SEGOB ubica fuentes de delincuencia en 3 mil 234 colonias en toda la República Mexicana.

El gobierno detectó que en tres mil 234 colonias del país se origina la violencia, de acuerdo con un reporte que entregó al Senado.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó a las senadoras de la Comisión contra la Trata de Personas que la cifra se obtuvo a partir de dar seguimiento al historial de presos a escala nacional.

Las zonas de origen de los actuales presos en las cárceles mexicanas pertenecen a 95 de los dos mil 440 municipios de México.

Esos lugares están en estados como Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Durango, Michoacán y el Distrito Federal.

Las tres mil 234 colonias son el 7% de las 45 mil 262 que hay en el país, según el INEGI.

Sobre el programa de prevención de la violencia, Campa Cifrián informó que está focalizado este año en 100 demarcaciones, cinco delegaciones del DF y 95 municipios en el país.

De acuerdo con el funcionario las regiones se definen básicamente a partir de tres variables: un conjunto de factores sociales como deserción escolar, la comisión de delitos y la información sobre las colonias de origen de la gente que ha entrado a la cárcel.

Ubican tres mil 234 colonias peligrosas

Roberto Campa Cifrián informó al Senado sobre las zonas de mayor criminalidad, según el origen de los reos en el país.

El gobierno federal detectó que son tres mil 234 las colonias donde se origina la violencia en el país, distribuidas en todo el país, aunque Michoacán tiene el mayor número con 412, seguida de Chihuahua, con 229 y por Jalisco, con 207 colonias que son lugar de origen de los delincuentes.

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, precisó ayer a las senadoras de la Comisión contra la Trata de Personas, que el análisis de las colonias de origen de los actuales presos en las cárceles mexicanas permitió ubicar los polígonos de peligrosidad; estas colonias están ubicadas en 95 de los dos mil 440 municipios de todo el país.

De acuerdo con el catálogo de asentamientos humanos 2004-2010 del INEGI, en México hay 45 mil 262 colonias. Lo que significa que en 7.1 por ciento de las colonias del país es donde se origina la violencia.

De acuerdo con el reporte entregado por Campa Cifrián a los senadores de la comisión que encabeza Adriana Dávila:

 Aguascalientes tiene 32 colonias de donde han surgido delincuentes o personas violentas; Baja California 69, Baja California Sur 27; Campeche 18, Coahuila 103, Colima, 124; Chiapas con 117, Distrito Federal con 78, Durango con 78; Guanajuato llega a 99; Guerrero a 134; Hidalgo a 61; Estado de México 127; Morelos 119, Nayarit, 53; Nuevo León 163, Oaxaca 164, Puebla con 60, Querétaro 100; Quintana Roo 40; San Luis Potosí 48; Sinaloa 46, Sonora 114, Tabasco 13, Tamaulipas 129, Tlaxcala 58, Veracruz 139, Yucatán73 y Zacatecas 73 de ellas.

Así, las colonias Morelos, donde se ubica el barrio de Tepito; Santa Cruz Meyehualco y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en el Distrito Federal; Colorines, San Miguel Villas Concordia, Solidaridad, San Mauricio, Nueva Victoria, Niños Héroes, Benito Juárez, Ampliación Lindavista, Luis Donaldo Colosio, Pajaritos, Echeverría, El Palmar, La Joya, Lomas del Pedregal y La Cima, en Tamaulipas; Centro Norte, Sierra Hank González, Barrios Tradicionales, San Lorenzo, Tepaltitla, San Sebastián, Seminario, la mayoría en Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Huizache, Villas de Guadiana, Fidel Velázquez, Cerro de la Pila, Centenario y San Juan, en Durango; Metroplex, Bella Vista, Villas de San Francisco y San Miguel, Urbivilla del Prado, Los Naranjos, Paseo del Nogolar, Lagos de Chapultepec, Floridos del Bosques del Nogar y El Barrial, de Nuevo León.

Además, Zapata, Progreso, Jardín y Colosio, en Guerrero, son algunas de las colonias de las tres mil 234 de las cuales surgen los delincuentes, de acuerdo con el listado entregado al Senado.

El programa de prevención de la violencia, informó Campa Cifrián, está focalizado este año en 100 demarcaciones, cinco delegaciones del Distrito Federal, como son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la zona de Tepito y 95 municipios en el país.

