FCH no supo combatir al viejo régimen y terminó acomodándose con él: Denise Dresser.

En la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, la politóloga consideró que las administraciones panistas terminaron por ‘acomodarse’ al viejo régimen; consideró que el presidente entrante tiene la oportunidad para desplegar un 'modernismo real', pero no hay seguridad de que lo haga.

Lunes 26 de Noviembre del 2012.

Durante la Mesa Política  de Noticias MVS primera emisión, los analistas Sergio Aguayo, Denise Dresser  y Lorenzo Meyer hicieron un balance sobre la administración presidencial de Felipe Calderón, que concluye  el próximo 30 de  noviembre.  Y hablaron sobre las perspectivas en torno al gobierno  entrante de Enrique Peña Nieto.

Denise Dresser  consideró que  el saldo del gobierno panista  será muy negativo, a pesar de los avances en Macroeconomía,  Calderón cargará  con un lápida muy pesada  y su administración  llevará el sello de los más de 65 mil muertos por una guerra emprendida “voluntariamente” contra el narcotráfico.

Apuntó que el PAN fue incapaz de mantenerse en el poder y de presentar un proyecto distinto. No supo combatir con inteligencia al viejo régimen y terminó acomodándose con él.  El castigo para este partido, consideró la politóloga, fue  pasar a ser la tercera fuerza política del país.
Por su parte, Meyer señaló que Calderón dejó pasar una oportunidad única  para fortalecer  la democracia política. Comentó que la administración panista no logró  acentuar la confianza en las reglas del juego democrático, que en el 2006 se habían delineado, y que para 2012 éstas se cayeron, bajo la premisa  del temor.
Aguayo  expresó que la característica que distinguió a los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón  fue “el desmantelamiento del poder”, y ahora presenta un triste espectáculo  al final del gobierno panista, donde el presidente lucha por estirar su presencia ante las cámaras.
Manifestó que Enrique Peña Nieto se esforzará por acumular el poder en la figura del  presidente y terminará con una etapa en la cual se debilitó la figura del poder ejecutivo.
Peña Nieto, heredero de Salinas
Dresser consideró que Enrique Peña Nieto se concibe a sí mismo como heredero de Carlos Salinas de Gortari, “quiere ser el siguiente gran modernizador de una generación de tecnoburócratas de los cuales se ha rodeado”.
Comentó que el presidente entrante se abre la posibilidad de remodelar el capitalismo mexicano, pero esto  sería ir contra de  su herencia, en contra del clientelismo y el corporativismo, que han sido la huella dactilar del PRI. Aunque, dijo desconocer si Peña Nieto tiene la voluntad  y la capacidad de ser  un “modernizador real”, como lo termino siendo Carlos Salinas de Gortari.
Concluyó que no le sorprendería que Peña Nieto apueste por la privatización parcial  de Petróleos Mexicanos y la reforma fiscal.  Pero, advirtió que si Pemex se abre a la inversión extranjera sin fortalecer  la capacidad regulatoria del Estado, se estará dando paso sólo al fortalecimiento del “capitalismo de los cuates”, ahora de Peña Nieto.
La personalidad de Peña, sin definición
El historiador  Lorenzo  Meyer manifestó que  no encuentra ninguna propuesta novedosa en la administración entrante. Nada que llame la atención  o algún punto qué enfatizar.
Consideró  que Peña Nieto carece de personalidad definida. Es un personaje que termina adaptándose a la realidad,  se mueve hacia donde va el aire.  Puede ser de derecha, de izquierda, o de centro, apuntó.
Dijo que “no tiene ninguna historia personal” que permita saber cómo será su gobierno. “Su personalidad es la de no definirse… es forma con muy poco contenido”.

Información: Aristegui Noticias.

Los unicos aplaudidores de Calderón, Los Empresarios.

Durante nuestra comparecencia en la Comisión del 

Trabajo del Senado de la República el pasado 11 de 

octubre, justo a tres años de perpetrado el golpe al 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dejamos 

bien establecida nuestra posición en contra de la 

Reforma Laboral impulsada por Calderón y exigimos a 

los senadores no ser serviles ante los empresarios; y 

menos, aplaudidores de las decisiones que en contra 

del pueblo de México ha tomado el Ejecutivo durante su 

sexenio.

Domingo 28 de Octubre del 2012.

Miles de trabajadores y miles de jóvenes han salido a las calles en todo el país para manifestar su rechazo a una contrarreforma que pretende cancelar el futuro laboral y económico de las nuevas generaciones, al privarlas de los beneficios de la seguridad social contenidos en el Artículo 123 constitucional. Insistimos a los miembros de la Cámara de Senadores que si quieren debatir una iniciativa de tales implicaciones sociales lo hagan de cara a los principales interesados, pero no, como es su costumbre, por la puerta trasera.

El descontento social que priva por doquier no es, como suponen los cortesanos oficialistas de Calderón, producto de complots o estrategias políticas. Los tiempos electorales ya quedaron atrás. Y que no se equivoquen: el pueblo es paciente pero no ingenuo; y sabe lo que implicará para su precario nivel de vida que se dé luz verde a un atentado social de tal naturaleza en el Congreso de la Unión: más pobreza y miseria.

