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21/10/16

UNO MÁS DE LOS QUE LAVABA EL DINERO ROBADO EN VERACRUZ, CARLOS MOURIÑO ANTANES.






La PGR indaga la triangulación de 110 millones de pesos a la Inmobiliaria Cartujano, que administra Moisés Mansur Cysneiros, amigo de Javier Duarte.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR)  el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, vía prestanombres, usó una empresa para adquirir terrenos ejidales donde se construyó el conjunto inmobiliario Campeche Country Club, propiedad de Carlos Mouriño Antanes, padre del fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

La PGR indaga la triangulación de 110 millones de pesos a la Inmobiliaria Cartujano, que administra Moisés Mansur Cysneiros, amigo de Javier Duarte que elaboró un testamento para heredarle al exmandatario todos sus bienes.

Hace unos días, Alfonso Ortega, abogado fiscalista que operaba para Duarte, confesó haber sido partícipe de operaciones donde el mandatario veracruzano adquirió diversos bienes y propiedades y fondeó con capitales ilícitos a diversas empresas.

En 2011, Ortega planteó al entonces gobernador un negocio que consideraba lucrativo: invertir 110 millones de pesos en la compra de tierras en el ejido Lerma, donde se construiría uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Campeche.

Duarte aprobó la idea y habría instruido a José Juan Janeiro, presunto responsable de la ingeniería financiera, transferir ese dinero a la empresa Terra Urbanizaciones Desarrollos Inmobiliarios, radicada en aquella entidad y registrada a nombre de Miguel Velázquez Nieva, comisariado ejidal prófugo de la justicia que organizó una asamblea para aprobar la venta de terrenos ejidales. 
Ese mismo año los campesinos que perdieron sus tierras presentaron una denuncia antes la Procuraduría de Campeche por falsificación de firmas para nombrar como integrantes del Comisariado Ejidal a Alfonso Ortega López y Moisés Mansur Cysneiros.

Según Ortega, en febrero pasado, la empresa Terra recibió 110 millones de pesos por instrucciones de Duarte y el dinero fue transferido a su cuenta personal; éste, a su vez, lo depositó a Inmobiliaria Cartujano, propiedad de Moisés Mansur.

Terra era fondeada por otras empresas de testaferros del Mandatario priista, pero también devolvía el dinero a las mismas compañías en operaciones simuladas de compra venta de terrenos, de acuerdo con el mismo Ortega.

Ortega dijo que en los terrenos adquiridos por los intermediarios de Duarte no se construyó el exclusivo desarrollo habitacional y hoy tienen pasivos de entre 200 y 300 millones de pesos.

El testimonio de Ortega es clave en el expediente que derivó en una orden de aprehensión contra Duarte, Mansur y otras siete personas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, informaron fuentes federales.

Javier Duarte es prófugo de la justicia al igual que Mansur, Janeiro Rodríguez, Nava Soria y Velázquez Nieva.


De las nueve aprehensiones giradas por lavado y delincuencia organizada, sólo han sido detenidas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, quienes habrían aceptado poner a su nombre las acciones de empresas con la que testaferros de Duarte compraron inmuebles.




13/3/13

Más cargos contra "La Maestra", ahora por 6 Mil Millones de Pesos.




 La Procuraduría General de la República (PGR) presentará nuevos cargos contra la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo por presuntos desvíos de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que superarían los 6 mil millones de pesos.
Miércoles 13 de Marzo del 2013.
Aparte, la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentará una querella contra la maestra por presunta defraudación fiscal.
De acuerdo con el periódico La Jornada, este último recurso está ligado con supuestas evasiones en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).
El cinco de marzo pasado, el juez sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, decretó el auto de formal prisión a Gordillo por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.


28/11/12

Genaro Garcia Luna y un grupo selecto, han recibido dinero de mi, del narcotrafico y de ls delincuencia organizada:Edgar Valdez Villarreal "La Barbi".




En una carta redactada por Valdez Villarreal y 
entregada por su abogada, Eréndira Joselyn 
Guerra Gutiérrez, a Grupo Reforma, el presunto 
narcotraficante señala que “los mandos de la 
Secretaría de Seguridad Pública federal 
responsables de los principales operativos(…) 
para combatir el narcotráfico en Ciudad Juárez, 
Monterrey, Acapulco y Morelia, recibían 
sobornos de los mismo narcotraficantes”.

Miércoles 28 de Noviembre del 2012.

