Corrupción e impunidad en la política mexicana: Coronel DEMP de la SEDENA.

La corrupción y la impunidad se han convertido en un serio problema para México, ya que parece que existe una costumbre vivir con estos fenómenos que provocan la descomposición social ante la pérdida del temor a no cumplir con la ley, advierte el coronel de artillería Diplomado del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Filiberto Mondragón Polo.

POR: JOSE REYES

“El alto financiamiento, la corrupción e impunidad, la connivencia con la delincuencia organizada, ratifican la desconfianza que la población le tiene a sus partidos políticos, al observar que actúan como una clase privilegiada e insensible a las necesidades que tiene el país, relacionadas con la pobreza extrema, la desigualdad social y el desempleo”, destaca.

En un análisis Los partidos políticos y su impacto en la seguridad nacional, publicado en la revista del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, hace una férrea crítica a los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Morena, Convergencia, Panal, PT, MC,  PVEM, a los que responsabiliza de la crisis de gobernabilidad, corrupción e impunidad en que está inmerso el país.

Señala que a nivel nacional el 89.7% de la población considera que la corrupción es muy frecuente en la policía, seguida de partidos políticos con el 84.4% y el ministerio público con 78.4%.

La impunidad es grave, ya que ha provocado en nuestra sociedad la constante y sistemática violación de la ley, hacen difícil su solución. “Corrupción e impunidad, están afectando la gobernabilidad, el desarrollo y la democracia”, subraya.

Agrega que para la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones, los diezmos, sobornos y comisiones aumentan año tras año. El problema no mejoró con la alternancia política, lo que desmintió la idea de que un cambio de partido político en el poder resolvería la grave situación que sobre corrupción prevaleció por más de 70 años.

Mondragón Polo señala que lo que se apreciaba como una determinación del entonces presidente Fox, al prometer que erradicaría la corrupción y el abuso del poder se fue al fracaso, ya que del 2006 al 2012, México tuvo una calificación de 33 en materia de honestidad y con el presidente Calderón, México se colocó como el país más corrupto entre los miembros de la OCDE.

CON INFORMACIÓN DE: CONTRA LINEA.

Este Jueves desaparece la Secretaria de Seguridad Publica Federal.

Este jueves, será oficial la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que hoy  el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman, diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Miércoles 02 de Enero del 2013.

De acuerdo con estos cambios, la Secretaría de Gobernación será la encargada de gestionar las funciones de esta secretaría.
En tanto que la Secretaría de la Función Pública (SFP), entidad que también desaparecerá con las modificaciones establecidas, se especificó que  su extinción se concretará hasta que entre en funciones la Comisión Nacional Anticorrupción que la sustituirá.
El 13 de diciembre pasado, el pleno de la Cámara Baja avaló con 423 votos a favor, 38 en contra y cuatro abstenciones, la reforma a la Ley Orgánica que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, en la cual se establecía la desaparición de las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública,  al tiempo que se le otorgaban nuevas atribuciones a Gobernación.

Detras de los cambios al "Pacto por México" estan los (Poderes fácticos), TELEVISA y TVAZTECA.

La diputada Perredista, Purificación Carpinteyro, advirtió que la modificación al pacto nacional en materia de telecomunicaciones evidencia dónde se encuentran los poderes fácticos.

La diputada perredista, Purificación Carpinteyro, calificó  como un gran avance el reconocimiento de la existencia de los poderes fácticos dentro del Pacto por México.  Apuntó que “el hecho de que el PRI y todos los partidos reconozcan su existencia ya crea una expectativa”.
Sin embargo, advirtió que los cambios que se hicieron al acuerdo sobre la gratuidad de la retransmisión de la señal abierta,  es una forma de dimensionar a magnitud de la influencia que ejercer los  poderes fácticos, que “pueden doblegar” al gobierno.
Y remarcó con esto cambios, en el sector de telecomunicaciones,  queda claro  dónde se encuentran estos poderes que no están incluidos  en la constitución, pero que influyen en  la gobernabilidad.
Consideró que dicho poderes dejaron pasar  el compromiso que hace alusión a la fragmentación de monopolios  por que lo  percibe como lejano, una forma de retar al gobierno  a ver si se  atreve a disolver empresas. Pero, el tema de la gratuidad de la Televisión es un asunto más  tangible, por eso  lo modificaron.
Señaló que  en términos relativos  la ganancia que obtienen las cadenas de televisión por cable  por  el cobro de retransmisión  de señal abierta,  “es casi nada”, pero refirió que el “poder  se encuentra en el dominio del mercado de los contenidos televisivos, lo que permiten doblegar a cualquiera”.  
A pesar de ello, reiteró que ve con entusiasmo la idea  que expone el acuerdo nacional de  combatir a los poderes fácticos, porque se trata de la primera vez que el gobierno reconoce que estas fuerzas de poder existen.