Calderón se ha vuelto un presidente impopular porque se lo ha ganado a pulso desde que decidió anteponer su lucha fallida contra el narcotráfico a los proyectos y beneficios sociales; en su desesperación por legitimar su gobierno, olvidó las necesidades apremiantes de millones de mexicanos. Y de “presidente del empleo” pasó a ser el mejor agente de ventas de Gayosso, convirtiendo al país no en una nación de bonanza social sino en un gigantesco camposanto, sembrado de miles de cenotafios.

¿Cuál es el grupo minoritario que está feliz y aplaude a rabiar las políticas e iniciativas antisociales de Calderón? Por supuesto que los empresarios, representantes de los monopolios nacionales y extranjeros, que aplaudieron una y otra vez la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuyos encubiertos fines eran acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo, adueñándose del multimillonario negocio de la fibra óptica, adquiriendo la infraestructura eléctrica, propiedad del pueblo de México, a precio de ganga.

La clase empresarial se unió a una voz con Calderón porque, supuestamente, cerrar Luz y Fuerza del Centro redundaría en un mejor servicio, se reactivaría la economía en la zona centro del país, bajarían las tarifas eléctricas, se crearían más empleos, y el país se ahorraría miles de millones de pesos del erario… A tres años, ninguno de tales supuestos se ha cumplido. Los hombres del dinero siguen diciendo que se actuó en la dirección correcta, aunque la Comisión Federal de Electricidad cometa miles de atropellos por ilegales cobros a los usuarios de menores recursos y mantenga una absoluta opacidad en el otorgamiento de materia de trabajo a empresas contratistas. Es evidente que su zalamería busca aderezar el servilismo de Calderón, y ahora el de los diputados y senadores, con la aprobación de una reforma laboral a modo, que les permita flexibilizar el trabajo a niveles de una moderna esclavitud.

Lo dijimos bien claro a los senadores y lo señalamos a la opinión pública: ¿quieren debatir una auténtica reforma laboral? Ahí les dejamos una prueba real e inatacable de lo que es una verdadera reforma laboral: un ejemplar de nuestro contrato colectivo de trabajo (CCT), donde se establecen con claridad las conquistas históricas de 98 años de lucha de los electricistas, donde sí se da la estabilidad en el empleo, donde sí se integran las prestaciones al salario, donde sí hay seguridad social y el derecho a una jubilación y a prestaciones dignas.

¿Quieren los senadores actuar en el papel que les impone la Constitución como representantes populares? Pues que empiecen por consensuar una verdadera iniciativa de reforma constitucional al Artículo 123 con la participación de la sociedad y los diversos sectores involucrados, no únicamente con los patrones; que le entren, como les hicimos la invitación, a la revisión del papel en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), manejada por el propio Ejecutivo, los patrones y los sindicatos corporativos; lo que pone en entredicho su verdadera independencia y autonomía a la hora de emitir sus fallos (tal y como sucedió con el asunto del SME donde, luego de 10 meses, en la JFCA se dieron por canceladas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas por causa fortuita o de fuerza mayor, negándonos de paso, y sinlitis de por medio, la figura del patrón sustituto, consideraciones que fueron echadas abajo por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al concedernos el amparo directo).

En tal escenario de atropellos, personaje central fue Javier Lozano Alarcón, el peor secretario del Trabajo que ha tenido nuestro país en su historia; esta lastimosa marioneta, que además de atentar contra nuestro CCT buscó inmiscuirse a través de personeros, en la vida interna de nuestro sindicato, y que ahora como senador sigue luciendo el disfraz de bufón de los empresarios; éste enemigo público número uno de los trabajadores, a los que reiteradamente busca poner de rodillas, es firme aspirante a juicio político por los costos que tendrá el país por su patológico resentimiento al SME, y junto con buena parte del gabinete de Calderón, deberá explicar al pueblo por qué se violentaron los derechos de miles de electricistas, a sabiendas de que se estaba violando la ley, y de las implicaciones legales y los costos que esto podría traer consigo.

Ha quedado demostrado que a los empresarios les produce resquemor la existencia de contratos colectivos como el del Sindicato Mexicano de Electricistas: instrumentos producto de la meritoria contratación colectiva, que resguardan el derecho constitucional de los trabajadores y sus familias a tener una vida honesta y decorosa. En aras supuestamente de la globalización y la competitividad, exigen al gobierno y a los legisladores avasallar las conquistas de la clase trabajadora cuando hay organismos como la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) o la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que advierten que la reforma laboral no es el camino para la creación de empleos y el fortalecimiento de nuestra economía.

Los hemos dicho reiteradamente en diversos foros y concentraciones: miremos: lo que está sucediendo en países de Europa en los que, en un total desacierto oficial, se insiste en colocar en las espaldas de los trabajadores, y de los empleados públicos, el costo de la crisis económica. El descontento social en las calles amenaza ya la paz y la estabilidad en muchas naciones. Esperemos que en México no suceda lo mismo a consecuencia de la imprudente determinación de nuestros senadores. Ojalá que la brújula del equilibrio republicano que debe privar entre el capital y el trabajo, guíe el rumbo de su decisión final, y no se sumen a los empresarios, como aplaudidores de Calderón.

