Antes de abandonar el país en conferencia de prensa, el prelado denunció la fuente de origen de las amenazas en su contra: el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Martes 15 de Mayo del 2012.
Abandonado por la jerarquía católica, con la “vida amenazada” desde 2006, el padre Alejandro Solalinde Guerra decidió tomar “un retiro táctico” en su misión de defensor de los migrantes centroamericanos.
Con seis amenazas de muerte acumuladas en los últimos 90 días, Solalinde Guerra exigió también que se investigue a otros dos ex mandatarios priistas con oscuro historial: Fidel Herrera, de Veracruz, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas.
Ambos exservidores públicos, reveló, brindan protección grupos delincuenciales que trafican y asesinan a migrantes centroamericanos.
El sacerdote endosó también parte de la responsabilidad de las agresiones a migrantes al presidente Felipe Calderón porque, en su opinión, ha sido omiso en atender ese problema.
“Por negligencia, por no haber hecho nada de lo que le correspondía; ahorita me están cuidando muy bien pero el mejor cuidado para mi es que se haga justicia, de nada sirve que me cuiden si no hacen justicia.
“Yo no soy policía ni de la DEA, pero si los nacortaficantes se meten con los migrantes ahí sí no me puedo quedar callado”, dijo.
En la conferencia, Solalinde anunció que iniciará un recorrido por Estados Unidos y varios países de Europa. En la ciudad de Chicago, participara el próximo jueves y viernes en el Congreso Anual de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC). Posteriormente, viajará a España, Italia y Suiza, en una gira auspiciada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), organización que ha acompañado al sacerdote desde 2010.
Aún cuando ambos viajes al extranjero estaban programados con anticipación, Solalinde reconoció que su salida del país coincidió con una recomendación que le hicieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que confirmaron que las amenazas hacia la vida del defensor eran reales.
En esa sugerencia, agregó coincidieron organizaciones como Amnistía Internacional, PBI y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, “y yo estuve de acuerdo, porque no quiero ser mártir”.
El sacerdote agregó que aceptó la “recomendación sensata”, tras el compromiso que hizo la Segob de que se detendría a los responsables de las amenazas contra él y su equipo de trabajo en Ixtepec Oaxaca, amén de garantizarle que su trabajo en el albergue continuaría.
A los funcionarios de la Segob, dijo les “puse un plazo de dos meses máximo; el dos o tres de julio estoy regresando al albergue, si se mejoran las condiciones o no eso es responsabilidad de ellos, pase lo que pase yo vuelvo. Pero también le prometí a mi equipo que si pasa algo grave a alguno de ellos, si sufren alguna agresión, yo me regreso así esté en China”.
El sacerdote adelantó que si a él o a su equipo o a los migrantes les pasa algo, “yo sí señalaría a Ulises Ruiz, pero no es el único, quiero dejar en claro, por eso exijo que investiguen todo su sexenio en que fui agredido y estaba la firma de la casa y de principio a fin luchó primero para que no compráramos el terreno después para que no construyéramos después para que quitáramos el albergue”.
El sacerdote contó una anécdota, cuando el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, confesó abiertamente que contra Ulises Ruiz el gobierno de Felipe Calderón no podía meterse “porque necesitaban al PRI para las reformas estructurales.
“Eso lo dijo el Jueves Santo de 2007, cuando intercedió la Diócesis de Oaxaca para que me sacaran de la cárcel”, refirió.
Solalinde informó que desde diciembre de 2010 cuenta con un equipo de tres congregaciones religiosas, dos de mujeres y una de hombres, así como voluntarios laicos que atiende de forma “valiente y porque ellos así lo decidieron” a los indocumentados centroamericanos que llegan al albergue “Hermanos en el Camino” todos los días con la intención de llegar a la frontera norte.
“Ya está todo arreglado hasta notarialmente, para que si a mí me matan, el albergue continúe trabajando”, dijo el sacerdote.
La religiosa Leticia Gutiérrez, secretaria de la Dimensión de Movilidad Humana, resaltó que la PGR y la Procuraduría General del Estado tienen información de todas las amenazas recibidas contra el padre, su equipo y los migrantes del albergue ocurridas desde hace seis años, “pero en ningún caso hay investigación, algunas averiguaciones previas están en archivo muerto”
Sobre los 49 cuerpos abandonados en Nuevo León, la religiosa exigió a los gobiernos federal y estatal que se identifiquen a las víctimas y consideró que es probable que correspondan a migrantes centroamericanos, porque “son el caldo de la impunidad, delincuentes y autoridades saben que no pasa nada si no esclarecen un crimen contra migrantes”.
El responsable en México de Amnistía Internacional, Alberto Herrera señaló que mientras las autoridades federales y estatales no “aborden el tema migratorio, no acaben con las agresiones sexuales, no se cree una base de datos para identificar restos de migrantes, no se investigue y castigue a los responsables de la trata de migrantes, las amenazas contra el padre Solalinde van a continuar”.
Y recordó que el sacerdote “no sólo ha dado comida y techo a los migrantes, sino que a realizado labores de investigación por las violaciones a derechos humanos contra ese sector tan vulnerable, por eso la mejor protección para él es acabar con los abusos”.