados en zonas de riesgo.
• Fortaleceremos el marco institucional para una nueva gobernabilidad en la gestión integral del recurso.
• Evitaremos la sobreexplotación de acuíferos, la ex¬plotación no sustentable de las cuencas, la sobre concesión de volúmenes, la falta de tratamiento de aguas residuales y el mal uso del recurso por parte de la población en todos sus usos.
• Construiremos un nuevo sistema financiero para el sector, que contemple el riego agrícola, con la concurrencia de los diversos actores involucrados, la agrupación de programas y recursos fiscales dispersos, para crear un mecanismo presupuestal innovador, el cual incentive economías e incremente y mejore la infraestructura existente en los distritos y unidades de riego, así como los programas de capacitación y transferencia de tecnología para aumentar la eficiencia en la uti¬lización del agua y aumentar la productividad del campo.
• Consolidaremos a los organismos operadores mu¬nicipales de agua potable y saneamiento, refor¬zando sus competencias y capacidades para que presten un servicio más eficaz, sean autosostenibles en lo financiero y lo operativo; disminuyan las fugas de agua en las zonas urbanas a través del mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura.
• Ampliaremos y fortaleceremos los apoyos de la banca de desarrollo nacional e internacional para rehabilitar las redes de distribución urbana.
• Mejoraremos la sustentabilidad financiera de los organismos que gestionan el recurso, su control y mantenimiento, mediante planes financieros es¬tratégicos que combinen los subsidios públicos y los recursos obtenidos de los usuarios.
• Fortaleceremos en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Programa de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
• Promoveremos la captación y tratamiento del
agua de lluvia y el establecimiento de medidas para evitar su desperdicio en los sistemas urbanos.
• Incentivaremos la reutilización del agua tratada en actividades agrícolas, industriales, recarga de acuíferos y riego de áreas verdes.
• Aplicaremos efectivamente la normatividad en materia de descargas de aguas residuales y su tratamiento, particularmente en el ámbito mu¬nicipal y en el sector industrial. Aumentaremos, además, la utilización de instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de esta normatividad.
• Incrementaremos la participación de los usuarios en el financiamiento de la gestión del agua y en el cobro de los costos por servicios de irrigación.
• Modernizaremos los métodos de irrigación a tra¬vés de la construcción de nueva infraestructura hidráulica que permita ampliar la superficie de almacenamiento, distribución y riego.
• Consolidaremos los planes municipales y distri¬tales del manejo del agua, particularmente en los municipios con menor índice de desarrollo.
• Impulsaremos la más amplia participación social de los usuarios y actores del sector, así como de las instituciones académicas, en un espacio donde sociedad y ciudadanía generen soluciones a los principales problemas que enfrenta el recurso.
• Mediante educación y cultura fomentaremos el cambio de actitudes sociales que propician el derroche del agua.
• Impulsar la legislación en materia de playas con el fin de lograr una gestión integral del manejo de los recursos de la costa.
POLÍTICA EXTERIOR
Para México resulta fundamental ocupar un espacio pro¬tagónico en la comunidad internacional, tanto a nivel regional como global, acorde con nuestra historia, nues¬tro verdadero potencial y capacidades. Debemos no sólo retomar el liderazgo que teníamos, sino recomponer las relaciones con América Latina y el Caribe como nuestros aliados y vecinos, de igual forma con otras regiones del mundo que demandan de México una nueva Política Exterior visionaria y eficaz, distante de la que tenemos actualmente sin rumbo y sin expectativas. Para ello, emprenderemos una política exterior que promueva la dignidad del pueblo mexicano, que tenga metas claras y propósitos comunes con nuestros aliados estratégicos y se convierta en una verdadera herramienta para detonar el desarrollo de nuestro país.
• Combatiremos las amenazas de carácter transnacional, como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el crimen organizado desde el ámbito de la cooperación y el intercambio.
• Participaremos de forma protagónica en la aten¬ción de fenómenos de orden mundial de actuali¬dad como el cambio climático, los riesgos sanita¬rios, la prevención y atención en desastres naturales y la movilidad humana, a través de la contribución eficaz en organismos internacionales en la materia y la suscripción o ratificación e implementación y cumplimiento de convenios, protocolos e instrumentos internacionales en la materia.
• Atraeremos la inversión extranjera directa y promoveremos el comercio exterior que beneficie a México, salvaguardando ante todo los intereses de productores y empresarios.
Revisaremos los beneficios del programa de trabajadores temporales con Canadá velando ante todo que se garanticen los derechos y la protección a nuestros connacionales.
• Rescataremos la relación con las naciones anglo y franco parlantes del Caribe por medio de programas de asistencia técnica, prevención de desastres naturales, salud y educación.
• Impulsaremos acuerdos con la región centroamericana en temas de suma relevancia para la región tales como la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, especialmente en temas de flujo de armas, trata de personas, combate a bandas del crimen organizado, narcotráfico y secuestro de migrantes.
• Estimularemos la actuación de los mecanismos de concertación política y apoyo económico.
• Reforzaremos la cooperación Sur-Sur.
• Nos acercaremos, con iniciativas de cooperación, a temas como gobernabilidad global, derechos humanos, seguridad y justicia, democracia de instituciones y organizaciones internacionales.
• Fortaleceremos la relación en el ámbito económico y cultural, educativo y tecnológico.
• Latinoamérica tiene que ser una prioridad en nuestras relaciones, reconociendo nuestro papel histórico con los países de la región Andina y los del cono sur. Profundizaremos y diversificaremos la relación con Argentina, Chile y Brasil; con este último, reconociéndolo como un aliado estratégico y trabajando con fórmulas complementarias a un potencial tratado comercial.
• Aprovecharemos los mecanismos de concertación regional para temas de negociación con Estados Unidos, la Unión Europea y las naciones del BRIC (Brasil, Rusia, India y China)
• Propiciaremos la creación de mejores esquemas de apoyo a las empresas y Pymes para un superior aprovechamiento de las relaciones comerciales.
• Fortaleceremos los lazos con las principales potencias.
• Fomentaremos los vínculos con la Unión Europea en temas de seguridad pública y aplicación de la ley.
• Buscaremos mayor cooperación científica y tecnológica, particularmente en temas como biotecnología, nanotecnología y medio ambiente, con mayor énfasis con las naciones de Asia y Medio Oriente.
• Incrementaremos la cooperación científico-técnica, principalmente en agro-ciencias, pesquerías, educación superior, salud y recursos hídricos.
• Con Japón incrementaremos el comercio bilateral y la inversión en infraestructura, industria automotriz y tecnologías limpias.
• Buscaremos que exista un intercambio económico, tecnológico y comercial con las principales economías de Asia como la República de Corea del Sur.
• Crearemos vínculos fuertes con India e Indonesia, potencias regionales con peso económico.
• Buscaremos acceso de más productos mexicanos al mercado chino y promoveremos una balanza de intercambio comercial justa con esta nación a fin de proteger a los productores y empresarios mexicanos.