Nuestra posición es firme y no daremos un paso atrás para evitar la contrarreforma laboral, amparando la movilización social del pueblo en dicho cometido.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

TEXTOS RELACIONADOS:

• La ruptura del pacto laboral y la nueva esclavitud asalariada
• ¿Legalizar la moderna esclavitud?
• Reforma Laboral: una trampa que se niega a cerrar 

En un gobierno bien constituido las leyes 

se ordenan según el bien público y no 

según la ambición de unos cuantos

Maquiavelo

Incompleta la Ley Antilavado de Felipe Calderón: Buscaglia.

La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, recientemente promulgada por el Presidente, incumple diversas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi),.

Jueves 18 de Octubre del 2012.

Y llama la atención que se haya emitido al final de un gobierno que fue testigo de una expansión exponencial de los grupos criminales.

Así lo señaló el especialista Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y profesor invitado de la UNAM afirma que la ley es “una simulación, una vacilada”, según publica el diario La Jornada.

Afirma que el mecanismo de perseguir el lavado de dinero deja fuera de la penalización a cerca de 80 por ciento de los casos, porque es muy difícil probar ese delito. “Eso sólo se aplica a los casos obvios, donde la prueba cae de madura y es fácil detectar el producto, pero en la mayoría no es así; tendrían que aplicar figuras más ágiles”.

Afirma que la normatividad cumple, sólo en parte, algunas de las 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero propuestas por el Gafi, mecanismo internacional enfocado a combatir las acciones financieras de grupos criminales, el financiamiento al terrorismo y el lavado de recursos ilícitos.

Entre las recomendaciones que no s e cumplen enlistó que aún es difícil sancionar el lavador de dinero por lo costoso que resulta investigar los casos de este tipo, así como establecer una coordinación entre autoridades financieras y penales.

“ Hay un pacto de impunidad. Llegarle a todos estos patrimonios es llegarle a las campañas de los políticos más importantes de todos los partidos. Los financiamientos de campaña excesivos, que violan los topes determinados por ley, vienen de empresas legales, no del Chapo Guzmán; vienen de empresas a veces fachadas que le están dando cash a PRI, PAN, PRD… a todos”, dijo.

Lo anterior lo afirma el especialista Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y profesor invitado de la UNAM.

Sintetiza: Es una simulación, una vacilada. Afirma que el mecanismo de perseguir el lavado de dinero deja fuera de la penalización a cerca de 80 por ciento de los casos, porque es muy difícil probar ese delito. Eso sólo se aplica a los casos obvios, donde la prueba cae de madura y es fácil detectar el producto, pero en la mayoría no es así; tendrían que aplicar figuras más ágiles.
En entrevista, Buscaglia reconoce que la ley antilavado cumple sólo en parte algunas de las 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero propuestas por el Gafi, mecanismo internacional enfocado a combatir las acciones financieras de grupos criminales, el financiamiento al terrorismo y el lavado de recursos ilícitos.
–¿Qué recomendaciones no se cumplen?
–El problema es que el lavado de dinero en México es de tipo penal, que exige que alguien, a sabiendas, lave dinero. Esto hace que la figura penal sea muy difícil de aplicar; es costosísima, porque el material probatorio que exige al Estado tiene un costo muy elevado y en la mayoría de los casos se cae.
“En algunos países de la Unión Europea, en Estados Unidos, no se tipifica el requisito de ‘a sabiendas’. O sea, así como existe el homicidio culposo o el doloso, hay un nivel culposo del comportamiento que se clasifica. Las recomendaciones del Gafi sugieren la necesidad de establecer una coordinación entre las autoridades –la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda–, las tributarias o los auditores fiscales, así como las fiscalías estatales y federales, cosa que en México no se le presta atención.
“Si yo pregunto si los auditores fiscales están realizando auditorías en áreas empresariales de alto riesgo, como casinos, deuda y obra pública, si se está haciendo ese tipo de auditorías, coordinadas con Hacienda, se ríen en mi cara. No se hace absolutamente nada. Esa coordinación interinstitucional no se está implementando y no se está exigiendo a través de la ley de lavado de dinero.

 

O sea, es una ley que no está ni tácita ni implícitamente exigiendo coordinación interinstitucional entre autoridades fiscales, penales y la UIF, con unidades de investigación patrimonial en las 32 entidades federativas.

Según el especialista, sin los mecanismos de coordinación estamos haciendo una vacilada y haciéndonos que hacemos, pero realmente no hacemos nada. Critica que a pesar de la experiencia internacional, donde se ha observado que la investigación fiscal de los recursos sospechosos es lo más ágil para combatir ese tipo de delitos, no se aplica en la nueva ley. Tampoco la extinción de dominio, que se ubicaría en un segundo plano en términos de dificultad para combatir el lavado de dinero.

La extinción de dominio en México tiene causales muy limitadas y a nivel federal la ley exige la vinculación a la causa penal, con lo cual se echa por tierra el propósito mismo de la ley de extinción. La ley tiene que permitir al Estado extinguir el dominio patrimonial de un bien sin necesidad de asociarlo a un delito; en eso consiste la ventaja comparativa, precisa.

–¿Por qué no se incluyeron estas figuras?

