Asociaciones público-privadas: nueva oleada de privatizaciones
| Autor: Elva Mendoza | |
8 enero 2012
En México, al menos 29 proyectos operan bajo el esquema de “prestación de servicios”. Prisiones, escuelas, carreteras, hospitales, transportes, generadores de energía fueron adjudicados por el gobierno federal y los gobiernos estatales al capital privado para su construcción y explotación en contratos de hasta 30 años. Corporaciones españolas, entre las principales beneficiarias
Desde 2004, el gobierno federal y los gobiernos estatales formalizaron contratos de prestación de servicios de largo plazo con la iniciativa privada al menos en 29 proyectos. Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México, Durango, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y el Distrito Federal son algunas de las entidades que recurrieron al esquema para financiar proyectos de infraestructura.
A nivel federal las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Salud y de Seguridad Pública también han firmado proyectos de largo plazo que permiten la incursión del capital privado en servicios públicos.
Al respecto, Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que a través de los proyectos de prestación de servicios el gobierno y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han privatizado de forma ilegal y anticonstitucional, desde 2000, “amplios y cruciales” sectores que tendrían que estar bajo el control del Estado mexicano.
“Es el gobierno quien está obligado a prestar bienes y servicios públicos, no la iniciativa privada. No tiene por qué ser un negocio”, resalta Víctor Javier Ampudia, economista y asesor parlamentario de la diputada Ifigenia Martínez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
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