Audio. Purificación Carpinteyro, diputada perredista.

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CNDH condena al Gobierno Federal, ocultamiento de cifras de muertos.

El primer visitador general Luis García consideró que el 

ocultamiento de la información tiene tres lecturas: que el 

gobierno de Felipe Calderón no cuenta con las cifras, que 

las esconde o que quiere mantener impunes los crímenes 

cometidos.

Viernes 17 de Agosto del 2012.

Pese a que en esta época, la transparencia y rendición de cuentas debería ser un principio fundamental de la gobernabilidad, la administración federal ha decidido ocultar la cifra de ejecutados en el sexenio, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien condenó la decisión oficial y se dijo preocupada por la indiferencia que aparenta. 

"Yo no podría afirmar si hay una intención política de generar una situación oscura, el hecho es que ante lo evidente que son los datos que se han dado a conocer, la preocupación es que una, 10 o 20 mil personas agraviadas exigen que se tenga un registro muy claro de qué pasó con cada una de esas víctimas. Y que explique por qué una situación ha derivado en este número de víctimas", dijo en entrevista con el diario Reforma, Luis García, primer visitador general del organismo. 

"La preocupación es que no se investigue y queden en impunidad. Ya si es una intención del Gobierno, bueno, pues eso no nos toca a nosotros señalarlo. Parecería que las autoridades se han vuelto indiferentes ante el número tan alto de víctimas que hay. No olvidemos que son personas y mientras no exista una sentencia de algún juez penal que determine si es responsable de un delito, ni aún así, se puede quedar una pérdida de vida sin investigar", dijo. 

El ocultamiento de la información tiene tres lecturas, consideró: que el gobierno de Felipe Calderón no cuenta con las cifras, que las esconde o que quiere mantener impunes los crímenes cometidos. 

"(Nos dice) que no tienen la información y eso es muy delicado porque se han destinado muchos recursos económicos a crear bases de datos (…) y debería haber una base de datos, un registro de víctimas por nombre, apellido, estado, edad, delito o agravio, procedimiento de la investigación”, dijo. 

Y si tienen la información, agregó, “¿por qué no la quieren dar a conocer? ¿Qué está pasando con las investigaciones, dónde están las investigaciones?” 

"Una tercera lectura, en ambos casos, es que hay impunidad", expuso. 

El visitador resaltó la ineficacia de las instituciones de justicia al recordar que sólo el 1% de los 12 millones de delitos que se cometen al año llegan a sentencia condenatoria.

¿Cual es la Política Pública de la SCT?, para el rescate de la banda 2.5GHz. en la que MVS tiene concesiones

La presidenta de Observatel, publica hoy en el 'El Universal' un artículo en el que analiza el anuncio de la SCT sobre las concesiones de banda ancha de 2.5 Ghz. Levy subraya que si la negociación se agotó y los términos propuestos por la SCT fueron legales y MVS "no quiso entrarle", quizás el rescate era la única opción. "No sabemos si fue así, porque la SCT nunca ha sido transparente en este tema", dice.

MVS al rescate

Lo que para muchos era impensable, y para otros deseable, sucedió ayer. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, dio el banderazo de salida al procedimiento de rescate de la banda de 2.5 GHz, en la que MVS tiene concesionados 190 MHz en casi todo el país.

El proyecto MVS

La empresa presentó a la SCT, hace más de un año, un ambicioso proyecto que denominó `Banda ancha móvil para todos`, en el que proponía la construcción de una red nacional y la creación de un consorcio concesionario integrado por varias empresas, que vendería capacidad ‘ancho de banda’ a otros operadores (todos los que quisieran comprarle), y a su vez estos ofrecerían servicios al usuario final. Algo así como un mayorista.

Para lograr lo anterior, MVS solicitó la prórroga de sus concesiones por 20 años más, así como su cambio, a fin de poder ofrecer servicios móviles vía nuevas tecnologías. Para qué le cuento los vericuetos jurídicos del tema: decenas de amparos y hasta la Corte atrajo el asunto de la negativa de prórrogas de algunos de sus títulos, que por cierto aún siguen pendientes de resolución.

El discurso de Pérez-Jácome

Si la negociación se agotó y los términos propuestos por la SCT fueron legales, sensatos y observaron el interés público, y MVS nomás no quiso entrarle, quizás el rescate era la única opción. Pero no sabemos si fue así, porque la Secretaría nunca ha sido transparente en este tema y tampoco lo fue en el discurso de ayer. De hecho, el secretario señaló una serie de usos y aplicaciones de la banda en cuestión, que incluso parecieran estar tomados de la propia descripción del proyecto de MVS, con lo que no hace lógica esa argumentación (quiero hacer con la banda lo que tú propusiste). Por otro lado, el discurso es tautológico, habla de `la política pública que han aplicado` y nunca dicen cuál es dicha política, y esa es la médula del asunto.