“Entendemos que es un asunto que puede ser discutible porque se dejan fuera algunas zonas, pero el riesgo de no focalizar es dispersar la acción del gobierno, es abarcar demasiadas regiones, es pretender abarcar todas las zonas y en consecuencia resultar ser ineficaces en todas las zonas.

“Si somos capaces de identificar las zonas del país donde se concentran los hechos y fenómenos de violencia, seremos capaces de reducir estos niveles de violencia y en consecuencia la criminalidad.

“Cómo se definen estas regiones, básicamente a partir de tres variables: la primera, un conjunto de factores sociales, 22 variables de rezago social, donde están incluidos temas como hogares monoparentales o deserción escolar; un segundo paquete tiene que ver con variables relacionadas con la delincuencia, con comisión de delitos y un tercero, muy importante, es la información sobre las colonias de origen de la gente que ha entrado a la cárcel los últimos años”, dijo.

Roberto Campa Cifrián precisó a las legisladoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, presidida por la panista Adriana Dávila, que de los dos mil 440 municipios de todos el país, en 95 se concentra el origen de las personas que actualmente están en la cárcel.

En Olinalá, Guerrero. Marina vigila accesos a la población.

Los accesos de la cabecera municipal de Olinalá son vigilados por elementos de la Secretaría de la Marina, quienes refuerzan la seguridad del lugar, luego de que los pobladores decidieron armarse para protegerse de los delincuentes.

  

Miércoles 07 de Noviembre del 2012.

Los efectivos de la Marina en coordinación con el Ejército mexicano y policías estatales refuerzan el operativo especial que el gobierno de Guerrero dispuso en ese punto de la zona de La Montaña, para evitar el ingreso de personas vinculadas con la delincuencia.

Desde la noche del lunes llegaron unos 34 marinos, para apoyar las labores de vigilancia en ese poblado, cuyos habitantes viven amenazados por la delincuencia organizada.

De acuerdo con los antecedentes, la semana pasada pobladores de Olinalá habrían expulsado a personas vinculadas con actividades delictivas, como secuestros y a quienes responsabilizan de haber torturado y dado muerto a un taxista.

Por ello y las supuestas amenazas recibidas, decidieron instalar retenes y barricadas en los accesos de Olinalá.

La subsecretaria de Gobierno para Desarrollo Político, Rossana Mora Patiño, informó que hoy se desarrolló una mesa de trabajo con las autoridades municipales de Olinalá y del estado, para concretar las estrategias de seguridad, a fin de que el orden vuelva en la población.

Desde el pasado fin de semana elementos policíacos del estado y efectivos del Ejército mexicano arribaron a Olinalá para tomar el control de la seguridad, pero aun con ello, los ciudadanos decidieron permanecer con barricadas y vigilancia en los accesos de la población.

Se mantiene una vigilancia y retenes en los puntos de salida y entrada de la cabecera municipal con las comunidades de Ixcamilpa de Guerrero, Ahuacuotzingo, Tres Caminos, Cualac, San Antonio y la salida hacia Las Dos Cruces.

  

TELEVISA; El logotipo del poder.

El semanario político informó que la marca de la empresa fue capaz de burlar autoridades aduanales, de tránsito y generar que el embajador en Nicaragua y la Procuradora, los deslindaran del caso

Domingo 23 de Septiembre del 2012.

La revista ‘Proceso’ publicó este domingo un reportaje donde informa que el logotipo de Televisa abre las puertas al poder, sea apócrifo o no, dado que con ello se pudieron abrir módulos de ventanillas de registro vehicular, cruzar aduanas sin ser revisados y obliga a dependencias del DF y Federales a “realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial”.

En su edición 1873 la revista explica que “los desmentidos desaforados en el Canal 2, las explicaciones insuficientes, no impiden advertir el enorme poder del logotipo que ostentaban las unidades decomisadas ni disipan el tufo de sospecha y la sombra de dudas sobre lo ocurrido en ese país centroamericano”, se publicó en un texto escrito por Homero Campa.

El pasado 20 de agosto 18 mexicanos fueron detenidas en la frontera entre Honduras y Nicaragua circulando en 6 camionetas con el logotipo de Televisa donde se encontraron con 9.2 millones de dólares. Todos los detenidos enfrentan un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico. La detención se realizó después de dos años que habían burlado a las autoridades mexicanas y de varios países de Centroamérica.

El texto titulado “Expediente Nicaragua: el logotipo del poder”, realiza una explicación de la forma en que fueron registrados los vehículos con documentos que “en apariencia” eran de la empresa más grande de medios en América Latina  y los trámites en los módulos de control vehícular.

