En septiembre pasado 10 sobrevivientes presentaron una demanda en la Corte Federal de Hartford, Connecticut
Sábado 7 de enero de 2012, p. 5
Miami, 6 de enero. El ex presidente Ernesto Zedillo reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal, en 1997.
En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de ex presidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos ocurridos en dicho poblado de Chiapas.
Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso la moción por conducto de sus abogados, para solicitar que se deseche la acusación presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.
El ex mandatario fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños.
De acuerdo con la denuncia, esto ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno de El plan de campaña Chiapas 94, presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista, que emergió públicamente el primero de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami (Florida), en nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos, y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo que la argumentación de Zedillo es "inapropiada" al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.
"No es apropiado solicitar inmunidad", insistió el abogado, al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert se excusó de hacer más comentarios, por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del ex presidente responden a la demanda.
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del ex gobernante mexicano, quien se desempeña actualmente como profesor en la Universidad de Yale, en New Haven.
En la demanda se acusa a Zedillo de conspirar, junto con el entonces procurador general Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la matanza.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas hasta de 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia, en 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la SCJN posibilitó que sobrevivientes y familiares de las víctimas conocieran tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros buscar justicia en Estados Unidos en contra de ex funcionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.
La Ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros hacen posible que ciudadanos de otros países tengan derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.