–Porque hay un pacto de impunidad. Llegarle a todos estos patrimonios es llegarle a las campañas de los políticos más importantes de todos los partidos. Los financiamientos de campaña excesivos, que violan los topes determinados por ley, vienen de empresas legales, no del Chapo Guzmán; vienen de empresas a veces fachadas que le están dando cash a PRI, PAN, PRD... a todos.

No hay nadie que se salve. Cuando se empieza a auditar a esas empresas fachada, a través de mecanismos ágiles como el fiscal, le llegas a las campañas políticas tarde o temprano. Entonces hay un gran temor de la clase política, porque aún no han llegado a acuerdos puntuales, consensuados, de cómo combatir la corrupción. Ese temor de los partidos políticos de uno contra otro, hace que se paren estos mecanismos y no se quieran aplicar.

Para la SCJ propone Calderón a Implicados en casos Tenebrosos.

 Por sus despachos, como jueces o magistrados, han pasado lo mismo el asesinato de Mario Ruiz Massieu, ocurrido en 1994, y la criminalización de indígenas tzeltales en 1996, que los expedientes que permitieron la liberación de Raúl Salinas de Gortari y Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

Jueves 11 de Octubre del 2012.

 Los magistrados federales propuestos por Felipe Calderón para ocupar las dos vacantes que quedarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la salida de los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia fueron juzgadores en algunos de los episodios judiciales más tenebrosos de la historia reciente o, bien, investigadores designados para indagar sobre violaciones graves a derechos humanos que quedaron impunes.

 

Por sus despachos, como jueces o magistrados, han pasado lo mismo el asesinato de Mario Ruiz Massieu, ocurrido en 1994, y la criminalización de indígenas tzeltales en 1996, que los expedientes que permitieron la liberación de Raúl Salinas de Gortari y Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

 

También fueron designados por la SCJN para investigar las violaciones graves a derechos humanos en Atenco y Oaxaca en 1996, así como los casos de la periodista y activista Lydia Cacho; la exoneración por un fraude millonario al obispo Onésimo Cepeda y la sentencia que condenó por 12 años de prisión a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.

 

El presidente Felipe Calderón presentó al Senado las ternas para reemplazar a los ministros Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, quienes concluirán su periodo el próximo 30 de noviembre, el mismo día que Felipe Calderón, por lo que, en caso de que alguno de los propuestos sea aprobado por el Senado, iniciará sus funciones en la Corte a partir de diciembre, al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto entre en funciones como titular del Ejecutivo.

 

Esta mañana, en un mensaje a los medios de comunicación pronunciado desde la escalinata de la casa presidencial “Miguel Alemán” en Los Pinos, Calderón dio a conocer que, para sustituir al ministro Aguirre Anguiano, propuso el pasado martes a los magistrados Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelasio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda.

 

Y para reemplazar a Ortiz Mayagoitia propuso a los también magistrados Manuel Baráibar Constantino; Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.

 

Las dos ternas propuestas por Calderón tienen la peculiaridad de que todos los incluidos son magistrados federales en la actualidad y llevan cuando menos dos décadas de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

 

Durante el mensaje, el presidente Calderón dijo:

 

“Revisé, personalmente, sus antecedentes profesionales, sus antecedentes judiciales e, incluso, algunos de sus fallos más relevantes y entrevisté, personalmente, a muchos de ellos”.

 

Luego de mencionar los nombres, el mandatario leyó los datos curriculares de cada uno de los propuestos, como de qué universidad eran egresados, dónde realizaron estudios posgraduales, las publicaciones que en su caso tuviera cada uno y los diferentes cargos que han ocupado en el PJF.

 

SOBRESALIENTES Y DE "CARRERA PROBADA":

 

Entre los propuestos por Calderón, destaca el magistrado Manuel Baráibar Constantino, quien actualmente es presidente del 8° Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal. Es egresado de la Escuela de Derecho de Chiapas y tiene un posgrado en la Universidad de Barcelona.

 

La trayectoria de Baráibar ha estado ligada al Poder Judicial Federal, donde empezó como actuario, y escaló por la estructura judicial hasta convertirse en magistrado de Circuito.

 

Fue precisamente en Chiapas, donde Baráibar tuvo uno de sus primeros fallos polémicos en 1996. Siendo juez penal en aquel entonces, su fallo provocó un clima de tensión entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano al punto que originó la suspensión de los Diálogos de Paz, una alerta general en la zona zapatista y campañas internacionales de denuncia a la criminalización indígena por parte del gobierno de Ernesto Zedillo.

 

En 1995, fueron detenidos los indígenas tzeltales Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Etzín Gómez, acusados de conspiración, sedición, motín y terrorismo. Un juez determinó que eran culpables y, el entonces juez Baráibar, confirmó la sentencia que finalmente, fue echada abajo por un Tribunal de Circuito.

 

Otro tema espinoso que pasó por las manos del magistrado es el caso de Raúl Salinas de Gortari, cuyas últimas acusaciones fueron conocidas por el mencionado juez, quien las desechó y dicha resolución abrió la puerta a la libertad al hermano del expresidente Carlos Salinas.

 

Baráibar también fue uno de los dos magistrados que la SCJN designó para investigar las denuncias por violaciones graves a garantías individuales durante los operativos policiaco-militares de San Salvador Atenco y de Oaxaca de 2006.