“En ninguna parte del expediente de la Setravi se señala si los documentos presentados a nombre de Televisa son auténticos o falsos. Es la propia televisora la que subrayó que son apócrifos”, se informó.

La información de Proceso, revela que las investigaciones tanto de la Fiscalía de Nicaragua, como de PGR y PGJDF apemas empiezan y no se puede descartar ninguna hipótesis .

A continuación unos fragmentos del texto:

“El logotipo de Televisa abre las ventanillas de los módulos de control vehicular de la Ciudad de México para realizar gestiones de manera expedita; permite cruzar sin mayor trámite aduanas y puestos fronterizos de México y de los países de Centroamérica y obliga a las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial.

“El logotipo de Televisa -apócrifo o no- abre las puertas del poder. Pero en el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua -acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes- a Televisa se le revirtió su logotipo: su utilización en seis camionetas tipo Van para transportar por Centroamérica 9.2 millones de dólares, y en las que se encontraron rastros de cocaína, involucró a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en un intrincado lío judicial del que se ha deslindado enfáticamente.

“De acuerdo con el expediente que sobre el asunto abrió la Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto fueron registradas a nombre de Televisa utilizando documentos que, en apariencia, eran de la propia empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de teléfono, la declaración de valor catastral y de pago de impuesto predial y un poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos.

“Según documentos del expediente -cuyas copias tiene este semanario- los trámites presuntamente los hizo Armando Tavera Sánchez, cuya credencial del IFE señala que vive en calle Sur No. 101 B 533, colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. Habría realizado tales gestiones entre diciembre de 2009 y agosto de 2011 en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.

“El expediente señala que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002 correspondiente al edificio de la empresa ubicado en Avenida Chapultepec 18, colonia Doctores. Esta declaración, por cierto, asienta que el valor catastral del inmueble es de 72 millones 131 mil pesos, y el valor catastral ‘base renta’ de 115 millones 320 mil pesos.

También para comprobar dicho domicilio se presentaron facturas por el pago de teléfono a Telmex en las cuales no aparece el número de la línea, pero son por montos de 8 mil pesos mensuales en promedio.

Se presentaron además dos documentos que avalaban a Tavera como representante legal de Televisa: una cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la televisora -clave TEL-721214GK7- y un poder notarial de la empresa. Este último documento fue emitido el 26 de junio de 2003 por la notaría número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara.

El documento notarial asienta:

“Televisa, sociedad anónima de capital variable, representada por los señores don Juan Sebastián Mijares Ortega y don Julio Barba Hurtado, ambos en su carácter de apoderados generales, otorga a favor del señor Armando Tavera Sánchez un poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera y sea necesario, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, lleve a cabo todas las gestiones o trámites de carácter fiscal, administrativo, civil y penal que tengan relación con los vehículos automotores propiedad de la sociedad (…) De igual forma, queda autorizado para que lleve a cabo cualquier trámite y/o firme cualquier documento relacionado con el procedimiento de sustitución de placas o matrículas de circulación o reemplacamiento (…).”

Una ficha informativa anexa al expediente hace notar que “la Dirección de Registro Público del Transporte (de la Ciudad de México) cuenta con trámites contemporáneos realizados a nombre de Televisa, S.A. de C.V., en los cuales se aprecia que los documentos utilizados para acreditar la representación legal de la empresa y del representante legal son los mismos a los utilizados en el emplacamiento de las seis unidades que nos ocupan”.

Más aún, la ficha hace referencia a una solicitud que el pasado 27 de agosto realizó ante la Setravi Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, uno de los representantes legales de Televisa, con el propósito de obtener los expedientes administrativos de las seis camionetas decomisadas en Nicaragua.

Ir al texto de la revista Proceso.

Información: Aristegui Noticias.

El desacato de Calderón: Desprecio a la Ley de Victimas.

La estrategia (fallida) de Calderón en su guerra contra las delincuencias y su cabecilla: los narcotraficantes con sus sanguinarios matones, arroja más de 100 mil homicidios. 

Viernes 17 de Agosto del 2012.

Unos, causados por marines, soldados y policías en el cumplimiento de las órdenes de Calderón. 

Otros, por ajustes de cuentas entre cárteles que se hacen justicia por su propia mano; y que en sus enfrentamientos con las fuerzas armadas y policiacas, han asesinado a civiles que nada tienen que ver con ese conflicto, dejando a familias en el desamparo.