A continuación el texto íntegro de la carta entregada el martes 27 de noviembre al Grupo Reforma (diarios El Norte, Reforma, Mural) y publicada este miércoles:
Quiero manifestar, en primer lugar, que no me acogí al programa de testigos protegidos. Así mismo niego categóricamente los señalamientos y manifestaciones que refieren los elementos aprehensores respecto a la forma de cómo fue mi detención; y que la verdad de los hechos es la siguiente: mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona, por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada.
Posteriormente se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del Presidente y Juan Camilo Mouriño, con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño el Z-40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mouriño se entrevistaron con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y también se entrevistó con El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles: cártel de Los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, cártel de Juárez, con Vicente, Mayo y Chapo (Cártel de Sinaloa), situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias.
Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí.
Entre otros ellos tuvieron la encomienda de “detenerme en algún operativo”, cuando en realidad tenían la instrucción de matarme, tan es así que al momento de mi detención la cual se realizó la en el domicilio que salió en los medios de comunicación, y lugar en el que me encontraba solo. Dicen que ese día no se reportaron balazos pero la verdad sí hubo. Un policía federal que fue el mismo que me trasladó a este lugar, en el que actualmente me encuentro, me instaba a que corriera para poderme disparar, y así poder decir que al repeler el ataque me habrían matado al igual que hicieron con Arón Arturo Gines Becerril, a quien mataron en las inmediaciones del Centro Comercial Perisur, a quien los impactos de bala le fueron proporcionados todos por la espalda el mismo día de mi detención.
Todo fue tapado por la PF, es de hacer mención que pese a los antecedentes de Genaro García Luna, los cuales se encuentran en diversas causas penales y de los que el gobierno americano ya tiene conocimiento, incluso formaron parte de los temas tocados en la Iniciativa Mérida, y a los cuales yo ya he tenido acceso el más reciente el testimonio del testigo colaborador Mateo (Sergio Villarreal); el presidente Felipe Calderón lo sostiene en su cargo sin que se ejerza acción penal en su contra.
Como dato alterno habrá de hacerse notar que en cuantas detenciones realiza la Policía Federal, no se decomisa nada, todo se pierde (dinero, relojes, vehículos, droga, etc). Sin embargo es menester señalar que tanto el Ejército Mexicano como la Secretaría de Marina son más honestos, detienen a quien es, y lo ponen a disposición con lo que detienen. Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país.
EDGAR VALDEZ VILLARREAL


14/9/12

PGJDF cambia versión de denuncia de TELEVISA, mas sospechas en involucramiento de la empresa con el crimen organizado, lavado de dinero y narcotrafico.



La Procuraduría de Justicia del DF admitió que fue errónea la información que proporcionó ayer a Noticias MVS sobre la fecha de presentación de la denuncia de hechos de Grupo Televisa, en el caso de los vehículos retenidos en Nicaragua.

Viernes 14 de Septiembre del 2012.

En menos de 24 horas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cambió la versión sobre la fecha de presentación de la denuncia de hechos deGrupo Televisa  ante esa dependencia, por laposible falsificación de documentos para “hacer parecer que” los seis vehículos  retenidos en Nicaragua son de su propiedad.
El 20 de agosto la Policía Nacional de Nicaragua detuvo a 18 mexicanos y confiscó seis camionetas Chevrolet tipo van rotulados con logotipos de Televisa que circulaban por carreteras de ese país. El grupo viajaba a bordo de los vehículos con 9.2 millones de dólares en efectivo.
La Fiscalía de Nicaragua inició una investigación por lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de estupefacientes.
Denuncia de la televisora
El miércoles 12 de septiembre, Grupo Televisa emitió un boletín de prensa en el que informa que el 29 de agosto presentó denuncia de hechos ante la PGJDF “frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana ‘Las Manos’ (Nicaragua) hayan sido indebidamente registrados con documentación falsificada, como propiedad de esta empresa”.
Noticias MVS consultó el miércoles por la noche a una alta autoridad de la PGJDF para confirmar la fecha de la denuncia. La fuente dijo que “desconocía” la presentación de la queja por parte de Televisa.
El jueves 13, el reportero de MVS Juan Carlos Alarcón obtuvo la declaración deRicardo Celso Nájera Herrera, director de Comunicación Social de la PGJDF, quien afirmó que Grupo Televisa presentó la denuncia de hechos el jueves 6 de septiembre y no el 29 de agosto, como informó la empresa. Informó también que el martes 11 de septiembre, Televisa presentó la ratificación de la denuncia.
Aristegui Noticias informó de esa versión de la PGJDF en la nota “Caso Nicaragua: Televisa sí presentó denuncia en PGJDF, pero no en la fecha que dijo”.
Televisa difunde documento; PGJDF rectifica
El jueves por la tarde, Televisa difundió a través de la cuenta de Twitter @Televisa_Prensa  el documento de la  “Denuncia presentada y ratificada ante PGJDF sobre vehículos en Nicaragua”, que tiene fecha 30 de agosto y sello de recepción del 31 de agosto de 2012.
Ante esta comunicación, Noticias MVS buscó nuevamente a la PGJDF, que cambió su propia versión sobre las fechas de presentación de la denuncia de la televisora y ratificación de la misma.  Una de las fuentes consultadas indicó que la fecha del escrito presentada por Televisa “es correcta”.
Más tarde, la dirección de Comunicación Social de la PGJDF reconoció que la información que proporcionó por la mañana al reportero Alarcón de Noticias MVS “fue desconcentrada” y confirmó que la fecha de presentación de la denuncia es la que aparece en el documento difundido por la televisora.





