El gobierno del Estado de México admitió hoy que en algunos municipios de la entidad comienzan a surgir grupos civiles de autodefensa, igual que en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
En declaraciones a la agencia Notimex, el secretario general de Gobierno mexiquense, Efrén Rojas Dávila, detalló que hasta ahora tienen detectada la presencia de policías comunitarios en los municipios de Amatepec y Tlatlaya, y aseguró que ese tipo de expresiones “serán revisadas a detalle”.
El funcionario descartó que la existencia de dichos grupos sea una muestra de ingobernabilidad; más bien, dijo, “significa que la sociedad tiene exigencias claras y que el gobierno debe visualizarlas y entenderlas, sobre todo para atenderlas”.
De acuerdo con Rojas Dávila, el sur del Estado de México “lo hemos estado atendiendo fuerzas federales, estatales y municipales, entonces, veremos con atención el tema”.
El funcionario estatal señaló que ese esquema de seguridad se ha mantenido por largo tiempo y que por el momento así se quedará.
“Vamos a revisar y tener certidumbre, llevaremos a cabo reuniones con alcaldes y, a partir de esto, decidir o tomar otra determinación”, agregó.
Más tarde, integrantes del Frente Popular Campesino y Revolucionario Francisco Villa anunciaron la conformación de su propia policía comunitaria, en el sur del estado.
En conferencia de prensa, Luis Enrique Granillo, integrante del movimiento, aseguró que aunque las autoridades saben que grupos del crimen organizado se han infiltrado en varias demarcaciones, como Tejupilco, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras, Luvianos, Amatepec y Tlatlaya, no han hecho nada para detenerlos.
“Las comunidades alrededor del Frente Popular han decidido el día de hoy conformar, en un proceso lento, violento y a la vez muy peligroso, tomar la seguridad en sus comunidades; sabemos perfectamente el riesgo que esto representa, la vida de los que estamos aquí presentes el día de hoy, lo sabemos perfectamente señores, pero no tenemos miedo de dar la vida por el sur del Estado de México.
“Si es necesario tomar las armas para que nos hagan caso y resolver este grave atraso, los compañeros del Frente Popular estamos dispuestos a dar ese paso”, declaró Granillo.
El surgimiento de este tipo de policía civil comenzó en el estado de Guerrero, en donde al menos 100 comunidades de 20 municipios han decidido hacer justicia por su propia mano en una estrategia de autodefensa.
Ante la ascendente ola de violencia en la región, cada vez más comunidades se declaran en autodefensa y con armas en la mano impiden el acceso a sus localidades para protegerse de la delincuencia organizada.
Otro caso destacado de comunidades organizadas al margen del Estado mexicano para cubrir sus necesidades básicas, es el de los 38 municipios autónomos conformados por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde finales de 1994 en Chiapas.
Las comunidades están agrupadas por un Consejo Autónomo Municipal, cuyos representantes integran a su vez uno de los cinco Caracoles, vigilados por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN.
Un caso más es el de San Juan Copala, Oaxaca: una parte de la comunidad triqui se declaró a partir de 2007 municipio autónomo, pero los conflictos entre las distintas organizaciones –Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), señalada como un grupo paramilitar– han generado un ambiente de violencia que ha obligado a comunidades completas a dejar su territorio desde 2010.
Santa María Ostula, Michoacán, es otro ejemplo. Sus comuneros recuperaron alrededor de mil 300 hectáreas que estaban en manos de pequeños propietarios del poblado La Placita, lo que ocasionó el asedio de grupos paramilitares y que la comunidad de Ostula organizara su policía comunitaria tradicional y nombrara una guardia comunal.
Por separado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, restó importancia al surgimiento de grupos civiles de autodefensa en distintas regiones del país al afirmar que la existencia de dichos grupos data de hace 15 ó 17 años.
Sin embargo, reconoció que la desesperación por la falta de garantías y de justicia los ha llevado a tomar las armas y a hacer justicia por su propia mano.
La Segob, dijo, ha dialogado con estas comunidades para que procedan dentro del orden y la legalidad, aunque justificó su existencia.
También informó que el gobierno del estado ya se está capacitando a aquellos profesionistas para que se desempeñen como policías, pero también como agentes del Ministerio Público.