Seis años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión, seis años de mentiras y promesas falsas, de simulación, corrupción, complicidad y de un Estado de excepción que nos han impuesto.
Jueves 06 de Agosto del 2012.
Seis años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía mientras nosotros, la sociedad ponemos los muertos, los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades.
Seis años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades, seis años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales .
Seis años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a una educación crítica para una vida digna.
Seis años, de nuevo, en que los políticos no dialogan con la sociedad pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. Seis años en que han querido que veamos un México que sólo existe como versión oficial, seis años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes sirven.
Nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos la clase política, y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad.
Por esto es que el movimiento #YoSoy132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México.
Esté análisis parte de la lectura crítica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también lo que nutre nuestro plan de lucha.
Es un análisis compartido con la sociedad a la que convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna.
Este es el informe que el movimiento #yosoy132 da a la nación sobre la situación actual en 6 ejes emblemáticos y que hacemos público para someterlo la discusión, al diálogo y al debate con la sociedad civil organizada o no que desea un México más justo, libre y democrático.
1. Democratización de los medios de comunicación, información y difusión
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en lo que tiene que ver con medios de información es un sexenio muerto.
En legislación no hubo avance, en telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas voraces empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico propiedad de los mexicanos.
Se persiguió y violentó a ciudadanos que buscan crear sus propios medios a través de radios comunitarias; y se caracterizó por las persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas.
Felipe Calderón no sólo asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer valer el orden jurídico vigente para desplegar acciones autoritarias y favorecer al duopolio televisivo.
Felipe Calderón Hinojosa lucró políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado relativa a medios de comunicación.
Una situación simular podemos observar en el ámbito de las telecomunicaciones.
Tres casos son muestra de la política de discrecionalidad del actual gobierno:
La licitación 21 donde favorece a Televisa y Nextel; la fusión Televisa-Iusacell nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas; y el “rescate” de la banda de 2.5 Ghz debido a la presión ejercida por Grupo Televisa.
El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación para beneficiar a los consorcios mediáticos lesionando con ello a las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al mercado de la telefonía.
Televisa y TV Azteca como socios concentran el 88 por ciento de las concesiones de televisión abierta, teniendo 94.4 por ciento de la audiencia televisiva, lo cual les favorece con un 58 por ciento del total de la inversión publicitaria, recibiendo 30 por ciento del gasto de comunicación social federal según los mismos datos de la COFETEL.
Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió en varias ocasiones a abolir la brecha digital así como fomentar la competencia de aquellos que ofrecen el servicio de interconexión.
Sin embargo, el escaso acceso a Internet, debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructura de telecomunicaciones, impide el despliegue de las redes.
Al mismo tiempo, la alfabetización digital es todavía deficiente.
A lo anterior podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de internet, un tema recurrente en este sexenio.
Ejemplo de ello es el intento de la aprobación deliberada y tramposa del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y a la libre expresión.
A estas alturas del sexenio de los 112 millones que habitamos el territorio nacional apenas 9 millones tenemos computadora en casa, de los cuales sólo 6.9 millones tienen acceso a Internet, lo que nos deja con un promedio de penetración estimada del 30.7% colocándonos a 2.7 puntos porcentuales debajo de la media mundial y de -8.8 puntos del 39.5% que es de la media Latinoamericana.
Mientras a los grandes consorcios mediáticos el gobierno federal concedió licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos ciudadanos por crear sus propios medios los persigue y agrede.
La labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que las comunidades puedan ejercer ampliamente su derecho a la información y libre expresión.
Estas son algunas de las Radios Comunitarias que han sido violentadas durante este sexenio: Radio Diversidad Veracruz; Radio Tierra y Libertad Nuevo León; Radio Uekakua Michoacán; Radio Eiampiti; Radio Ñomndaa Guerrero. Las cuales han sido agredidas y perseguidas por el gobierno federal.
La crisis de seguridad pública del sexenio se vio reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión registrándose un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72 periodistas o comunicadores asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan sólo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, que van de amenazas, a asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque cibernético, y acciones legales.
Destacamos que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la violencia contra la prensa cambió sus características, a lo largo de estos seis años al problema de la censura, se agregó el escenario de los periodistas rehenes y ataques a directos a las instalaciones de los medios de comunicación.
En torno a la censura destacó que “el ataque sobre el gremio de periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos rebasó el 53 por ciento de los casos, mientras que los atribuibles al crimen organizado se encuentran sobre el 13 por ciento”, los casos de Lydia Cacho y el de Carmen Aristegui, resultan en este sentido paradigmáticos.
