Los cateos y la UNAM: ahora o nunca
La discusión a conciencia y a fondo de la propuesta de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre Seguridad y Justicia en Democracia es ya impostergable.
Y es que cada día surgen nuevas evidencias de la descomposición acelerada por la guerra contra el narco: la brutal agresión por parte de agentes del Estado de México en Tlalpan contra la familia del poeta Bartolomé y de 8 familias mas no es un caso aislado, es sólo un penoso ejemplo de una realidad vergonzosamente extendida por todo el país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial sobre los cateos ilegales en el territorio nacional. En él reporta 3 mil 786 quejas documentadas de enero de 2006 a mayo de 2011. Aunque lo más grave es el incremento descomunal de 234 quejas en 2006 a 947 en el 2010 y 422 tan sólo en los primeros cinco meses de 2011. Así que no se requiere de alarmismo para percatarnos de que se trata de un fenómeno tan aberrante como creciente. Si añadiéramos los atropellos no denunciados por miedo o desconfianza descubriríamos que, en cualquier caso, son demasiados los aplastamientos a los derechos humanos de quienes en la madrugada ven invadido su hogar por vociferantes agentes embozados y con armas largas apuntando a sus cabezas.
Este martes, “El Universal” nos estremeció con las historias de mutilados y víctimas del fuego cruzado de la guerra contra el narco, cuyo único pecado ha sido el infortunio de estar en el lugar y en el momento equivocados. Añádanse casos como los de los niños Bryan y Martín, asesinados por soldados en un retén tamaulipeco, o el del niño Osvaldo, ahora sin un brazo y una pierna gracias a una granada olvidada por militares en Puebla.
Por eso es tan importante el esfuerzo de nuestra UNAM al que ya nos hemos referido extensamente. Igualmente significativas son las respuestas que ésta ha ido despertando. Porque hay que recordar que estuvo y está dirigido a los tres Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno. En ese sentido no es menospreciable en modo alguno la respuesta del presidente Felipe Calderón, dirigida al rector José Narro Robles y al coordinador del documento, el doctor Jorge Carpizo, en la que se dice dispuesto a dialogar sobre la propuesta en función de que “se trata de seguridad y justicia, ámbitos sensibles, en los que la academia y el Gobierno debemos asumir compromisos y colaborar en beneficio de los habitantes de nuestro país… En tal virtud, el licenciado Roberto Gil Zuarth estará muy atento a su respuesta para poder afinar los detalles de nuestro encuentro”.
Esa es la buena. La mala es que don Roberto ha dicho sí, pero no ha dicho cuándo; si acaso podría ser que la reunión se efectuara durante agosto, pese a que la respuesta de la máxima casa de estudios del país –como era de esperarse– fue un sí rotundo e inmediato a la invitación presidencial.
De cualquier modo, la propuesta puma se va abriendo consensos en otros ámbitos: los coordinadores doña Josefina y don Francisco Rojas ya se aprestan a organizar un encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al que quizá asistan también los perredistas, si es que se enteran. Igualmente la Conago, ahora encabezada por Marcelo Ebrard, ya giró una invitación para discutirla en una sesión especial.
Por eso, permítanme insistir en que es ahora o nunca cuando debemos hacer todo lo posible por procurar, cuando menos, el debate de la única propuesta integral en materias de seguridad y justicia pero con base en democracia.
El hecho de que ahora, precisamente ahora, esté en el Congreso la discusión sobre la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Seguridad Pública es una oportunidad que tal vez no se repita.
Aunque sería ingenuo esperar que la iniciativa universitaria se adoptase en su totalidad, nadie de buena fe puede negar que se trata de una formidable carta de navegación… un plan de vuelo.
Y es que cada día surgen nuevas evidencias de la descomposición acelerada por la guerra contra el narco: la brutal agresión por parte de agentes del Estado de México en Tlalpan contra la familia del poeta Bartolomé y de 8 familias mas no es un caso aislado, es sólo un penoso ejemplo de una realidad vergonzosamente extendida por todo el país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial sobre los cateos ilegales en el territorio nacional. En él reporta 3 mil 786 quejas documentadas de enero de 2006 a mayo de 2011. Aunque lo más grave es el incremento descomunal de 234 quejas en 2006 a 947 en el 2010 y 422 tan sólo en los primeros cinco meses de 2011. Así que no se requiere de alarmismo para percatarnos de que se trata de un fenómeno tan aberrante como creciente. Si añadiéramos los atropellos no denunciados por miedo o desconfianza descubriríamos que, en cualquier caso, son demasiados los aplastamientos a los derechos humanos de quienes en la madrugada ven invadido su hogar por vociferantes agentes embozados y con armas largas apuntando a sus cabezas.
Este martes, “El Universal” nos estremeció con las historias de mutilados y víctimas del fuego cruzado de la guerra contra el narco, cuyo único pecado ha sido el infortunio de estar en el lugar y en el momento equivocados. Añádanse casos como los de los niños Bryan y Martín, asesinados por soldados en un retén tamaulipeco, o el del niño Osvaldo, ahora sin un brazo y una pierna gracias a una granada olvidada por militares en Puebla.
Por eso es tan importante el esfuerzo de nuestra UNAM al que ya nos hemos referido extensamente. Igualmente significativas son las respuestas que ésta ha ido despertando. Porque hay que recordar que estuvo y está dirigido a los tres Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno. En ese sentido no es menospreciable en modo alguno la respuesta del presidente Felipe Calderón, dirigida al rector José Narro Robles y al coordinador del documento, el doctor Jorge Carpizo, en la que se dice dispuesto a dialogar sobre la propuesta en función de que “se trata de seguridad y justicia, ámbitos sensibles, en los que la academia y el Gobierno debemos asumir compromisos y colaborar en beneficio de los habitantes de nuestro país… En tal virtud, el licenciado Roberto Gil Zuarth estará muy atento a su respuesta para poder afinar los detalles de nuestro encuentro”.
Esa es la buena. La mala es que don Roberto ha dicho sí, pero no ha dicho cuándo; si acaso podría ser que la reunión se efectuara durante agosto, pese a que la respuesta de la máxima casa de estudios del país –como era de esperarse– fue un sí rotundo e inmediato a la invitación presidencial.
De cualquier modo, la propuesta puma se va abriendo consensos en otros ámbitos: los coordinadores doña Josefina y don Francisco Rojas ya se aprestan a organizar un encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al que quizá asistan también los perredistas, si es que se enteran. Igualmente la Conago, ahora encabezada por Marcelo Ebrard, ya giró una invitación para discutirla en una sesión especial.
Por eso, permítanme insistir en que es ahora o nunca cuando debemos hacer todo lo posible por procurar, cuando menos, el debate de la única propuesta integral en materias de seguridad y justicia pero con base en democracia.
El hecho de que ahora, precisamente ahora, esté en el Congreso la discusión sobre la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Seguridad Pública es una oportunidad que tal vez no se repita.
Aunque sería ingenuo esperar que la iniciativa universitaria se adoptase en su totalidad, nadie de buena fe puede negar que se trata de una formidable carta de navegación… un plan de vuelo.