 

Y más recientemente fue quien absolvió al obispo Onésimo Cepeda, acusado de fraude procesal por 130 millones de dólares y dejó sin efecto la orden de aprehensión girada contra el jerarca.

 

En el caso de la magistrada Emma Meza, licenciada en Derecho por la UNAM con posgrado en Derecho Penal, lleva más de 30 años en la PJF, donde ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN, magistrada de circuito y, como tal, integra el 9° Tribunal Colegiado en materia penal.

 

Meza fue la que resolvió el amparo que permitió a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, abandonar la prisión, detenido en 1989 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En 1996, el primer paso para que éste alcanzara la libertad un año después fue el amparo de Meza Fonseca.

 

Como juez federal, Emma Meza también conoció el expediente de los acusados por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido a finales de 1994 y que desató una polémica por el aspecto de su competencia para juzgar el caso que todavía en 2008, revisaba en la SCJN.

 

La magistrada formó parte, asimismo, del equipo de investigación de la SCJN por violaciones graves a garantías del gobierno de Puebla a la periodista y activista Lydia Cacho. El resultado concluyó que hubo violación de garantías, pero el pleno desechó el expediente.

 

Otro magistrado incluido en las ternas es Pablo Vicente Monroy Gómez. De acuerdo con la información dada a conocer por el presidente Calderón, es licenciado en Derecho egresado de la UNAM, con maestría en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

 

Ha sido juez y magistrado de tres tribunales unitarios, y un tribunal colegiado, con 27 años de trayectoria en el PJF. Actualmente, es magistrado de un tribunal unitario de Circuito en Yucatán.

 

Monroy Gómez fue quien, siendo juez cuarto de lo penal, ubicado en la prisión de Almoloya de Juárez, conoció el caso de Joaquín Guzmán Loera. El 3 de marzo de 1994 dictó sentencia de 12 años contra el capo, quien se fugó, en 2001, del penal de “máxima seguridad” de Puente Grande, en Jalisco.

 

Emma Meza ya había sido postulada para ocupar el cargo de ministro, pero no consiguió los votos necesarios. Como ella, Alberto Gelasio Pérez Dayán, también fue propuesto en 2011 en sustitución de José de Jesús Gudiño Pelayo, lo mismo que Andrea Zambrana Castañeda, propuesta por Calderón en la famosa terna femenina que fue rechazada por el Senado a finales del año pasado.

 

En el caso de esta última, durante la votación de aquella terna, apenas alcanzó dos votos, muy lejos de las decenas de votos obtenidas por las otras mujeres propuestas.

 

Durante su mensaje a medios de comunicación, Calderón destacó que las ternas propuestas están compuestas por magistrados en funciones y con trayectoria en el PJF, es decir, todos son magistrados de circuito.

 

Respecto a los salientes, Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, expresó:

“A lo largo de sus encargos, destacaron por su compromiso con la verdad, con la justicia y con el Estado de Derecho. Sus aportaciones enriquecieron la labor fundamental de la Corte y contribuyeron a las profundas transformaciones que ha vivido nuestro sistema jurídico en los últimos tiempos, incluso resistiendo, en algunas de sus resoluciones, todo tipo de presiones”.

CEPAL: La Reforma Laboral, NO creara empleos.

El organismo desmiente la afirmación oficial de que con la reforma laboral se crearán 400 mil nuevos trabajos al año y dice que sólo incorporará a trabajadores que hoy están en la economía informal.

Miércoles 03 de Octubre del 2012.

Los cambios a la Ley Federal del Trabajo, recientemente aprobados por la mayoría en la Cámara de Diputados, no contribuirán a la generación de nuevos empleos en el país, sostuvo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Cuestionada sobre el efecto de la reforma laboral en la creación de puestos de trabajo, la secretaria ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, respondió que “es difícil poner números”.

La declaración de Bárcena contradice lo dicho el fin de semana por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez, quien aseguró que la reforma generaría anualmente 400 mil empleos adicionales.

El responsable de asuntos económicos de la Cepal, Jurgen Weller, afirmó que la reforma laboral “no creará empleo, pero sí fomentará la incorporación al empleo formal a través del ingreso de trabajadores al sistema”.

En la conferencia de prensa en la que se presentó el Estudio económico de América Latina y el Caribe, Bárcena resaltó la importancia de que en la ley se incluyan medidas de transparencia sindical y consideró que la reforma laboral debe evitar la precarización del trabajo y asegurar que se mantengan derechos fundamentales de los trabajadores, como los relacionados con la huelga.

Información: Aristegui Noticias.

(Video). Debatitlan con Brozo hablan sobre la Reforma Laboral entre otras cosas.

Iniciativa de la Reforma Laboral  preferentes del 

Presidente Calderón y su participación en la 

ONUde la muerte del ex secretario de Educación 

Pública, Alonso Lujambio.

Viernes 28 de septiembre del 2012.

En 'El Mañanero', Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats

Empleo Reformado, Hambre Garantizada.

No podía faltar el show mediático en San Lázaro, cuyos inquilinos se dedicaron a glorificar la (contra) reforma laboral o a defenestrarla. Gritos y mentadas, de un lado y del otro; acusaciones de traidores de allá para acá, y viceversa; intercambio generalizado de gruesos calificativos; paciencia de Job y la consabida toma de tribuna, igual de escandalosa que de ineficiente, y todo para llegar al punto que el PRIAN hizo posible: la aprobación de la nueva norma empresarial para los trabajadores mexicanos, sempiternos pagadores de las atrocidades del régimen.