En el Senado de la República se aprobó la ley para resarcir a las familias por estas tragedias. Y fue enviada para su promulgación y entrada en vigor, para entregar indemnizaciones. 

Pero Calderón se negó a ese mandato legislativo, alegando dizque “imperfecciones” en ella y la quiso devolver al Congreso, lo cual no le permitieron. 

Y senadores del PAN, PRD, PRI, PT, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, de la Comisión Permanente, ratificar su publicación en el Diario Oficial.

En desafiante desacato Calderón no aceptó tal orden y, como táctica dilatoria interpuso una queja en la Corte, para no verse obligado a reconocer a estas víctimas que califica como “daños colaterales” y tener que entregarles a sus viudas, huérfanos, madres y padres un pago con cargo a los dineros de la Nación. 

Y sabiendo que son víctimas dobles, las desprecia porque no pocos de ellos se sumaron a la demanda ante el tribunal de La Haya (instancia penal), donde se le responsabiliza de los homicidios cosechados al haber mandado a las fuerzas armadas y sus policías a una guerra (así la llamó él mismo), que no ha resuelto el problema y es un terror nacional.

La Ley General de Víctimas es indispensable para los sobrevivientes de la matanza calderonista y los narcotraficantes, ya que requieren una solución a la pérdida de sus familiares. 

Y Calderón vuelve a abusar de ellos al no cumplir con su obligación de “promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”, como dispone el Art. 89, Fracción I, de la Ley Suprema. Y se sale por la tangente para posponer recompensas a sus víctimas por partida doble.

La Corte debe resolver y ordenar a Calderón que publique la citada ley y de inmediato reparar, económicamente, los daños que ha generado su guerra. 

Pero éste incurre en desacato y no parece que vaya a ser objeto de una sanción (implica removerlo del cargo y enfilarlo a juicio político. Estamos ante presidentes municipales, gobernadores (¿gobernadores?) y un presidente de la República, que gozan de impunidad y hasta ahora no hay poder que los someta al cumplimiento de la legalidad constitucional.

Calderón y su empleado de Gobernación, el señor Poiré, deberían estar cesados y puestos a disposición del tribunal constitucional que integran las dos Cámaras y ser sancionados. Pero no. 

Corrupción e impunidad reinan, como un agregado más para el explosivo malestar del pueblo, que no sabe qué hacer para que esta élite y las delincuencias cumplan con la ley.

Solalinde: Mi renuncia materializa lo que querían políticos y delincuentes

El sacerdote Alejandro Solalinde dijo que no apelará la decisión del obispo de Tehuantepec para removerlo de la dirección del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, esperando que continúen con la misión de apoyar a este sector.

Miércoles 08 de Agosto del 2012.

El sacerdote y fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, consideró que la renuncia que le solicitó el obispo de Tehuantepec a la dirección del centro, materializa la insistencia que tenían tanto la delincuencia organizada como algunos políticos, de retirarlo de su labor de apoyo a migrantes.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el sacerdote declaró que en abril pasado el obispo de Tehuantepec, monseñor Óscar Armando Campos Contreras, le ofreció una parroquia a cambio del centro de apoyo a migrantes ubicado en Ixtepec, Oaxaca.

“Ya pensé bien y te voy a dar una parroquia, le dije: Óscar ¿cómo me vas a dar una parroquia?, si tú me metes a una parroquia yo dejaría de atender a los migrates. Me dijo: tú atiende la parroquia y el tiempo que te sobre se lo vas a dar a ellos. Le dije no, yo no voy a hacer eso, si tú me pides que te entregue el albergue lo hago y me contestó ¿lo tomas o lo dejas?”, relató el sacerdote.

Solalinde se dijo consternado por la decisión, pero indicó que no apelará la decisión del obispo.

“Sí pienso obedecerlo, nada es mío, no soy indispensable. Le voy a entregar el albergue, todo notarialmente, para que él disponga lo que sea”, declaró el sacerdote quien confía en que el monseñor Óscar Armando Campos Contreras continúe con la misión.

Lamentó que en la diócesis no haya habido espacio para un sacerdote como él, pero advirtió que desde una trinchera laica seguirá con la misión de apoyar a los migrantes en su paso por México.

El sacerdote que se calificó como “un estorbo de respeto para el asentamiento de la delincuencia organizada” afirmó que es un pretexto que digan que el quiso ser protagonista ante los medios de comunicación, pues señaló que él nunca solicitó la cobertura que le dan los medios informativos a su labor.