Es así como queda desmentido el discurso oficial de que el responsable de la violentar la libertad de expresión en el país es el crimen organizado.
Un Estado como el mexicano que no puede garantizar la integridad física y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar tampoco nuestro derecho a la información.
Adicionalmente las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios.
El gobierno federal ha creado lazos de complicidad con la industria cultural, lo que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada nacional y transnacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio cultural, obra de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios simbólicos sean construidos por los sistemas jerárquicos del poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución en los diversos medios: radio, televisión, museos, teatros, editoriales, entre otros.
En virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de comunicaciones en México hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria, la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial; y donde las políticas públicas de comunicación son contrarias a los intereses de los ciudadanos mexicanos. Por la democratización de los medios de comunicación en México
¡ #YoSoy132!
YoSoy132 ContraInforme132 Seguridad Nacional y Justicia 1 septiembre 2012
DISCURSO:
4. Cambio al modelo de seguridad nacional y justicia.
En el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo sustancial fue la movilización social en el estado de Oaxaca del movimiento magisterial. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo gobierno, éste emprendió una Guerra contra el crimen organizado que se transformó discursivamente en una Guerra contra el narcotráfico.
Esta guerra, como señalan los análisis de autores como Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio y Laura Carlsen, consultados por el Movimiento #YoSoy132, fue emprendida por el Gobierno Federal como parte de la estrategia de legitimación de un gobierno emanando de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN por sus siglas en inglés) y el Plan Mérida.
Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de 1,400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda (según datos del Colegio de México) al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual se ha emprendido ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.
El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes de mayo del 2012, que impulsará la “Guerra contra el narcotráfico” y la militarización de Centroamérica y el Caribe.
Revistas de investigación como Proceso y Contralínea han dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México: la presencia de autoridades y efectivos de la DEA, CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el Operativo Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de 2,000 armas y municiones en territorio nacional.
A la par, el adiestramiento en “contrainsurgencia” de mandos militares mexicanos por el Comando Norte ha sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la IV Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, el cual permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos, México y toda América Latina.
En este mismo contexto, según José Luis Piñeyro de la revista Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011, 320 mil millones de pesos del erario público en materia de seguridad el 2.5% del PIB, el triple de lo que destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos destilables a este rubro por año, lo que ubica a México en el onceavo país con más gasto en materia de seguridad en todo el mundo según estudios del World Military Expenses.
Con estos recursos el gobierno Calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista animal político, ha llevado a más de 45,000 militares y un número indeterminado de marinos, a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico de ha manifestado.
Esta estrategia de militarización del país en la guerra contra el narcotráfico, no ha demostrado ser efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta guerra ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en los se da dicha violencia.
La guerra, esta guerra que los ciudadanos no pedimos ha causado una verdadera catástrofe social: 80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.
Estas cifras, que no sólo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio que el gobierno de Calderón muestra hacia las víctimas de esta guerra.
Somos víctimas, no somos "daños colaterales", no aceptamos esa condición porque ésta exonera de responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en este estado de excepción, a quienes han sido cómplices por cerrar los ojos y suprimirnos, por desconocernos, por matarnos, secuestrarnos, y desplazarnos una y otra vez con su política de muerte. (Mauro, Victima, San Fernando, Tamaulipas)
Por lo anterior, reconocemos que tal como dice Conflict Barometer, el fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en toda América Latina en el siglo XXI.
Y nos sumamos a los balances y e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización civil Human Right Watch que mencionan que esta guerra a construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna como:
Las llamadas narcofosas donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010 y más de 150 cadáveres en Durango, los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o Policías Federales, el asesinato de jóvenes en masa como en Villas de Salvarcar en 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo.
Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de la luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas:
El asesinato de Josefina Reyes Salazar, y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, Julio César Reyes Reyes y Rubén Reyes Salazar; la persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Marisela Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade; los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarce y Rocío González; el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leyva y José Trinidad, el asesinato de Luis K. Fong, el asesinato del activista de la FfyL Carlos Sinuhé Cuevas Mejía; los luchadores del MPJD Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón y Marcial Baustista; los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Jorge Alexis y Edgar David Espíritu; la periodista Regina Martínez de la revista Proceso; todas estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres colman nuestra tierra.
Estamos hasta la madre, hoy decimos basta, no más sangre.