El diario Reforma publicó dos notas vinculadas a la detención de la caravana de presuntos empleados de Televisa, que viajaban en seis camionetas, en la garita de Las Manos, Nicaragua. La información detalla el proceso del caso y la denuncia interpuesta por la empresa de telecomunicaciones.

Viernes 14 de Septiembre del 2012.

Televisa entra a la polémica
Dos de las seis camionetas aseguradas el pasado 20 de agosto en Nicaragua, vinculadas a una investigación por lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes en ese país, pertenecen a Televisa SA de CV, de acuerdo con registros del padrón vehicular de la Ciudad de México.

La periodista Carmen Aristegui dio a conocer ayer, a partir de revelaciones del semanario, que tuvo acceso a la indagatoria que sigue la Fiscalía de Nicaragua, que las camionetas tipo van, modelo 2010, con placas 886-XCR y 165-XCC, pertenecen a la televisora.

Un grupo de 18 mexicanos que viajaban en una caravana de seis unidades rotuladas con los logotipos de Televisa fue detenido el 20 de agosto en la garita del poblado Las Manos, colindante con Honduras.

Los detenidos, quienes se encuentran en prisión preventiva a cargo del Juez Quinto de Distrito Penal de la Audiencia de Managua, dijeron pertenecer a la televisora y que se encontraban en Nicaragua para seguir el juicio del empresario Henry Fariñas, quien se vio envuelto en el atentado en el que perdió la vida el cantautor argentino Facundo Cabral en julio del año pasado.

Al abrir los seis vehículos, la Policía Nacional de Nicaragua encontró alrededor de 9 millones de dólares en compartimentos encubiertos, además de equipos de grabación, edición y postproducción, entre otros de telecomunicación.

Apenas ayer, la empresa Televisa reveló en un comunicado que inició una denuncia de hechos el 29 de agosto, enfocada particularmente a conocer el origen de los vehículos, para lo cual requirió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) indagar los registros certificados de compra-venta de esas unidades con apoyos de la Secretaría de Transporte y Vialidad y de la planta General Motors.

Sin embargo, información oficial de la Procuraduría de Justicia del DF indició que fue el 6 de septiembre, cuando el coordinador de asuntos jurídicos contenciosos de Televisa interpuso una denuncia de hechos en la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón de la Procuraduría capitalina, con el objetivo de deslindar a la empresa de los delitos cometidos por los tripulantes de las unidades.

“Desde que Televisa fue informada del delito cometido en su contra, consistente en la falsificación de documentos para hacer parecer que ciertos vehículos, utilizados en ilícitos, son de su propiedad, ha colaborado con las autoridades mexicanas y ha presentado las denuncias correspondientes tanto en México como ante la Fiscalía Departamental en Managua, Nicaragua.

“Asimismo ha informado a éstas y a la opinión pública que ninguna de las 18 personas detenidas en Nicaragua laboraron en Televisa ni prestan sus servicios en forma alguna. 

Respecto a los vehículos retenidos, Televisa también ha informado que no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa, tampoco son rentados por Televisa y nunca han formado parte de su parque vehicular”, indicó la compañía.

La periodista recordó que el 28 de agosto, en declaraciones al portal “El Cronista Digital”, el director de Relaciones Públicas de Televisa, Enrique López, manifestó que las unidades aseguradas en Managua habían sido robadas a la compañía.

También retomó las versiones divulgadas por “Bolsa de Noticias”, en el sentido de que las unidades efectivamente pertenecían a la televisora mexicana y que en el envío que fue frustrado se encontraba involucrado un alto directivo deTelevisa que no fue identificado.

Interpone televisora denuncia por autos

Televisa interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que se investigue la posible comisión de los delitos de falsificación de documentos y abuso de confianza relacionada con la detención de dos camionetas de la televisora en Nicaragua.

El 20 de agosto, 6 vehículos con 18 presuntos trabajadores de la televisora fueron detenidos para una revisión en la frontera del país centroamericano, en la que se localizaron al interior 2.2 millones de dólares.

El 6 de septiembre, el coordinador de asuntos jurídicos contenciosos de Televisa interpuso una denuncia de hechos en la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón de la PGJDF, con el objetivo de deslindar a la empresa de los delitos cometidos por los tripulantes de las unidades.