 Carlos Fernandez-Vega.

Sábado 29 de Septiembre del 2012.

Resultado práctico del show: simple y sencillamente, se aprobó la (contra) reforma laboral. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue finalmente aprobado por 22 votos a favor (incluido el del diputado petista Adolfo Orive Bellinger) y ocho en contra, y por esa misma mayoría se canceló la posibilidad de transparentar las cuentas sindicales (por ser injerencista en la vida de esas organizaciones), pero se mostraron muy entusiasmados a la hora de legalizar el outosourcing, el pago por hora y otras nuevas modalidades de contratación (dando y dando, dicen los tricolores y los blanquiazules). De allí al pleno, donde, después de gritos y sombrerazos, el exitoso corporativo PRIAN lo puso a votación: 351 a favor, 130 en contra, 10 abstenciones. Y los que tomaron la tribuna simplemente se fueron a su casa. Así, los mexicanos deben sentirse orgullosos de sus representantes populares, porque ellos tuvieron la sensibilidad social de clavarles otro puñal en la espalda (la duda aquí es en qué parte del lomo, porque tras 30 de años consecutivos de reformas ya no existe espacio, cuando menos visible, en el cual hundir una cuchilla adicional).

Mientras los mexicanos se congratulan por la decisión de sus representantes populares, la Cepal abunda en los resultados latinoamericanos sobre reformas laborales similares, o de plano idénticas, a la ayer palomeada en San Lázaro. Para el caso chileno, por ejemplo, el organismo regional explica que la institucionalidad laboral de fines de los 70, y sus reformas de los años 80 (pinochetismo puro; cualquier similitud con el caso mexicano no es casualidad), aumentaron los costos sociales del ajuste económico. Esos mayores costos resultaron, principalmente, de la precarización de las relaciones individuales de trabajo y del debilitamiento de las relaciones colectivas de trabajo. La precarización facilitó la deslaboralización de las relaciones y aumentó la presencia del trabajo por cuenta propia. De otra parte, disminuyó la presencia de relaciones laborales clásicas y aumentó las de carácter atípico, tanto la vigencia de los contratos como en lo relacionado con el surgimiento de relaciones de dependencia difusas resultantes de la externalización, el outsourcing, las subcontrataciones, las intermediaciones triangulares y otras formas contemporáneas de contratación indirecta, como las de suministro de trabajadores.

Al mismo tiempo, surgieron nuevas formas de trabajo a domicilio y a tiempo parcial. Del mismo modo, tendió a perder certeza la naturaleza y localización de los servicios contratados y crecieron los niveles de inestabilidad en el empleo. Mientras las normas sobre relaciones individuales de trabajo fueron desreguladas o flexibilizadas, las referidas a las relaciones colectivas de trabajo no fueron flexibilizadas con el propósito de adaptarlas y liberalizarlas, sino que fueron fundamentalmente objeto de desregulaciones o de regulaciones más rígidas. Tal es el caso, por ejemplo, de las referidas a las relaciones en niveles superiores al de la empresa, a las funciones asignadas a las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado (federaciones y confederaciones), a la existencia de centrales sindicales (disolución de la CUT), a las limitaciones del campo temático de la negociación colectiva y al protagonismo del arbitraje obligatorio rígido como medio de solución de los conflictos colectivos de trabajo.

Las reformas han sido profundas, pero lejos de mejorar la situación en el mercado laboral las empeoraron: creció la precarización del empleo, no aumentó la oferta de puestos de trabajo, ni la seguridad social o el pleno ejercicio de los derechos laborales. En cambio, catapultaron las contrataciones de plazo definido, por hora, obra o servicio determinado y muy especialmente las contrataciones triangulares mediante las variadas formas que adopta el suministro de trabajadores por empresas externas a la empresa en que ellos trabajan. Tal es el caso, por ejemplo, de la subcontratación, el outsourcing y las empresas de trabajo temporal.

No satisfechos, ante la insuficiente recuperación de los niveles de empleo, surgió la segunda generación de reformas laborales en el ámbito del Consenso de Washington, cuyo fin fue flexibilizar aún más el mercado de trabajo, “facilitando el ajuste del nivel de empleo mediante la disminución de los costos de contratación y de despido, la extensión de los periodos de prueba y principalmente, la introducción de contratos individuales de trabajo atípicos… Siguiendo el sistema de relaciones anglo-sajón se buscaba un ajuste rápido ante los shocks mediante reducciones de empleo y de los salarios, en la expectativa de que ello permitiría reactivar las economías y generar puestos de trabajo suficientes para reabsorber a los afectados”.

Un número importante de países latinoamericanos introdujeron reformas flexibilizadoras durante la primera mitad de los 90, entre ellos, Argentina, Colombia y Perú… Resultado: los contratos temporales y a plazo fijo aumentaron, y al mismo tiempo el número de trabajadores sin contrato y sin protección… Los costos laborales disminuyeron por la sustitución de contratos y la reducción de recargos sobre la nómina salarial. Por otro lado, “la experiencia de reformas laborales ha mostrado que al utilizarse de manera exagerada la flexibilización en el margen, resulta en inestabilidad y desprotección…. Con ello aumentó el costo social asociado al ajuste, el cual, mediante despidos, introduce una mayor incertidumbre derivada de la inestabilidad laboral efectiva o percibida”.