 ¿Qué es el rescate?

Es una figura jurídica por la que los bienes materia de una concesión (el espectro) vuelven a la posesión y administración del concesionante, en este caso de la SCT. La Ley Federal de Telecomunicaciones, establece los supuestos bajo los cuales se puede rescatar una frecuencia (interés público, por ejemplo). De igual manera, el rescate conlleva una indemnización cuyo monto debe fijarse con base en las inversiones realizadas y no incluye el valor del espectro.

Pero quedan muchas preguntas por responder, y es la SCT quien debe hacerlo: ¿Cuál es la política pública a la que obedece el rescate?, ¿Qué pasará si al licitar la frecuencia de 2.5 GHz, el monto de la contraprestación resulta menor a la solicitada a MVS para su prórroga?

¿Cómo se sustentará lo anterior, si toda la política está basada en que el tema recaudatorio no debe ser el principal elemento decisorio para el otorgamiento del título de concesión?

¿Qué sigue?

El procedimiento de rescate apenas empieza y lo dicho ayer por el secretario deja la puerta abierta para la negociación. Los años que puede tardar este nuevo proceso, empantanarían el aprovechamiento de la banda y un eventual `éxito` del Gobierno Federal sería una victoria pírrica en la que perderíamos todos.

Concentrar 190 MHz en una sola empresa o grupo de interés, en efecto, no es conveniente, pero tampoco sacar de la jugada a un actor que puede hacer un contrapeso importante como competidor en un sector tan concentrado.
No se trata de rescatar a MVS, pero tampoco de que MVS rescate al sector. En mi opinión, hay que insistir en llegar a un acuerdo, como los negociados en los casos de la concentración Televisa y Iusacell, o bien la megamulta a Telcel. Esa `política pública del sector` sí la conocemos muy bien ¿o no?

*IRENE LEVY. Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana.

Información: Aristegui Noticias.

Caso Wirikuta. Una farsa, anuncio de Gobernación: Defensores.

 El Frente en Defensa de Wirikuta calificó como “una farsa” el anuncio del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sobre la cancelación de la explotación minera en 761 hectáreas que habían sido concesionadas a la empresa canadiense First Majestic, y la declaratoria de Reserva Minera Nacional de 45 mil hectáreas.

Viernes 25 de Mayo del 2012. 


En rueda de prensa, la agrupación precisó que First Majestic había ofrecido desde enero del año pasado devolver 761 hectáreas, de las 5 mil 761 que tenía, ya que ahí no estaba planeada ninguna excavación.

Sin embargo, los indígenas rechazaron en su momento esa propuesta, debido a que exigen que el gobierno cancele cualquier concesión en la ruta Wirikuta, considerada desde 1994 como reserva ecológica y cultura de San Luis Potosí, e incluida en la lista de lugares sagrados de la Unesco.

En torno de la Reserva Minera Nacional, los representantes de las comunidades wixáritari sostuvieron que ninguna concesión minera se encuentra dentro de esas 45 mil hectáreas, distribuidas en angostas y dispersas áreas, y que aún persiste la amenaza de otras concesiones, mucho más grandes, en el Wirikuta.

Santos de la Cruz, del Consejo Regional Wixárika, advirtió que el anuncio de Segob “no representa, lamentablemente, ninguna solución, sólo es una estrategia para aprovechar la cobertura mediática del Wirikuta Fest (un concierto masivo de protesta que se realizará este sábado 26 en el Foro Sol) y dar una falsa imagen de su supuesta responsabilidad social”.

De la Cruz estuvo acompañado en la conferencia, efectuada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por los consejeros Felipe Serio Chino y Jesús Lara, Tunuary Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, y por los músicos Rubén Albarrán, de Café Tacuba, y Roco, de La Maldita Vecindad, quienes participarán en el concierto de mañana.

El jueves anterior, los secretarios de Economía y de Gobernación, Bruno Ferrari y Alejandro Poiré, también destacaron la entrega de los estudios de georreferenciación en el Wirikuta en los que, según se denunció hoy, no participó la comunidad indígena.

Santos de la Cruz aclaró que al anuncio oficial sólo acudieron dos de 27 representantes que integran el Consejo Regional Wixárika.

Pese a ello, dejó en claro que mantienen su disposición al diálogo, aunque el gobierno panista primero debe dejar de simular. 

“Aunque hablamos nuestra lengua, nosotros entendemos en español y no mentimos”, aclaró.


Información: Proceso.

Es una burla "La Reforma Politica", Gerardo Fernandez Noroña.