Más de 10 organizaciones sindicales del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) así como la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH),
exigen la liberación de las 11 mujeres y los 58 hombres
presos el pasado 1 de diciembre.
Miércoles 05 de Diciembre del 2012.
Entre los 69 detenidos se encuentran el alumno de Antropología Social, Alejandro Cortés y la estudiante del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Mariana Muñiz Nieto.
En conferencia de prensa profesores, investigadores y arquitectos del INAH e investigadores de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Superior de Música, Técnicos y Manuales de Museos y Grupos Artísticos del INBA, entre otros grupos, repudiaron “la estrategia orquestada por el gobierno federal y de la Ciudad de México del sábado pasado”, por lo que también pidieron la presentación con vida de “los primeros desaparecidos de este gobierno”.
Manifestaron que lucharán hasta la liberación de cada uno de los detenidos y demandaron a los nuevos gobiernos federal y local una aclaración pública de “la orquestación de estos condenables hechos, en particular la presencia de civiles con guante negro que hacen presumible la evidencia organizada de una provocación oficial”.
Agregaron que el contexto social de crisis económica, política y de alta violencia cotidiana que ha vivido el país en los últimos años “ha provocado la indignación de numerosos sectores de nuestra sociedad; en este sentido, los ciudadanos del 1 de diciembre manifestaban su repudio de forma pacífica a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República; lo hicieron dentro del marco legal que otorga la Constitución al derecho de libre expresión y manifestación a cualquier ciudadano de México”.
Pese a ello, destacaron que las autoridades federales y de la Ciudad de México instalaron el día 25 de noviembre fuertes y diversos cercos policiacos y militares alrededor del Congreso de la Unión, Palacio Nacional y en otros puntos del centro del Distrito Federal “de manera por demás intimidante y sin fundamento legal”.
Destacaron que mediante este inmenso despliegue de fuerza iniciaron los policías desde hora temprana del 1 de diciembre “una ofensiva de represión, golpes y detenciones arbitrarias en contra de la ciudadanía que se encontraba a lo largo del trayecto de la manifestación”.
El historiador Felipe I. Echenique March, secretario general del sindicato de profesores e investigadores del INAH, delató:
“Estas acciones implicaron la violación sistemática de los derechos humanos de todos los ciudadanos y derivó en personas apresadas, desaparecidas y gravemente heridas, como el caso de Juan Francisco Kury Kendall, de 65 años, entre muchos otros”.
Mauro Mendoza Posadas e Israel Espinosa Ramírez, alumnos de la ENAH, explicaron que, según su lista, hay más de 69 detenidos, y no saben nada de alrededor de otras 12 personas. “No queremos dar a conocer los nombres por seguridad y queremos actuar con responsabilidad porque es la vida de nuestros compañeros, pero no sabemos si están detenidos o heridos”, argumentaron.
También relataron que Alejandro Cortés fue visto por última vez en Balderas e Independencia rumbo a Chapultepec, el 1 de diciembre a las 19:00 horas.
“Le dijo a una compañera que iba a la Agencia 50 a ver qué pasaba, y a esa hora y en ese lugar no hubo enfrentamientos, entonces ¿cómo y por qué fue detenido?
“El DF no ha publicado una lista detallada con las especificaciones de cada detención con la hora y el lugar, porque los enfrentamientos fueron a horas específicas y en lugares específicos, y no se puede detener, por ejemplo, a una persona en Coyoacán”, cuestionaron.
Explicaron que acudieron a la protesta entre 15 estudiantes de la ENAH que pertenecen al movimiento #YoSoy132, e iban preparados con tapabocas, vinagre y Cola-Cola porque sabían que iban a usar gases. “Pero nunca nos imaginamos que las cosas iban resultar así”, admitieron.
Los dos estudiantes hablaron en nombre de la comunidad de la ENAH:
“Repudiamos los hechos represivos. La intención era desmovilizar y criminalizar la protesta social, orquestados por la Policía Federal y el Gobierno del Distrito Federal, a este último lo denunciamos como poseedor de un grave y alto nivel de responsabilidad sobre los hechos del 1 de diciembre, pues mantuvo una excesiva fuerza pública en las calles con el ánimo de violar nuestros derechos a la protesta y al libre tránsito; realizó detenciones arbitrarias, tuvo colusión con grupos de choque y realizó acciones que violentaron la integridad física de los habitantes de la ciudad”.