Eso fue en los años 90 del siglo pasado, y los países que aplicaron esa normatividad ya vienen de regreso. Pero México, en la segunda década del siglo XXI, apenas va.

Las rebanadas del pastel

Y en la tienda de enfrente, el Senado de la República, el reparto del botín va viento en popa. Muestra de ello es que al inenarrable ex secretario calderonista del desempleo, Javier Lozano, le dieron la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de tal suerte que los barones de la tele chocaron sus copas: negocio garantizado. Aberrante.

Iniciativas Laboral de FCH, viola al menos 28 tratados mundiales: Expertos.

El proyecto reduce y obstaculiza el ejercicio de derechos 

individuales y colectivos: Rodrigo Olvera

Patricia Muñoz Ríos

Viernes 21 de Septiembre del 2012.

La iniciativa preferente de reforma laboral enviada por el presidente Felipe Calderón al Congreso viola al menos 28 tratados internacionales ratificados por el Senado en materia de libertad sindical, negociación colectiva, igualdad de oportunidades, seguridad, salud y estabilidad en el trabajo, advirtió el abogado Rodrigo Olvera, experto en derecho laboral.

Asimismo –dijo–, la propuesta que el Ejecutivo busca que se analice y discuta de inmediato transgrede recomendaciones de organismos mundiales, así como cartas y acuerdos firmados por el país.

Señaló que el proyecto violenta, por ejemplo, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical, así como el 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva; el 187, sobre seguridad y salud en el trabajo y los principios establecidos sobre el derecho de huelga, y muchos otros.

El experto sostuvo que el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por México, señala expresamente que la promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren necesariamente del ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores.

Sin embargo –dice–, la iniciativa del Ejecutivo reduce y obstaculiza el ejercicio pleno y eficaz de derechos laborales, tanto individuales como colectivos.

En el mismo sentido, señaló que la definición de trabajo decente que se hace en la iniciativa es sumamente alejada de lo que plantea la Organización de Naciones Unidas ONU).

Por ejemplo –precisó–, todas las modificaciones que buscan la flexibilización del mercado laboral mexicano, tanto por los nuevos esquemas de contratación, abaratamiento del despido y precarización de prestaciones, contradicen abiertamente la Observación General 18 sobre el derecho humano al trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el cual definió que la estabilidad en el empleo y que los trabajadores no sean privados de sus fuentes laborales sin causa justa y suficiente es un elemento esencial que deben respetar y garantizar los estados.

En su opinión, si la intención real fuera promover el trabajo digno, como se afirma en la exposición de motivos del proyecto presidencial, debería más bien homologar la legislación laboral al más alto estándar de protección internacional.

Sin embargo –señala–, las administraciones priístas y panistas se han negado a firmar convenios como el 98, sobre contratación colectiva; el 81, sobre inspección del trabajo; el 175, sobre trabajadores a tiempo parcial, y el 176, sobre seguridad y salud en las minas, entre muchos más.

(video).Protestas el 15 de Sept. en contra de Felipe Calderon en el Zocalo capitalino.(Audio).

En las redes sociales circulan al menos dos videos sobre 

lo que realmente sucedió la noche del pasado 15 de 

septiembre en la Plaza de la Constitución, durante la 

ceremonia del Grito de Independencia, y que las cámaras 

de Televisa y TV Azteca jamás vieron o no quisieron 

captar.

Lunes 17 de Septiembre del 2012.

CLIC EN PLAY PARA ESCUCHAR EL REPORTE.

AQUI DESCARGA REPORTE DE FERNANDO VELAZQUEZ

En las redes sociales circulan al menos dos videos sobre lo que realmente sucedió la noche del pasado 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución, durante la ceremonia del Grito de Independencia, y que las cámaras de Televisa y TV Azteca jamás vieron o no quisieron captar.

Subido a la red por miembros de #YoSoy132, uno de los videos muestra cuando un grupo de jóvenes despliega mantas contra el Presidente, mientras que otros no cejan de gritar “asesino”, “asesino”, asesino”.

Con el título de “Lo que realmente sucedió en el grito de independencia” que se difunde por el canal de YouTube de la Asamblea YoSoy132, presenta imágenes de jóvenes que, con mantas y carteles, gritan “¡Viva México sin PRI!” “¡Fraude, fraude!” y “¡Asesino, asesino!”, justo en el momento en que el presidente Calderón cumple con el ritual de cada 15 de septiembre.

La imagen capta también el momento en el que el mandatario fue apuntado insistentemente con señaladores láser.

Hasta el mediodía de este lunes el video había sido reproducido 438 mil 564 veces.

El otro video subido por el usuario autodenominado El Ojo de Vidrio, capta el momento en que elementos de la Policía Federal se encaran con un grupo de jóvenes que se manifestaban en la plancha del Zócalo, durante el cual algunas jóvenes mostraban su torso desnudo.