En las camionetas, con placas 165XCC, y 886 XCR, ambas rotuladas con logos de Televisa y registradas a nombre de esta empresa, se hallaron maletas con el efectivo en dólares.
En la denuncia, la televisora solicitó la investigación de los documentos para la legal circulación de ambas camionetas.

Por tal motivo, la Procuraduría local indaga la procedencia de la tarjeta de circulación y el registro, entre otros documentos, ya que los vehículos fueron adquiridos en México.
Aunque Televisa envió un comunicado indicando que el 29 de agosto interpuso la denuncia, el documento legal tiene un registro del 6 de septiembre, en tanto que la ratificación de la demanda ocurrió cinco días después.

El delito de abuso de confianza, la televisora lo incluyó en su denuncia, pues presuntamente dos de los detenidos fueron empleados de la empresa y pudieron tener acceso a las camionetas y a los documentos, y de esta manera legalizar su compra y libre circulación.
Sin embargo, en su comunicado se deslinda se los detenidos y de las unidades aseguradas.



19/5/12

Cuarto Jefe Militar detenido por la PGR.



ERA EL DOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Viernes 18 de Mayo del 2012.

El teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto ha sido el cuarto jefe militar en caer en este golpe histórico a los supuestos vínculos entre narco y Ejército.

Antes de Hernández Soto, que actualmente era subsecretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz., fueron detenidos, en un intervalo de una semana, los generales Ricardo Escorcia Vargas (la noche del jueves) y Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, el martes.

Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, de 53 años y que formó parte del cuerpo de Caballería, ocupó entre otros puestos el de subjefe de escoltas de la residencia presidencial de Los Pinos.

Tras conseguir el retiro voluntario el 30 de noviembre de 2002, se reconvirtió en asesor de seguridad de varias empresas y, después, trabajó como inspector general en la Policía federal. En el Estado de Sinaloa, cuna del narcotráfico, fue nombrado director de la Policía Ministerial de 2008 a 2011.

A continuación pasó a dirigir la Agencia Veracruzana de Investigaciones.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no ha precisado las causas de esta detención, ordenada el pasado 7 de mayo pero ha asegurado que "con esta última diligencia se cumplen las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República [la Fiscalía]".


Presentan a otro militar ante la PGR


El teniente coronel de Caballería retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, fue localizado y presentado este viernes por elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El mando militar en retiro forma parte de las localizaciones y presentaciones de los Generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González.

"La orden de localización y presentación fue solicitada por la Procuraduría General de la República el día 7 de mayo de 2012, de manera simultánea con las tres localizaciones y presentaciones anteriores, con la finalidad de que rinda su declaración ministerial en las indagatorias que lleva a cabo dicha Procuraduría", apuntó en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Al respecto y en estricto cumplimiento a la ley, esta Secretaría se reserva proporcionar cualquier tipo de información sobre el particular, con la finalidad de evitar incurrir en responsabilidades legales así como entorpecer las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República".

Los tres Generales son investigados por vínculos con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, de acuerdo a fuentes oficiales,

Hernández Soto causó baja del servicio activo el 30 de noviembre de 2002 por haberla solicitado, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

"Con esta última diligencia se cumplimentan las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República", remarcó la Sedena.



17/5/12

Detiene PGR a otro General retirado.



Informa Sedena de la de detención del general retirado Ricardo Escorcia Vargas, a solicitud de la PGR, con lo que suman tres generales detenidos en los últimos tres días

CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 17, 2012.-El general retirado Ricardo Escorcia Vargas fue detenido y presentado a la Procuraduría General de la República (PGR), informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado.

La dependencia informó que "personal perteneciente a la Procuraduría General de Justicia Militar, cumplimentó una orden de localización y presentación del C. General de División Diplomado de Estado Mayor Retirado RICARDO ESCORCIA VARGAS solicitada por la Procuraduría General de la República el día 7 de mayo de 2012, de manera simultánea con las dos localizaciones y presentaciones anteriores, con la finalidad de que rinda su declaración ministerial en las indagatorias que lleva a cabo dicha Procuraduría".

El martes 15 de mayo se conoció la detención del general retirado DEM, Tomás Ángeles Dauahare, y, el general brigadier DEM, Roberto Dawe González, a quienes hoy se les decretó un arraigo por 40 días para ser investigados por delitos de delincuencia organizada; ello dentro de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, iniciada en marzo pasado, con antecedentes en otras indagatorias de 2009, que incluye testimonios de varias personas procesadas, entre éstas, algunos militares.

La  Secretaría de la Defensa informó hoy que "se reserva proporcionar cualquier tipo de información sobre el particular, con la finalidad de evitar incurrir en responsabilidades legales así como entorpecer las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República".

Agrega que el general  Escorcia Vargas causó baja del servicio activo el 16 de abril de 2010, por haber cumplido la edad límite, ascendiendo al grado inmediato para efectos de retiro, como marca la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.