Además, denunciaron que fue visto en el cerco de San Lázaro un camión de la UNAM que trasportaba granaderos:
“Hay fotos de eso. El rector de la UNAM, José Narro Robles, nos debe dar una explicación”.
Terminaron con un llamado:
“Demandamos el cese de la violencia desatada por el Estado y hacemos responsables a los titulares de los órdenes de gobierno de cualquier atentado en contra de nuestra integridad y la de cualquier manifestante”.
Echenique March pidió que liberen de inmediato a las 11 mujeres que están en Santa Martha Acatitla “porque es la peor cárcel de México y las compañeras no merecen estar ahí, es muy peligrosa”.
PRIMER DIA DE GOBIERNO DE PENA NIETO: HERIDOS, ARRESTOS ARBITRARIOS, TORTURADOS. USO DE GRUPOS DE CHOQUE PARA JUSTIFICAR REPRESION POLICIAL
Diciembre 04 del 2012.
Los 69 detenidos están acusados de “perturbación contra la paz pública”, un delito “equiparable con actos terroristas”, es decir, uno de los más graves que contempla el Código Penal y que es sancionado hasta con 30 años de cárcel y sin derecho a fianza.
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“Los policías agarraron parejo”, relatan víctimas de disturbios
MÉXICO, D.F. (apro).- A menos de 48 horas de los disturbios registrados el pasado 1 de diciembre en diversas calles del Centro Histórico, comienzan a conocerse testimonios de detenidos, la mayoría de los cuales van en el sentido de que fueron aprehendidos de manera arbitraria y que, sin deberla ni temerla, ahora los acusan de delitos equiparables a terrorismo.
Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó a 69 detenidos al Reclusorio Norte y al Centro Femenil de Santa Martha, decenas de padres de familia se apostaron afuera de la Agencia del Ministerio Público No. 50, pero grande fue su sorpresa al enterarse de que sus hijos ya no estaban ahí.
“Me dijeron que yo iba a poder ver a mi hijo en cuanto declarara y ya se lo llevaron”, dice Alejandra, madre de Alejandro Lugo Morán.
“Mentirosos”, gritaba a los empleados del lugar, quienes, molestos con el calificativo, enviaron a los policías antimotines a detenerla.
El resto de los padres de familia ahí presentes pidieron que dejaran en libertad a la mujer, mientras los abogados del MP le exigían una disculpa.
“Golpean a mi hijo, lo detienen injustamente, nunca pude verlo porque no había declarado, ¿y aun así piden que me disculpe? No me quedó de otra”, platica entre lágrimas a la reportera.
Leonardo Arteaga Ramírez, otra de las personas que esperaban afuera de la agencia del MP, narra que a su hermano Gustavo, de 33 años, lo detuvieron en Bellas Artes. Se encontraban ahí, dice, en visita de turistas, porque ellos son de Monterrey, Nuevo León.
“De repente ya no vi a mi hermano, hasta que me avisó que lo tenían detenido en un camión de la policía. Me dijo que de repente lo habían cercado, junto con maestros de la UNAM y madres de familia. Agarraron parejo. A él lo detuvieron por traer la camiseta con la leyenda ‘Peña no es mi presidente’, por eso lo agarraron, (pero) no tenemos nada que ver con los movimientos”, subraya.
Según Leonardo, su hermano le contó que les dijeron que los iban a desnudar para revisarlos y que iba a estar preso al menos dos días.
Jaqueline Ramírez, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacalco de la UNAM, recibió dos golpes en la espinilla y camina con dificultad.
Ella cuenta que iban al evento convocado por Andrés Manuel López Obrador en el Ángel de la Independencia, “pero nos perdimos, y cuando estábamos cerca, la gente que asistió al mitin ya regresaba. En eso vimos que encapuchados empezaron a llegar y rompieron los vidrios de los bancos. Había elementos de tránsito que traen chaleco amarillo y corrieron, al rato llegaron los de Seguridad Pública y detuvieron a un muchacho que no tenía nada que ver con la revuelta. Una señora lo defendió y los policías la agredieron con las macanas y la tiraron al piso”.