Información: Aristegui Noticias.

Puedo luchar contra cárteles, pero no contra mi Iglesia: Alejandro Solalinde

Anuncia que dejará el albergue Hermanos en el Camino por presiones del obispo Óscar Campos

Puedo luchar contra cárteles, pero no contra mi Iglesia: Alejandro Solalinde

El jerarca considera que soy un mal ejemplo y busca terminar con protagonismos, denuncia el cura

Fernando Camacho y Octavio Vélez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 8 de agosto de 2012, p. 14

Alejandro Solalinde informó que dejará la coordinación del albergue Hermanos en el Camino, situado en Ciudad Ixtepec, donde se auxilia a migrantes indocumentados en su paso hacia Estados Unidos, a petición del obispo de la diócesis de Santo Domingo Tehuantepec, Óscar Campos Contreras.

El religioso dijo que Campos le pidió que renuncie en noviembre para poder darle una parroquia, porque ese mes concluye su comisión en la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), y asíterminar con protagonismos.

El obispo nunca me ha dado su apoyo. De hecho nunca ha hecho una visita pastoral, y no tengo que hacerle una invitación porque ese albergue está bajo su responsabilidad, afirmó Solalinde en entrevista con La Jornada.

En el fondo, pedir mi obediencia para que tome una parroquia significa que yo invierta el tiempo para su administración, y me la pasaría celebrando misas y misas y no podría estar con los migrantes. Lo que me da una tristeza profunda, y he llorado por eso, es que el obispo es incapaz de ver el fondo de la fe. Él no es capaz de ver el paso de Dios en mi misión, en mi vida, en lo que yo hago, lamentó.

Más allá de lo que pueda ocurrir con él, Solalinde manifestó su preocupación por el equipo de laicos que dirige el albergue para migrantes. “El clero ha sido tremendo para apabullar a los laicos, y no a los que dicen ‘sí, señor obispo’ y le besan la mano, sino a los que han crecido por la defensa de los pobres y defienden la justicia”.

–Si le piden que deje su trabajo, ¿lo va a hacer?

–Sí, le voy a dejar el albergue a quien él me diga ante notario público, pero lo que no voy a hacer es meterme a una parroquia para que me absorba todo mi tiempo. Digan lo que digan, esa no es hoy una instancia de evangelización, sino de aspectos burocráticos, de oficina.

Lo que me da una tristeza profunda, y he llorado por eso, es que el obispo (Óscar Campos Contreras) es incapaz de ver el fondo de la fe. Él no es capaz de ver el paso de Dios en mi misión, en mi vida, en lo que yo hago, lamentó Alejandro SolalindeFoto Humberto González

La gente está en la calle, y en las misas hay muy poca gente. Voy a obedecer lo que me diga el obispo, pero a mi conciencia no la voy a desobedecer. Me tendrá que disculpar, pero no puedo abandonar a los pobres. Voy a seguir mi trabajo pastoral, aunque no sé dónde.

El religioso subrayó que no le importaría si es suspendido como sacerdote por el obispo Campos Contreras en caso de no asumir una parroquia, y consideró que se le ha exigido su renuncia para dar un mensaje a los demás sacerdotes por si intentan realizar una labor similar.

Prefiero ser laico que ser parte de la burocracia; ya no me satisface el culto pagado. Seguiré dedicándome de tiempo completo a esta misión. Me parece curioso que esto venga desde el interior de la propia Iglesia; quizá lo que quiere el obispo es meterme a su estructura porque soy un mal ejemplo para los sacerdotes, aventuró.

Con respecto a la situación de apremio que viven diversos grupos de apoyo a los migrantes indocumentados, Solalinde estimó que este grupo vulnerable sigue siendo una mercancía; entonces hay presionar para que se vayan personas de la Iglesia que no dejan hacer el negocio. En Ciudad Ixtepec no ha pasado el peligro de que vuelva la delincuencia y haga de las suyas con los migrantes.

–¿Tiene miedo?

–No tengo miedo; tengo un dolor muy grande, porque puedo luchar contra los cárteles, contra Los Zetas, contra los funcionarios públicos, pero no puedo luchar contra mi Iglesia. Me gustaría mucho que el obispo entendiera que la Iglesia está hecha de estructura y carisma: la estructura es la parte que organiza y da estabilidad, y el carisma es la vida, y va de abajo hacia arriba, y no puede ser que desde la estructura se mate la vida.