“Represión a manifestantes #YoSoy132 en el último gritito de don fecal” se titula el video que, según la descripción del usuario, el choque con los policías se dio luego de que las jóvenes mostraron sus senos ante la presencia de los asistentes en la Plaza de la Constitución, incluidos menores de edad.

En el video se aprecian los empujones y jaloneos entre federales y los jóvenes de #YoSoy132, quienes gritan “¡No violencia!”, “¡Déjenlo!”, “¡Asesino!” y “¡El pueblo, unido, jamás será vencido”!.

En la descripción el usuario escribió:

“Represión a manifestantes en el Zócalo de la Ciudad de México por mostrar sus torsos desnudos en presencia de niños según la Policía federal en un país de nota roja con fotos de cadáveres desnudos y destazados al lado de mujeres mostrando nalgas y tetas. En realidad por protestar contra los fraudes PAN-PRI de 2006 y 2012”.

Desde que fue subido a la red el domingo 16 de septiembre, al mediodía de este lunes, este video había sido reproducido 794 veces.

Ambos videos circulan en YouTube y Twitter con comentarios a favor y en contra de los integrantes del colectivo estudiantil.

La venganza de Calderón.

En los últimos cien días de poder que le 

quedan, Felipe Calderón hará cuanto 

pueda para cobrar facturas.

Viernes 24 de Agosto del 2012.

Su actuación en el caso de la banda 2.5GHz expresa ese ánimo, sin importarle las consecuencias. No sólo dejará con escaso margen de maniobra a su sucesor, sino que el caso se empantanará en tribunales algunos años, mismos que significarán un retraso en la operación de esa frecuencia, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, incluso de América Latina.

Biliar, su decisión de expropiar –en términos prácticos– esa banda, remite al acto desesperado e irresponsable del fallecido José López Portillo de nacionalizar la banca en medio del desastre económico y financiero, decisión que anunció en su último informe de gobierno, hace casi 30 años, el 1 de septiembre de 1982.
El sucesor, Miguel de la Madrid –también ya fallecido– tuvo que revertir la medida con la devolución de una tercera parte de la banca. El escenario de enmienda es difícil que se repita.
Todo apunta a que Enrique Peña Nieto será ratificado por el Tribunal Electoral. Criatura de Televisa, podría mantener la decisión de Calderón no por estar en conflicto con la familia Vargas o la periodista Carmen Aristegui –quien seguramente no le gusta–, sino por pagarle los favores a la televisora.
El favor está en que al mantenerse en litigio, nadie podrá hacer uso de las posibilidades de televisión, entre otras­, de la banda 2.5. Es decir, por algunos años más está garantizada la falta de competencia para las televisoras de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
Calderón no sólo cobró facturas a Vargas y Aristegui, sino que le hizo el trabajo sucio a Peña Nieto.
El mismo talante está detrás de su decisión de desplegar más de mil efectivos de la Policía Federal en Michoacán para ir contra quienes, en los hechos, pusieron en entredicho su llamada estrategia contra el narcotráfico.
Fue en su estado, precisamente, donde su secretario consentido, Genaro García Luna, sufrió sus peores bajas en emboscadas y ataques contra efectivos de la Policía Federal. La respuesta fue uno de los ataques más represivos de su gobierno: por aire, se metió a las comunidades que controlaba esa organización delictiva en Apatzingán y fue contra los liderazgos.
Escindió al grupo y la atomización dio lugar a los Caballeros Templarios, a quienes ahora quiere acabar con operativos similares, exacerbando más el enfrentamiento. De fuerza y coraje, no inteligencia, ha sido la reacción de Calderón.
Michoacán, además, le representa sus peores agravios políticos: nunca ha podido ganar una elección presidencial en su tierra. Quiso ser gobernador y no pudo. Como presidente, tampoco pudo ganar el estado en las dos elecciones que le tocaron; la última, con su hermana Luisa María. Tampoco pudo ganar el Congreso local para su partido ni hacerse de la mayoría de las alcaldías.
Como herencia, dejará a su estado como uno de los más violentos del país y en manos del PRI. Menudo fracaso.
En sus agravios, ya pasó también factura al Poder Judicial, al que acusó una y otra vez de sabotear su “estrategia” de seguridad. Jueces corruptos, dijo, sueltan a los delincuentes que su gobierno “agarra y agarra”.
El gobierno calderonista sometió al escándalo al único poder en México que no había sido relacionado con el narcotráfico. A partir de las declaraciones de un testigo protegido, acusó a un exsecretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber filtrado información al cartel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.
Calculó bien el golpe. Lo dirigió a la ponencia más vulnerable de la Corte por sus afanes políticos, la del ministro Sergio Valls Hernández.
Aún está por saberse lo que pase con el acusado, Juan Carlos de la Barrera Vite, de quien asegura la Corte, si filtró información fue cuando trabajó bajo las órdenes de Marisela Morales, cuando la ahora titular de la PGR estaba al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con tal de justificar su fracaso en seguridad, no se ha detenido en atentar contra uno de sus principales aliados, el Ejército. Lo hizo al encarcelar, otra vez con testigos protegidos, al general de División retirado Tomás Ángeles Dauahare, a quien también le pasó la factura por apuntarse para suceder, en 2008, a su leal García Luna.