Prosigue:
“Al ver esto, mi novio les dijo a los policías que la dejaran. En respuesta, lo agarraron y lo subieron detenido a una camioneta. A los que ocasionaron los disturbios los dejaron”.
Con lágrimas en los ojos, agrega:
“No les interesó si traías o no arma, si venías o no con capucha, así te agarraban y te llevaban, incluso a mí me golpearon porque yo no quería soltar a mi novio”.
Leticia Duarte denuncia la detención injusta de su hermano, Roberto Fabián Duarte García, de 38 años, quien “andaba en la Alameda y pasaba por ahí en el momento de los hechos”.
Según Leticia, su hermano Roberto “es un nini de 38 años que estaba buscando un oficio; es una persona depresiva que no toma decisiones propias para andar en esos disturbios”.
Indignada, relata la detención de su hermano: “Iba a cruzar la Alameda porque había visto en el periódico un empleo en un lugar cercano, y pues se dirigía hacia allá, entonces, cuando empezaron los disturbios en la calle Juárez, él corrió y tropezó. Al caer, los granaderos lo recogieron, le quitaron los zapatos y se lo llevaron”.
Lourdes Nieto, madre de Mariana Muñiz, cuenta que su hija fue a la protesta con su novio Sergio. “La detuvieron en Filomeno Mata. A mediodía le llamé porque vi lo que pasaba en las noticias. Me dijo que estaba cercada por granaderos, pero que estaban tranquilos. A la siguiente llamada me dijo que la Policía la había subido un camión”.
Añade:
“Esto es una injusticia. Ellos no hicieron nada. Si usaran toda esa fuerza contra los delincuentes, otra cosa sería”.
Martha Colmenares, madre de Carolina Gallegos, dice que sólo pudo ver a su hija “tres minutos a través de una mica y como 12 horas después de que me la detuvieron. Ella estudia Literatura y Arte Dramático. Estaba haciendo un performance en Filomeno Mata y 5 de Mayo, pero en el expediente dice que la detuvieron en la avenida Juárez. Ella no estaba ahí. Me habló asustada. No entiendo por qué la detuvieron. Era un grupo pacífico. Esto es lamentable”.
Mariana Muñiz Nieto, quien cursa el primer semestre de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también fue detenida en la calle Filomeno Mata y esquina 5 de Mayo, en el Centro Histórico de esta ciudad.
En una carta dirigida a Manuel Mondragón y Kalb, subsecretario de Planeación y Protección Institucional y encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, familiares y amigos de Mariana puntualizan:
“A las 12:20 del mediodía ya había sido rodeada por granaderos para su detención. Posteriormente es trasladada al Ministerio Público No.50 en donde llega a las 2:30 p.m. aproximadamente, y es registrada hasta las 9:00 de la noche.
“Sin embargo, como lo señala el abogado de Derechos Humanos, Jesús Robles Maloof, quien lleva el caso de la acusada, existen incongruencias en las declaraciones realizadas por los integrantes de Seguridad Pública que ejecutaron su detención, quienes afirman que Muñiz Nieto fue detenida a las 12:45 del día en la calle Balderas y a la 1:30 de la tarde aproximadamente, de ese mismo día, se encontraba haciendo disturbios sobre Eje 1 Norte. Dichas versiones resultan evidentemente inconsistentes, puesto que Mariana Muñiz Nieto no fue liberada en ningún momento durante su detención, situación que hace imposible el que ella pudiera encontrarse detenida y simultáneamente realizando ataques a la paz pública (cargo que se le imputa), mismos que en ningún momento realizó.
“Pedimos la pronta liberación de Mariana Muñiz Nieto, quien ha sido apresada injustamente por manifestarse de manera pacífica, y actualmente se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México”, se lee en la carta.
Este mediodía, los familiares presentaron un comunicado dirigido al “pueblo mexicano”, en el que informaron que los detenidos están acusados de “perturbación contra la paz pública”, un delito “equiparable con actos terroristas”, es decir, uno de los más graves que contempla el Código Penal y que es sancionado hasta con 30 años de cárcel y sin derecho a fianza.